Este miércoles, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dictaminó que será en dos años cuando se puedan conocer los detalles de la averiguación previa que inició la Procuraduría General de Justicia Militar por el caso Tlatlaya.
En una votación cerrada (cuatro contra tres) el Pleno del INAI consideró que el expediente que busca deslindar responsabilidades a los militares implicados no es un documento que deba ser difundido, puesto que pertenece al fuero militar y no existen indicios de que se traten de violaciones graves a los derechos humanos.
Los comisionados Francisco Javier Acuña, Ximena Puente, Rosendoevgueni Monterrey y Patricia Kurczyn (quienes votaron a favor), consideraron que la excepción de reserva solicitada por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) era aplicable puesto que el juicio es de orden castrense por desobediencia militar, misma que puede ir desde no portar el uniforme correctamente hasta la ejecución de acciones personales en servicio.
En contraste, los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Guerra, argumentaron que el INAI no podía validar dicha excepción ya que la dependencia no tuvo acceso a la averiguación previa, de modo que no puede garantizar que los crímenes militares imputados no tengan relación con violaciones a derechos humanos.
“Quiero ser enfática que la SEDENA atendió los requerimientos que hizo la ponencia (iniciar un juicio militar), pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado (la SEDENA) (…) dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto“, afirmó Cano.
Respecto al caso Tlatlaya, La Jornada reveló que los peritos del Estado de México encargados de revisar el lugar de los hechos dieron informes que contrastan con los de la Coordinación General de Servicio Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Instituto de Servicios Periciales mexiquense, por ejemplo, no levantó reportes acerca de que los cuerpos de las 22 personas fueron movidos del lugar donde fueron asesinadas, lo que dificulta construir una relatoría de los hechos. Además, en muchos de los cadáveres no se estableció una hora de muerte y la temperatura se les tomó, en algunos, con la mano, de acuerdo a los reportes periciales estatales.
Los peritos de la PGR, además, encontraron evidencia de que algunos de los cuerpos tenían señales de haber sido ejecutados, algo que sus colegas mexiquenses descartaron, en sintonía con la versión oficial que la SEDENA difundió horas después del supuesto enfrentamiento entre militares y delincuentes.
(Con información de La Jornada)
mahy
