El gobierno de México reitera su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de llevar a cabo investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes, en caso de cualquier ilícito o abuso atribuido a elementos de las Fuerzas Armadas.
En un boletín de prensa con el pronunciamiento oficial respecto al más reciente informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que la labor del Ejército en tareas de asistencia humanitaria y combate al crimen organizado goza del reconocimiento, no solamente del gobierno sino de la sociedad mexicana.
La PGR apunta que si bien se valora el análisis de la WOLA respecto al desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas seguridad, sugiere que éste se enfoque en el contexto del indiscriminado tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, el trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país y los flujos de capital a cárteles que operan en ambos lados de la frontera.
Según la dependencia, en la presente administración se han reducido las quejas ante la CNDH contra personal militar así como las recomendaciones de dicho organismo hacia las secretarías de Defensa y Marina, lo cual es muestra de la eficacia de la capacitación que sus miembros han recibido en materia de protección a los derechos humanos.
De igual manera, se emprendió desde 2014 una armonización de las leyes civiles y militares para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones.
Este martes, la WOLA dio a conocer el informe titulado “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, en donde se denuncia que en lo que va del presente sexenio, de 505 averiguaciones previas abiertas ante la PGR contra elementos de las fuerzas armadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, sólo en 16 hay alguna sentencia condenatoria.
También indica la Sedena turnó al Poder Judicial de la Federación, 829 casos en que jueces militares se declararon incompetentes para dictar sentencia; de este total, jueces civiles sólo aceptaron 314.
Estos datos, entre otros, llevan a la WOLA a concluir que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos atribuidas a elementos de las fuerzas castrenses en México, quedan impunes.
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