Desde la Revolución Francesa -primera declaración reconocida de los Derechos Humanos en 1789- hasta el último cuarto del siglo XX, el lado más fuerte del derecho a la información se reducía a garantizar la libertad de expresión, lo que por cierto, no era poca cosa. Diarios y reporteros deberían contar con la garantía legal y efectiva de que ni el Estado mucho menos los gobernantes, tomarían
represalias en su contra por publicar notas críticas. Habermas demostró en uno de sus primeros trabajos, La transformación estructural de la esfera pública, la trascendencia que tuvo para el mundo democrático la primera vez que un periodista publicó el nivel de endeudamiento del gobierno francés, justo al filo de la Revolución Francesa.
Hoy en pleno siglo XXI, nadie puede preciarse de encabezar un gobierno democrático si la libertad de expresión y el acceso a la información no están plenamente garantizados. Sin embargo, el anacronismo heterogéneo de este México nuestro permitió que el mes pasado en Quintana Roo, el gobernador saliente quisiera comprar una edición entera del periódico Novedades de Quintana Roo, y frente a la negativa -obvia- del diario, con todo el abuso del uso de la fuerza pública, rodeó las instalaciones para impedir que saliera a la venta al público la edición del diario.
¿Qué detonó tan absurdas artimañas? Que el diario publicaba un gasto millonario en una decena de autos blindados. Gracias al uso de las leyes de transparencia y a la investigación de un reportero se obtuvieron pruebas de dicho gasto. Para evadir la responsabilidad de rendir cuentas el gobernador saliente le echa la culpa al entrante y viceversa. En resumen ni uno ni otro son capaces de aclarar el proceso de licitación.
Desde hace al menos un año que de mes en mes aparece la noticia que nos advierte que un buen número de municipios pequeños y grandes tienen un grave problema de sobreendeudamiento con la banca privada. Confirma lo anterior el hecho de que el Secretario de Hacienda, reunido con los banqueros del país, les advirtió a éstos que no habrá rescate financiero para los municipios que se declaren insolventes.
La imprecisión del párrafo anterior, en cuanto que indicadores se están presentando a nivel de deuda municipal, debería ser inadmisible si el derecho de acceso a la información realmente estuviese funcionando a cabalidad. Sin embargo hay evidencia contundente de que quienes han solicitado información y documentos al respecto se les ha negado. Bajo el argumento (pretexto) de que podría dañar a la estabilidad financiera del municipio que se conozca el monto de la deuda y los recursos comprometidos para el servicio de la misma, se reserva hasta por 12 años. Uno no puede más que preguntarse qué es lo que daña la estabilidad financiera municipal y estatal: ¿el daño lo causa el ciudadano que pregunta cuánto se debe y cómo debe pagarse? ¿No será más bien que el perjuicio proviene del munícipe que con la complacencia del Cabildo contrata la deuda?
Valgan estos dos escenarios como muestra y prueba de que en estados y municipios la transparencia avanza con paso de tortuga y la rendición de cuentas suele ser un concepto ajeno a la práctica del poder. Con aquella tranquilidad los gobernantes piensan que el riesgo está en que se conozca lo que hacen y no en la irresponsabilidad de sus decisiones. Después de todo viven convencidos de que los gobernados son una suerte de menores que no comprenden nada. ¿Por qué darles información y documentos? ¡Como si el ciudadano mereciera respeto! Los gobernantes esperan de los ciudadanos su voto, más no exigencias.
