Cuando esta revista entró a imprenta faltaban unas horas para que, el martes 8 de julio, en la Cámara de Diputados, se aprobaran las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, luego de que, el 11 de junio del año pasado, se promulgara la reforma en la materia.
El andamiaje normativo que, muy previsiblemente, aprobaría el Congreso, implica, según los editores de etcétera, un avance para el desarrollo de la industria (la más importante del país luego de la actividad turística).
Desde la portada, el lector notó que entre tales avances el más destacado en nuestra opinión es que pone las primeras piedras para la dilución del monopolio en telefonía fija y móvil, lo cual representa: 1) revertir la pérdida de 100 mil millones de dólares que, en 4 años, le significó al país la ausencia de una ley en la materia; 2) la oportunidad de desplegar de manera más eficiente la economía en un mercado de alrededor de 40 mil millones de dólares; 3) la mejora en los servicios tanto en calidad como en precios. Y esos beneficios para el desarrollo económico del país y para millones de usuarios implican la afectación de intereses, en este caso los del ingeniero Carlos Slim.
Naturalmente, no escapa de nuestra atención las insuficiencias que tiene la ley, y en efecto ésta tiene que ver con la ausencia de más controles a la televisión de paga, aunque al mismo tiempo registramos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene atribuciones para regular la industria; esperamos, por ejemplo, que el IFT declare a Televisa con poder sustancial de mercado.
La crispación promovida por los defensores del también dueño de Grupo Carso, sin duda ha exagerado aquella situación aunque, en contraste, no guardan el mismo talante incendiario frente a otras centrales insuficiencias como la fragilidad en la que quedan los medios comunitarios, públicos e indigenistas, y no solo nos referimos a su lamentable imposiblidad de vender publicidad, sino a que cabe el riesgo de que, en particular los llamados medios públicos, sean una suerte de anexo propagandístico del gobierno federal.
No coincidimos con la manga ancha que, en contraste, tienen los medios radiodifusores para comercializar sus espacios, en particular, la que tienen las empresas televisivas, ni estamos de acuerdo con que se limiten las funciones del IFT en relación con los contenidos y aquí, en vez de poner la palabra etcétera, nos comprometemos con el lector a que en el portal y en la próxima edición impresa precisaremos en las insuficiencias que tenemos respecto a la ley.
Con todo, es clave apreciar los avances y éstos, además de implicar enormes ventajas para los usuarios de las telefonías fijas y móvil, comprende pasos importantes en los derechos de las audiencias o en la atención a los discapacitados, en un contexto donde habrá más ofertas de contenido con dos cadenas de televisión privadas y una pública. Entre otros, estos son avances innegables.
No obstante, regresamos a lo central y lo central es que el país tiene ya una estructura legal y un órgano regulador poderoso, vale decir, hemos avanzado en la definición institucional de un mercado, el de la radiodifusión y las telecomunicaciones, que se desenvolvió de manera salvaje durante muchos años, y cuyos principales exponentes contaron con la aquiescencia del viejo régimen.
La resolución del Congreso, con todas sus desventajas o desaciertos, implica un primer piso para avanzar en muchas de las causas que nos han animado, al menos desde la fundación de la revista etcétera. Claro, también define otras tantas por las que siempre valdrá la pena seguir luchando: la dilución del monopolio en televisión de paga, el impulso a la autonomía editorial y financiera de los medios públicos y alternativos, entre otras más. Y es que eso es lo que implica la ruta reformadora, o sea, pasos firmes aunque siempre infsuficientes y, por supuesto, perfectibles. En ese terreno, lo que menos aporta es la militancia política que pone las cosas en blanco y negro o las divide entre héroes y villanos. Por eso es que, una vez más, nos deslindamos de esas posturas maniqueas.