Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum dice a diario que su gobierno es democrático y totalmente alejado del autoritarismo, la Fiscalía General de la República ya acusa a jueces que dieron amparos contra la Reforma Judicial de “abuso de autoridad”.
Datos recogido por el diario El Universal dan cuenta de la existencia de carpetas de investigación en contra de jueces y magistrados de todo el país, investigaciones abiertas en atención a denuncias presentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el diario, que cita a “fuentes judiciales que solicitaron el anonimato por temor a represalias”, la FGR exigió a los juzgadores que entregaran copias de sus resoluciones y se les notifica que están siendo investigados.
“Jueces y magistrados aseguran que son medidas con el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios del sistema”, apunta la nota del diario.
Los juzgadores entrevistados por El Universal aseguran que se trata de “una forma de presión” y de dejar en claro que “van contra nosotros”.
El delito del que se les acusa no puede ser real y ningún juez emitiría una orden de aprehensión porque el asunto no se sostiene, afirman. Pero a partir de 2025 todo cambiará.
“Evidentemente, el Ministerio Público te puede consignar, pero será el juez penal el que defina y ahorita los jueces penales que están son de carrera judicial y no va a haber alguno que emita una orden de aprehensión porque no se configura. El problema va a ser en 2025”, declaró un juzgador.
A partir de 2025 la mitad de los jueces van a ser nuevos y “ahí va a empezar la persecución política”.
Para que proceda una consignación penal un juzgador debe perder su fuero y eso solo lo puede hacer el Consejo de la Judicatura Federal, instancia ante la que también se han puesto numerosas quejas contra juzgadores que ampararon a ciudadanos y organizaciones contra la Reforma Judicial impuesta por Morena.
Mediante esta vía, que es administrativa, se puede llegar hasta a la destitución del juez.
Ante esta situación, comentaron, han solicitado protección a organismos internacionales como la ONU.
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