La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la próxima semana, un proyecto en el que perfila autorizar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a obtener información de las cuentas bancarias de Ricardo Salinas Pliego y otros 78 empresarios; sobre este asunto se prevé desechar los recursos legales que se han promovido contra esta disposición.
El ministro encargado de elaborar la resolución será Giovanni Figueroa, quien retomará el análisis de un amparo en revisión, promovido por Salinas Pliego y otros hombres de negocios que fueron mencionados en el caso de Pandora Papers, una filtración de más de 11 millones de documentos que los implica en operaciones en paraísos fiscales, empresas offshore y otros mecanismos para evadir impuestos.
De acuerdo con información de El Universal, a esto se suma información obtenida en la base de datos de la UIF, que permitió a esta instancia contar con elementos para configurar un patrón equiparable al lavado de dinero. Por ello, en diciembre de 2021 emitió un oficio en el cual solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), casas de bolsa e instituciones bancarias para requerirles información sobre créditos, prestamos, transferencias y estados de cuenta de Salinas pliego y los otros 78 empresarios involucrados en los Pandora Papers.
Por lo anterior, el 10 de enero de 2022, Salinas Pliego presentó un escrito de ampliación de demanda en contra de la Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senado de la República. Impugnó varios artículos de la diversas leyes relacionadas con instituciones bancarias y mercados financieros que autorizan dar información financiera a distintas autoridades como una medida para combatir el lavado de dinero.
Caber recordar que en mayo de 2023, la entonces Segunda Sala de la SCJN decidió atraer este caso y en un principio le fue asignado a la ministra Loretta Ortiz, pero por un cambio de adscripción se le turnó a Lenia Batres, sin embargo, después de distintos recursos legales interpuestos por Salinas Pliego, en marzo de 2025 Batres Guadarrama fue declarada impedida para encargarse del caso por sus diferencias personales con la parte promovente, ante lo cual la autoproclamada “ministra del Pueblo”, alegó un sometimiento de la anterior SCJN a los poderes fácticos.
Una vez que asumieron su cargo los nuevos ministros, el asunto fue turnado al ministro Giovanni Figueroa, quien en su proyecto considera que proporcionar la información financiera de Salinas Pliego a la UIF no viola el secreto bancario ni los derechos humanos del quejoso. Según el ponente se trata solamente de un acto de comunicación que tiene como finalidad la remisión de información conforme a las facultades legales de la UIF.
“El oficio reclamado no contiene alguna consecuencia que limite directamente los derechos humanos del quejoso o su pleno ejercicio, pues además de que ni siquiera está dirigido a él, no es la consecuencia final que puede derivar del análisis de información que realiza la autoridad competente, ni tampoco es un oficio que contenga una resolución vinculante respecto de la situación jurídica del propio quejoso”, se lee en el documento consultado.
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