¿En qué cambió el país a partir de la ley de transparencia y cuáles serían los diez casos más emblemáticos?
Creo que lo primero que tenemos que ver es el hecho de que se haya publicado la ley que obliga a las dependencias y entidades a poner información en Internet. El segundo gran logro fue instaurar el sistema electrónico para hacer solicitudes y recursos de revisión. Aquí hay dos ventajas: una, que desde cualquier lado se puedan hacer, como bien lo sabe etcétera, la otra es que está en el IFAI la base de datos del 100 por ciento de las preguntas hechas. No hay manera de que una institución diga yo no recibí esta pregunta y por eso no la contesté.
El tercero no es un logro del IFAI; es la forma en que la ciudadanía se ha apropiado de este derecho, a pesar de los muy pocos recursos que tenemos para hacer campañas de comunicación -además me parece bien que no sea mucho-, hay un expectro social amplio que está haciendo solicitudes y exigiendo respuestas. Cuarto, hay que darle mérito también a los servidores públicos, y aquí quiero hacer una distinción respecto del sexenio pasado. El apoyo que recibimos, tanto de Presidencia como de la Secretaría de la Función Pública, en el sexenio de Fox, fue un respaldo muy importante, el mensaje a todos los servidores públicos fue “La transparencia va en serio, no es una ley que se puso para quedar bien, tienen que instalar unidades de enlace” y el mismo día 12 de junio del 2003, el 100 por ciento de las unidades estaban instaladas y empezaron a responder preguntas.
Creo que un gran logro del IFAI es la discusión, argumentación y apertura de la información que se dio entre el IFAI y la Secretaría de Hacienda, específicamente con el caso del fideicomiso de aduanas, pero que después sirvió para abrir muchos otros fideicomisos. La argumentación fundamental era que los fideicomisos no se pueden tocar, porque en la ley de Instituciones de Crédito está el secreto fiduciario. A partir de mucho análisis y diálogo con el propio Secretario de Industria y Comercio, en donde tengo que volver a señalar, el Secretario de Función Pública, Romero Ramos, fue un aliado de la transparencia, se llegó a que el secreto fiduciario era un secreto obligatorio para las fiduciarias, aunque éstas fueran de gobierno. Pero como Hacienda siempre firma como fideiocomitente y el fideicomitente, por ley bancaria, no de transparencia, dispone de toda la información del fideicomiso y la información tambien es un bien del fideicomiso, Hacienda no podía argumentar que no podía entregar información sobre fondos públicos; cuando entran a un fideicomiso, se tiene que entregar. Ese fue un momento muy importante en términos de transparencia.
Otro logro que me gusta mucho recordar es un recurso en el que un grupo de investigadores de la UNAM pedía el nivel de exposición de los trabajadores de Laguna Verde a la radiación y Comisión Federal de Electricidad contestó que eso era secreto. A partir del análisis -y vale la pena decir, la CFE cumplió con la resolución- dijimos aquí hay dos temas: rendición de cuentas y protección de datos personales. Yo no puedo decir Juanito Pérez tiene este grado de exposición, pero sí tienen las hojas sobre quien está expuesto y por cuánto tiempo. Esos records se tienen que entregar sin el nombre del trabajador, es decir, protejo privacidad y obligo a rendición de cuentas. Vamos en cinco casos apenas.
Yo creo que la forma en que los solicitantes han aprendido a revisar las licitaciones del sector público es fundamental y el caso más paradigmático es el IMSS. El Seguro Social tiene una vigilancia constante sobre las licitaciones que hace, sobre todo de medicamentos. Hay una serie de solicitudes que se han hecho, no deben ser menos de mil, en donde se hace un análisis de muchisimas licitaciones, toda licitación bajo sospecha digamos. Se revisa la ley de adquisiciones y cada uno de los incisos, lo que se publica en Internet y se va pidiendo vía acceso a la información documental por documental que vaya comprobando que esto se hizo bien, hace cuatro o cinco años que este grupo de la sociedad está vigilando literalmente.
Otro que no puedo dejar de mencionar aunque ha sido muy publicitado es el caso de Provida. Una ONG que le da seguimiento a una determinada suma de dinero desde el Congreso, una partida que desde el Congreso venía etiquetada pasa a Hacienda y luego a la Secretaría de Salud. De ahí se va a Provida. Salud entrega cada una de las cajas con las que Provida demostró el gasto de 20 millones de pesos y la ONG, de mujeres, por cierto, se puso a hacer sumas, restas, a revisar más de 6 mil documentos a lo largo de seis meses y demostró que de esos 20 millones, 13 se habían mal justificado y se habían utilizado en cosas distintas del uso para el que se había entregado. El litigio sigue en el Poder Judicial, el señor Serrano Limón está inhabilitado por diez años.
Qué pena que los litigios duren tanto
Es una vergüenza, pero ya de mientras sigue inhabilitado y la vergüenza nadie se la va a quitar. Hoy día el señor se presenta en un foro público y se sabe que compró tangas, lo cual para su moral es relevante, y vuelvo aquí a insistir, el secretario Romero Ramos en una interpretación muy amplia de la ley y muy en favor de la rendición de cuentas, aceptó que la ley de responsabilidades debería de aplicarse porque eran fondos públicos; eso no sucedería en este sexenio, de ninguna manera. Además está la revisión que hizo otro organismo no gubernamental sobre la distribución del dinero de VIH Sida en el presupuesto del 2005. Si no me falla la memoria, otra vez el Congreso etiqueta una partida, de ahí va a Hacienda, luego a Salud que lo distribuye a los hospitales; y ellos le dieron seguimiento al gasto en cada uno de los hospitales y cómo fueron cambiando de partidas de manera absolutamente legal, no hubo una irregularidad, pero pervirtió la política pública de atención al Sida, porque sólo el 40 porciento de lo que destinó la Cámara de Diputados llegó realmente a retrovirales o programas educativos con respecto al Sida.
¿Y ahí que procede?
La denuncia y el análisis minucioso. Ahora Hacienda es muy exigente para poder cambiar las cosas de partida, ahí tendría que haber hecho algo la Cámara de Diputados o la Auditoria Superior; escapa a la Función Pública porque no hubo propiamente una infracción de las leyes que aplican a la administración pública federal.
Vamos en el caso 9
Ya casi llegamos. Creo que es la experiencia que acabamos de tener en materia de medio ambiente, uno de los temas en los que más se solicita información. En 2006 una solicitante miembro de un organismo no gubernamental, de Fundar, solicita a Profepa las auditorías voluntarias de dos empresas, Dupont y Mex Mex Peñoles. No le dan la información en un primer momento, viene a recurso, en recurso nos convence la Profepa, tengo que decirlo. El programa de auditoria voluntaria esta funcionando razonablemente bien, cosa que hemos podido constatar, y si tu IFAI das la información, dice Profepa, lo que vamos a hacer es inhibir este proceso. Entonces tenemos que sopesar que vale más, la transparencia o que se sigan certificando las industrias. En ese momento decidimos que tenía razón, que al ser una auditoria voluntaria tendríamos que proteger todo. La solicitante se fue al amparo y llegó hasta la Suprema Corte, fueron tres amparos, dos de Dupont y uno de Mex Mex Peñoles. Y la Corte nos da muchisima luz sobre lo que debimos hacer y dice no hay manera de reservar la información ambiental y todo lo que tiene que ver con la información de las empresas Dupont o Mex Mex Peñoles es confidencial y no se entrega; nada que tenga que ver con secreto industrial, nada que tenga que ver con ventajas comerciales.
Y la décima tiene que ver con la información que se ha venido entregando sistematicamente de Cofetel y de la SCT, además es un tema predilecto de etcétera. Desde el año pasado estuvimos trabajando toda la lógica de la información justamente en esas licitaciones que se llevaron a cabo este año. No fueron decisiones sencillas, los solicitantes desde luego eran muy hábiles porque eran los interesados, pidieron información a Cofetel, SCT, Cofeco y desde enero de este año hubo información que se entregó por vía de esta ley que desde luego no se quería entregar, que tenía que ver justamente con la transparencia de estas licitaciones.
Luego de este Top Ten de avances, ¿cuáles serían los diez obstáculos, piedritas, difíciles de …
Después de ocho años las resistencias en el sector público se han sofisticado. Se ha aprendido a fingir, a dar información sin darla y entonces es más difícil. Es decir, cuando de entrada te dicen no, les tienes que decir sí, pero cuando te dan algo que parece la información que pediste, que medio cumple pero no completo, nuestros recursos de revisión requieren mucha más elaboración en el análisis.
La resistencia del sector seguridad encabezado por la PGR es amplia y conocida, no sólo es preocupante sino cada vez más peligrosa y se está ampliando. Yo estoy absolutamente de acuerdo, estamos en una situación de guerra y de inseguridad pública, pero eso no puede justificar la falta de transparencia y rendición de cuentas, y cada día se convierte en un magnífico pretexto para no entregar la información.
Creo que sigue siendo un obstáculo, no propiamente del IFAI, pero sí en el país, la gran diferencia que existe entre las leyes y su aplicación a nivel estatal. Después de ocho años te encuentras con que la gente no tiene idea de que este derecho existe, y eso es porque hay un intensionado bajo perfil de algunas Instituciones de transparencia en los Estados.
El cuarto aspecto no lo pondría como obstáculo sino como reto. A partir de este año el IFAI tendrá que implementar las nuevas obligaciones que nos da la ley, en el sentido de protección de datos personales en manos de privados. Ese es un reto más complicado que el de montar esta Institución, porque no podemos perder fuerza en la parte de transparencia y tenemos que ganar toda la respetabilidad y la fuerza en la parte de protección de datos personales en manos de privados. Entramos a enfrentarnos a poderes fácticos, cosa que hasta ahora no hemos hecho. Pero finalmente vamos a pasar a ser reguladores, en el sentido literal de la palabra, para que los grandes intereses de la iniciativa privada y las empresas chiquitas también, aprendan a respetar los derechos del individuo.
Y no hay presupuesto para que el IFAI enfrente este reto tan complicado e importante.
Ese es un obstáculo. Lo primero que hemos estado haciendo es trabajar con el Congreso, exponiendo la gravedad de la situación; no hay manera de que hagamos bien las cosas con el presupuesto que nos dio Hacienda. Creo que lo que se está haciendo desde el poder Ejecutivo es vetar las dos leyes, y esto habla de que la transparencia ya les estorbó; si pretende que con 215 millones de pesos hagamos lo que hacemos en transparencia y además implementemos este derecho desde luego lo que están esperando, y están rogando a dios, es que las dos cosas las hagamos mal y creo que eso es muy injusto con los ciudadanos. Insisto, si no había dinero para implementar la ley de protección de datos personales, el Ejecutivo debió vetarla cuando llegó a su escritorio, pero la firmó y al darnos ese presupuesto esta vetando las dos leyes. No sé cuántos llevamos pero este vale como por diez.
Otro reto muy grande, es ampliar la base de la ciudadanía para que aprenda a usar este derecho. Creo que cerrar el engranaje en donde la participación ciudadana y la participación política se complementen y se haga más inteligente y más acusiosa a partir del uso de esta ley, sigue siendo un gran reto. Si yo me voy a un partido político -cosa que nunca he hecho- y planeara campañas, yo me dedicaría el año anterior al electoral a hacer solicitudes a Gobiernos Estatales, Federales y Municipales y con base en eso vería las grandes deficiencias y las grandes oportunidades con números concretos y reales porque me tienen que dar documentos, creo que eso todavía no lo hemos visto y habla de que no hemos sido capaces de transmitir el uso tan eficiente que puede llegar a tener esta herramienta.
Esto se hace en otros paises.
Sí claro, y además es absolutamente legal. Lo que pasa es que en otros países a diferencia del nuestro no está castigado decir lo que hice bien y tampoco está castigado lo que el otro hizo mal. Creo que somos el único país que pretende llamarse democrático que lo está excluyendo de su ley electoral. No entiendo, si yo fuera partido político no tendría como plantear una campaña, lo que me están dejando es vender al candidato como si fuera una coca cola, y con slogans de lo más idiotas posibles para que nadie se sienta ofendido; no hay país en el mundo en el que los gobiernos no puedan presumir sus logros y la oposición no pueda descubrir los yerros. Es la cuestión fundamental de la democracia, por eso podemos cambiar de Gobierno. Nada más que en este país tenemos una imagen muy distorsionada, donde sólo había un partido en el gobierno. Decíamos, es que si presume sus logros ya todos los demás la llevan robada. Ahora en condiciones de igualdad todos deberían presumir sus logros pero con la verdad para que el otro tenga la posibilidad de decir eso sí es cierto o está mintiendo. Ese es un reto de nuestra cultura democrática, y claro que para eso se utiliza la ley de transparencia y las leyes de acceso a documentos .
Un caso concreto está en todos los datos que le pidieron al Parlamento Inglés respecto a la participación de Tony Blair en la Guerra de Irak, y perdió muchos puntos ahí, con todo y que muchos se reservaron por seguridad nacional, pero lo que sí se entregó tuvo costos para el partido laborista. Creo que no voy a llegar a diez, pero cada uno de esos vale por dos, le pone un truquito y lo pone por dos y llego a diez.
Creo que hay otra cosa que podríamos apuntar en los logros: hay ciertos periodistas que han ido desarrollando periodismo de investigación, aunque un obstáculo es que los tiempos de la ley no dan para los tiempos del periodismo cotidiano, y hay una gran deficiencia en nuestro país, por un lado estructural y por otro lado acelerado por Internet. Para el periodismo de investigación se necesita un periodista muy consolidado que pueda tener la paciencia de ir haciendo solicitudes sobre su tema y en el momento oportuno pueda decir, yo tengo toda la película completa. Sí vamos a llegar a diez.
No hay todavía normatividad específica para regular eficientemente la gestión de la documentación dentro de las instituciones; yo no estoy hablando de una ley de archivos, creo que tenemos que empezar por regular la gestión de la información para pasar a la gestión documental y después llegar a los archivos. Ese camino no está hecho y nos cuesta mucho trabajo. Todavía estamos en la discusión de que si los documentos digitales son documentos o no; si usted le pregunta al 100 por ciento de los funcionarios públicos si es responsable de un archivo le apuesto doble contra sencillo que más del 90 por ciento le van a decir no.
Ahora el archivo digital es relevante
Claro, además la verdad los mexicanos en algunas cosas somos muy conformistas, la respuesta de la gente que se dedica a archivos es que todavía no está resuelto en el mundo la migración tecnológica. Como para llorar.
Entiendo que una de las formas en las que más claramente se manifiesta la resistencia a entregar la información, es decir “no existe”; ahí qué procede por parte del Instituto.
Lo primero es encontrar lo que sí existe, porque cuando digo que se han hecho muy mañosos los servidores públicos es porque ellos también tienen acceso a nuestra estadística.
Saben que sólo 5 por ciento, este año 7 por ciento, si no mal recuerdo, de las solicitudes se recurre, es decir tengo un alto incentivo a contestar mal porque la posibilidad de que tenga un quejoso es de 7 entre 100. Entonces hay muchisimas ocasiones en donde los documentos existen cuando aparece el recurso de revisión, porque entonces sí lo buscan. El otro problema que no hemos resuelto y que es otro obstáculo: no tenemos claro qué es lo que el servidor público tiene que documentar, mucho menos quién lo tiene. Yo entiendo, el IFAI es una Institucion muy chiquita, tengo cinco pisos que recorrer, si yo no encuentro la información lo que más me puedo tardar es una hora recorriendo a todas las cabezas y ver quien la tiene. Probablemente en la SEP se tardarían unos cuatro o cinco días nada más hablándoles a las personas para preguntar.
Falta reglamentación interna y conocimiento de la propia Institución. La unidad de enlace lo hace, pero muchas veces no cuentan con un mapa claro de lo que por obligación deben de tener, y muchas veces no sabe a donde tiene que ir, y la rotación de personal en ésta unidad es muy alta.
¿Y esto a qué se debe?
A que se hartan del trabajo. Hay Instituciones en las que hay gente que lleva cuatro, cinco o siete años y con ellos además es mucho más fluido, claro.
Pero se desgastan mucho las unidades de enlace frente a nosotros y también al interior de su Institución, inclusive les dicen de manera despectiva tú eres el IFAI chiquito; se les dice más como un insultito que como un halago.
