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| Recibo de pago en favor de Unefon |
Reconocemos que las resoluciones legales no pertenecen a los medios, sino a las autoridades facultadas para ello y por eso escribimos esto con desazón pero sin ambages: Unefon le ganó al gobierno, una sentencia jurídica así lo dispone.
En etcétera no dejamos de subrayar lo que consideramos como faltas a la ética de parte de la empresa en su pretensión de obtener tres mil millones de pesos, pero también los graves errores de los funcionarios del gobierno que han posibilitado ese objetivo. Durante el cierre de la edición comprobamos que hay una negociación entre ambas partes, pero aún faltan episodios por escribirse en esta historia, como lo prueba, aquí damos cuenta de ello, la definición de los ex integrantes de la Cofetel y la iniciativa del senador Carlos Sotelo para que el gobierno le retire las concesiones respectivas a la telefónica.
Intrincado camino
Más allá de los severos cuestionamientos éticos que se le hagan a esa empresa (nosotros coincidimos con ellos), la realidad es que según las autoridades, la telefónica de Ricardo Salinas Pliego ganó el litigio al gobierno por el cobro indebido de intereses en el otorgamiento de prórrogas que también estuvo fuera de la ley para el pago de la contraprestación por el otorgamiento de concesiones radioeléctricas.
En una sentencia de abril de 2004 y una resolución de 2006, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la ley de ingresos de 1998 no autoriza concretamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas similares por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público.
La aplicación de esta sentencia se tradujo en la devolución de intereses a Unefon. En noviembre de 2006, la telefónica obtuvo un primer pago de 500 millones de pesos y los 46 mdp restantes le serían entregados un año después, como parte del ejercicio presupuestal de 2007. Y aunque el director jurídico de la SCT, Gonzalo Martínez Pous, ha insistido en que la aplicación de la resolución de abril de 2004 no implica la devolución de los intereses citados y que no existe ninguna orden que lo obligue a realizar ese pago, el titular del órgano Interno de Control (OIC) de dicha dependencia, Agustín Ramírez, le señaló en una comunicación del 29 de marzo pasado lo siguiente:
En relación con el asunto de Unefon, es opinión de este órgano Interno de Control, previa consulta con autoridades superiores de la Secretaría de la Función Pública, que en términos de la resolución judicial que declara ilegal el pago de intereses a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debería reintegrarse una suma de hasta por el monto de $596,385,993.14 (…) y que cualquier otra cantidad tendría que sustentarse en una resolución de autoridad competente.
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| Comunicación del OIC de la SCT donde reconoce el pago a Unefon |
Es decir, el propio OIC de la secretaría ha reconocido la obligación de pago. Incluso, hay un recibo presupuestal de la SCT con fecha del 5 de enero de 2007, en favor de Unefon por un pago de 46 millones 485 mil 993 pesos, por concepto de devolución de los intereses derivados de la sentencia del 6 de abril de 2004, así como la interlocutoria de fecha 20 de abril de 2006. (Ver documentos anexos)
Unefon ganó este episodio legal contra la SCT gracias a la estrategia procesal que siguió: en octubre de 1999, solicitó que se le devolvieran los intereses que pagó, la autoridad no respondió ni devolvió la cantidad solicitada. Ante esto, la telefónica demandó la negativa ficta del gobierno; es decir, ante tribunales no pidió la devolución del pago en sí, sino que demandó ausencia de respuesta. Ese matiz legal hizo posible que Unefon ganara; en febrero documentamos con amplitud parte de esa estrategia legal de la empresa.
¿Conflicto de interés?
En un principio, cuando la SCT fue notificada de la ilegalidad del cobro de intereses a Unefon, esa dependencia dispuso que la telefónica se dirigiera a la Secretaría de Hacienda para los efectos legales procedentes. Es decir, para que la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria y la Subsecretaría de Ingresos devolvieran a Unefon los 596 mdp cobrados indebidamente.
Sin embargo, en un oficio del 7 de septiembre de 2006, la Subsecretaría de Ingresos de la SCHP notificó a la SCT que dichos intereses no tienen una naturaleza fiscal, por lo cual su devolución corresponde a esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así como prever las partidas correspondientes a efecto de que en el siguiente ejercicio esté en posibilidad de devolver a la mencionada concesionaria el pago indebido de los intereses que le fueron establecidos extra legem.
Dicho oficio lo firmó el entonces tesorero de la Federación, el subsecretario de Ingresos y la administradora general de grandes contribuyentes: Claudia Bazua, Rubén Aguirre y Ana Bertha Thierry Aguilera. Llama la atención en este caso, porque podría representar un conflicto de interés, el que esta última funcionaria actualmente trabaje como abogada de Unefon: Apenas el 4 de marzo de 2008, el representante legal de Unefon, Marco Polo Castro Pérez, la acredita ante la autoridad como abogada de la empresa en cuyo pago por 550 millones participó año y medio atrás. (Reforma 24/IV/2008). En abril, etcétera documentó el conflicto de interés del director jurídico de la SCT al haber sido parte del otorgamiento de prórrogas y cobro de intereses a Unefon, y su actual negativa a devolverlos.
En los próximo días veremos que resuelve al respecto de todo esto la auditoria interna de la SCT.
El gran ganador
Unefon fue favorecido por el gobierno, así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la Cuenta Pública de 2006. La telefónica de Ricardo Salinas Pliego no debió tener prórrogas para pagar la contraprestación por las concesiones que obtuvo, y debió ser descalificada por no cumplir a tiempo con el pago. (Ver etcétera, abril 2008)
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| Oficio firmado por Ana Bertha Thierry |
En septiembre de 1998, la Cofetel determinó darle la primera prórroga ilegal a Unefon, no sin antes consultar a todos los demás ganadores en la licitación de espectro radioeléctrico. Aunque no hubo alguna postura que se negara, Iusacell que en la actualidad es propiedad de Salinas Pliego hizo ver a la autoridad que el diferimiento en los plazos de pagos referidos, repercutiría perversamente en aquellas empresas que se encuentran en aptitud de cumplimiento en tiempo y forma, toda vez que conllevaría a premiar económicamente a aquellas que de jure y facto deben ser descalificadas y sometidas a la penalización establecida en las propias bases de la Subasta.
En aquella ocasión Iusacell, al igual que Telinor y Pegaso, pidieron al gobierno que de otorgarse las prórrogas a Unefon, le fueran impuestas varias restricciones, entre ellas el cobro de intereses.
La SCT así lo hizo y hasta ahora, ante la falta de pericia del gobierno y la astucia de Unefon, en el transcurso de esta historia sólo ha habido un ganador.
