El gobierno del presidente Donald Trump se alista para proceder en contra de funcionarios mexicanos vinculados con el crimen organizado, reportó el medio Los Angeles Times.
Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que todo proceso contra un mexicano debe tener pruebas “revisadas por la Fiscalía General de la República”.
El medio norteamericano citó fuentes confidenciales y afirmó que las recientes declaraciones del embajador Ronald Johnson sobre el combate a la corrupción deben entenderse en este contexto.
Sus comentarios “marcan el inicio, indicaron las fuentes, de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”, indicó.
El viernes, en un evento en Sinaloa, Johnson dijo que México debe dar a la iniciativa privada un entorno libre de corrupción y advirtió que “es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”.
En reacción, Sheinbaum exigió que se presenten pruebas y evidencias “claras” y dijo que las investigaciones en Estados Unidos deben tener pruebas “revisadas” por la FGR.
“Entonces cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener prueba revisadas por la Fiscalía General de la República evidencias, no vamos a cubrir a nadie que tenga alguna evidencia de alguna algún delito, pero tiene que haber evidencias porque sino, son otros temas que estarían en esos casos y también en Estados Unidos pues tienen que revisar en Estados Unidos”.
Y como ejemplo de un caso fallido, citó el del general Salvador Cienfuegos, quien, según ella, no cometió ningún delito y fue acusado en falso por la DEA.
“Si hay una investigación contra algún servidor público en México, tiene que haber pruebas y evidencias claras”, no como lo que ocurrió con el general Cienfuegos, del que, refirió, la FGR encontró que “no había delito que perseguir”.
Aseguró, de manera errónea, que en su momento Estados Unidos entregó a México “toda la información” sobre dicho caso, que fue revisada por la FGR, que luego el gobierno norteamericano entregó el general a México y ya aquí, se determinó que no había elementos para procesarlo.
“Envían la información y lo que se ve que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular, ilegal que haya cometido el General Cienfuegos, tan es así que devuelven al General Cienfuegos a México y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay que perseguir”.
Lo que ocurrió en realidad fue un acuerdo político entre la primera administración de Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien incluso en un primer momento celebró la captura de Cienfuegos, pero luego, ante presiones de las Fuerzas Armadas, negoció que el general regresara a México, supuestamente para ser juzgado aquí.
Pero una vez en el país, la FGR desestimó los elementos brindados por la DEA y determinó liberar al general, con el consiguiente enojo del gobierno norteamericano. Desde entonces, dicho caso ha sido usado por la 4T como ejemplo de que Estados Unidos fabrica culpables.
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