A menos de un mes de las elecciones judiciales, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, impugnaron el registro de 26 aspirantes a cargos judiciales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que violan los requisitos mínimos de ética, reputación e idoneidad establecidos por la Constitución.
De acuerdo con la impugnación presentada por ambos legisladores, 18 de los candidatos enfrentan investigaciones penales activas, entre ellas por delitos como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones e incluso delincuencia organizada. En algunos casos, afirmaron, existen órdenes de aprehensión vigentes y vínculos profesionales con integrantes del crimen organizado, lo que comprometería su imparcialidad.
“El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas”, señala el documento. “También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual representa un claro conflicto de interés”.
A estas acusaciones se suman otras ocho candidaturas que, según los legisladores, no cumplen con el promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura en Derecho exigido en la convocatoria. En esos casos, los promedios oscilan entre 7.0 y 7.93, lo que, sostienen, debilita el perfil profesional de quienes buscan impartir justicia.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, advirtió Gutiérrez Luna.
Ambos insistieron en que la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos legales y éticos que exige la Constitución. “La idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial”, sentenció Gutiérrez Luna.
La impugnación busca que el INE cancele los registros de estas 26 candidaturas por representar una amenaza a la calidad, integridad y confianza en el proceso de elección judicial extraordinaria de 2024-2025. Ahora será tarea de las autoridades electorales determinar si los argumentos y las pruebas aportadas son suficientes para frenar estas postulaciones.
Ni Fernández Noroña ni Gutiérrez Luna anunciaron sanciones contra el Comité que calificó como idóneos los perfiles que ahora están impugnando.
