El vetusto e inoperante sistema de propiedad de los medios de comunicación en México ya no puede ni debe permanecer igual; su reforma es un desafío de la consolidación democrática.
Los primeros días de 2007 muestran que se consolidó la necesidad de ampliar la oferta de información y entretenimiento a través de generar competencia en el mercado y de crear auténticos medios públicos; diversos actores se han pronunciado al respecto, incluso el Presidente de la República. Pero estas semanas también atestiguan las resistencias de los principales grupos mediáticos, en especial Televisa y TV Azteca, que cuentan con el 93% de las audiencias y el 92.33% de las concesiones (53.17% la primera y 39.16% la segunda).
Una tendencia en el mundo moderno es la existencia de cadenas mediáticas que compiten entre sí con reglas claras y que intervienen tanto en el ramo de la prensa como en el de la radiodifusión. Sin embargo, ni tenemos el marco legal adecuado por ejemplo, no se admite la inversión extranjera directa ni ha iniciado con solvencia el tránsito de la tecnología analógica a la digital y eso limita el otorgamiento de más concesiones. Aunado a eso, como apuntamos arriba y ahora precisamos, no tenemos medios públicos sino un conglomerado heterogéneo e irregular de opciones de comunicación que sirven a diversos intereses o que andan sin brújula ni proyecto dilapidando el erario. Hace falta una reforma que atienda a ese sector y que amplíe su cobertura para garantizar la permanencia de las radios comunitarias.
Durante su campaña, el 20 de junio de 2006, el presidente Felipe Calderón se comprometió a realizar 100 acciones de gobierno en los primeros 100 días de su mandato, este plazo vence el próximo 11 de marzo. Entre esas acciones resalta que “se identificarán las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión, tanto comercial como cultural, educativa, comunitaria y oficial, a efecto de iniciar los procedimientos de licitación pública o permisionarios, según se trate, durante el primer semestre del 2007”. Ya veremos.
Que hacen falta opciones, lo documenta el legítimo derecho del gobierno del Distrito Federal para solicitar la operación de una canal de televisión y una frecuencia de radio; la entidad es una de las seis en el país que no tienen tal opción (las otras son Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas). Sin embargo, la administración de Marcelo Ebrard se equivoca cuando no hace el trámite respectivo ante la autoridad correspondiente y, además, no reúne los requerimientos que marca la ley para el otorgamiento de permisos, como es el hecho de solicitar un canal de televisión que ya está concesionado (el 46, a Cablevisión) o de no presentar su proyecto de contenidos para la estación de radio. La transgresión más rotunda del gobierno del DF es que quiere usurpar la frecuencia 105.7 que, legítimamente, le corresponde al Imer. Pese a todas estas pifias y distorsiones e incluso pese a la supina ignorancia del diputado federal del PRD, Gerardo Villanueva Albarrán, que al finalizar enero persistió en esas pifias existen todas las condiciones técnicas, es decir, hay espacio disponible para que la ciudad de México tenga sus propios medios públicos siempre y cuando, claro, la solicitud cumpla con la ley.
Ya veremos qué resuelve Comisión Federal de Telecomunicaciones al respecto aunque es posible que antes sepamos lo que sucederá con su conflicto interno, todo parece indicar que prosperará la demanda de amparo interpuesta por Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Aldrich para que integren ese órgano, tal y como propuso el Presidente de México al Senado en 2006. Si eso es así la conformación de la Cofetel tendría un signo distinto al de ahora, tan obsecuente con los dictados del duopolio, en especial, de Televisa. Sin esos vaivenes no podremos saber lo que pasará con el necesario surgimiento de una tercer cadena televisiva y hasta de una cuarta o quinta opción en el largo plazo (y que contemple a los medios públicos). Pero al mismo tiempo esas circunstancias de coyuntura están muy por debajo de la auténtica necesidad nacional por diluir el monopolio mediático de la televisión.
