Las autoridades federales y locales han cometido graves deficiencias al momento de investigar agresiones, desapariciones y homicidios de periodistas, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según los reportes del organismo nacional, difundidos este lunes por La Jornada, entre agosto de 2013 y enero de 2016 al menos ocho comunicadores han sido asesinados, pero las indagatorias por estos crímenes tienen diversas irregularidades.
En algunos casos hay retrasos de hasta cinco meses para iniciar una carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias, como solicitar las cámaras de seguridad que se encuentran cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.
Un ejemplo de ello es del periodista Jorge Torres Palacios, quien fue secuestrado el 29 de mayo de 2014 y encontrado sin vida el 2 de junio de la periferia de Acapulco. Aunque el crimen fue remitido a la PGR (la autoridad local se declaró en incompetencia), la carpeta de investigación se abrió cinco meses después.
En otros, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) se niega atraer las investigaciones al desestimar el trabajo periodístico de las víctimas.
Esto fue lo que sucedido en enero de 2015 cuando el periodista veracruzano, Moisés Sánchez, director de La Unión, fue levantado en su domicilio por un grupo de hombres armados, quienes destruyeron todos sus archivos periodísticos.
Además de la tardanza en algunas diligencias, de que nunca se pidieron las grabaciones de la cámara de seguridad, y a pesar de que las autoridades locales estaban enteradas de las amenazas que recibía el comunicadores, se rechazó como línea de investigación la actividad periodística de Cruz Sánchez.
Meses después, y tras el trámite de amparos, la Feadle se vio obligada a atraer el caso ya que el Poder Judicial determinó que se cumplían seis de los nueves supuestos contemplados en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para considerar que un crimen se cometió por el trabajo de un comunicador.
Además de los asesinatos, la CNDH también tiene el registro de 12 expedientes por agresiones físicas cometidas contra elementos de la PGR, Policía Federal, policías municipales y la Secretaría de Marina.
En la mayoría de los casos donde se han registrado agresiones o donde las autoridades destruyen el equipo y material fotográfico de los reporteros (por “salvaguardar el orden y la seguridad de las personas”), no se ha abierto ninguna carpeta de investigación, aunque también hay reporte de robo.
La CNDH sostiene que en los últimos 17 años, 126 periodistas han sido asesinados, 20 fueron desaparecidos desde 2005, y 51 medios de comunicación han sido blanco de algún atentado, desde 2006.
mahy
