La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por la política migratoria instrumentada por México, Estados Unidos y algunos países de Centroamérica, que exponen a los migrantes a una mayor vulnerabilidad y violaciones a sus garantías individuales.
Al dar inicio el periodo de sesiones del Consejo de la ONU-DH, Bachelet advirtió sobre el retroceso que suponen las medidas aplicadas para contener el flujo migratorio y consideró que están destinadas al fracaso porque no detienen las causas que orillas a las personas a dejar sus países de origen, y en cambio, se les condena a buscar rutas peligrosas para continuar su trayecto, en las que pueden ser sujetos de extorsión, violencia física e incluso sexual, reporta El Universal.
“Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen y entren al país destino, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son simplemente retrocesos”. Arma que ni los programas dirigidos a impedir la circulación de los migrantes, ni las políticas de “cero tolerancia”, evitarán que las personas abandonen su país”, manifestó.
La Alta Comisionada de la ONU expuso que en el contexto de las amenazas económicas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México decidió asumir el rol de guardián fronterizo para contener los flujos de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica y a raíz de ello, la ONU-DH ha documentado un incremento notable de detenciones y deportaciones.
“Hemos observador casos de separación de familias en un contexto de privación arbitraria de la libertad; ausencia de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza en contra de los migrantes”, señaló.
Bachelet dio a conocer que en lo que va del año, se han registrado alrededor de 35 mil casos de solicitantes de asilo, que han sido enviados de vuelta de Estados Unidos a la frontera con México a la espera de una audiencia. Puntualizó que este tipo de acuerdos no pueden ser considerados legales en tanto se violen los derechos humanos de los migrantes, en especial de los niños.
“Los acuerdos para devolver a las personas a estos u otros países, no pueden considerarse legales si no respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución, la garantía de debido proceso, la evaluación individual y el interés superior del niño”, subrayó.
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