Al caer la tarde del domingo 15 de marzo en León, Guanajuato, el clima era templadito.
No puede precisarse en datos la expectación que hay en el poblado por el debate que, ese día, sostendrán dos precandidatos del PAN a la Presidencia Municipal. Se avistan, sin embargo, altos niveles de audiencia. Lo trasmitirá Televisa del Bajío, en vivo y directo, a las ocho de la noche.
A las siete y cinco de la noche llega un representante de la Vocalía del IFE a la calle de San Miguel número 213, en el Fraccionamiento Cerrito de Jerez. Lleva consigo un mensaje del Secretario Ejecutivo del IFE con fecha del día anterior. Está firmado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Antonio Horacio Gamboa Chabban. El mensaje dice:
Se recomienda no trasmitir dicho debate a fin de contribuir con la autoridad electoral para generar las condiciones de equidad antes señaladas.
La empresa no recibe el documento. Alega que su área jurídica se halla en las oficinas centrales de la ciudad de México. Entonces el representante del IFE pega las cuatro hojas del mismo en la caseta de vigilancia. Pero a ninguna de las oficinas de Televisa en el Distrito Federal llega la recomendación.
El debate se trasmite.
El consorcio capitaliza
Al otro día, en el Comité de Radio y Televisión del IFE, los colaboradores del Secretario Ejecutivo dicen que no hubo tal recomendación, más aún, que el documento no existe. Casi al mismo tiempo, Gamboa Chabban se descalifica a sí mismo. Dice que el oficio no debió ser remitido pues era un borrador. Es muy difícil creerle. Ni siquiera los errores ortográficos y la mala sintaxis gramatical del documento le podrían ayudar a demostrar que es un bosquejo ya que, entonces, ¿por qué lo firmó y resolvió remitirlo?
No obstante, el martes 17, también en una sesión del Comité de Radio y Televisión, insospechadamente, el secretario Ejecutivo respalda la versión de su subordinado. Edmundo Jacobo Molina responde al representante del PAN que, incluso, ya elaboró un texto donde notifica el hecho.
Lo evidente es que esos funcionarios saben que se equivocaron. Pero no lo aceptan, no al menos hasta el jueves 19 de marzo, cuando se redacta esta nota. La televisora por su parte, busca capitalizar el yerro monumental y considera presentar una denuncia para que el Ministerio Público investigue si el oficio es o no apócrifo. Sobre todo, quiere mostrar, y en nuestra opinión tiene razón, que se trató de una pifia atentatoria contra la libertad que le asiste a cualquier empresa mediática para promover debates políticos.
Desde la esfera de lo políticamente correcto, no hay comentarios. Tal vez se considere que el asunto no es relevante o que no debe hacérsele el juego al enemigo. El clima ahí, también es templadito.
