Delfina Gómez Álvarez, actual candidata de Morena al gobierno del Estado de México, otorgó un contrato por 66 millones de pesos al llamado “Zar de la limpieza” a pesar de que el SAT ya había alertado que las compañías de Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar cometían irregularidades graves, entre ellas, delitos fiscales.
El contrato, firmado el 1 de abril de 2022, cuando Delfina Gómez todavía ejercía como secretaria de Educación Pública, se realizó con la empresa Semalyn, S.A. de C. V., por un monto total de 66 millones 723 mil pesos.
Con vigencia a diciembre de 2022 y posibilidad de extensión, el contrato tiene el concepto de “Servicio Integral de Limpieza para los inmuebles y unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública”. Contempla dos turnos, matutino y vespertino, con costos unitarios de 8 mil 166 pesos por el primero y 4 mil 83 pesos por el segundo. Asigna un total de 759 elementos para realizar en la limpieza, además de materiales y máquinas para dichas labores.
El polémico Zar de la Limpieza
El “Zar de la limpieza”, como es conocido Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, es el polémico hijo de Manuel López Reyes, líder de un sindicato llamado Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, que pertenece a la CTM y que acapara desde hace lustros contratos millonarios con el gobierno.
El Zar ha sido acusado en múltiples ocasiones de presentar denuncias falsas ante el IMSS a nombre de extrabajadores o del sindicato en contra de empresas competidoras. Ello, para hacer que la institución audite de manera excesiva a sus rivales comerciales.
Durante la administración de López Obrador ha recibido más de 500 millones de pesos en contratos, tal como reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En estas operaciones, ha echado mano de diversas empresas fantasma para disfrazar sus operaciones.
Algunas de las empresas propiedad de Reyes Saldívar son REISCO OPERADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V., KASPER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., RAPAX S.A. DE C.V., OCRAM SEYER, S.A. DE C.V., así como SEMALYN, S.A. DE C.V., Limpieza y Mantenimiento Xielsa S.A. de C.V. y Mer Solutions S.A. de C.V.
Para esas empresas ha utilizado diversos prestanombres para evitar posibles inhabilitaciones y poder seguir operando.
Además de identificarlo como el “Zar de la limpieza” en algunos medios de comunicación se le apodó el “Rey del outsourcing”, por las deplorables condiciones laborales que ofrece a sus empleados, muchos de ellos de la tercera edad.
El SAT ya había alertado sobre la empresa
Desde noviembre de 2019, el SAT incluyó a Limpieza y Mantenimiento Xielsa en la lista de empresas que realizan operaciones simuladas, conocidas como “factureras”.
El 3 de febrero de 2022, Raquel Buenrostro, en ese entonces titular del Servicio de Administración Tributaria, alertó que las empresas de Jesús Reyes cometían una serie de irregularidades graves.
Refirió que la empresa RAPAX cometía delitos fiscales como por ejemplo, un día tener registrados 50 empleados, luego pasar a tres mil y después volver a bajar a 50. También simulaba competencia en las licitaciones de contratos.
El SAT mencionó como parte de este esquema de irregularidades a las empresas OCRAM y a Semalyn.
Sin embargo, a pesar de las advertencias de Buenrostro, esto no evitó que la dependencia cuya titular era Delfina Gómez Álvarez le diera un contrato de 66 millones de pesos.
De acuerdo a una investigación publicada de 2020 publicada por Mexicanos Contra la Corrupción, entre 2018 y junio de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había otorgado al empresario 557 millones de pesos por medio de 27 contratos con dependencias federales, la SEP solo una de ellas.
Los trabajadores, sin recibir pago desde enero
Todo esto culminó el 29 de abril pasado, cuando alrededor de 700 trabajadores de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel) denunciaron que desde enero la empresa Semalyn no había efectuado pago a sus trabajadores.
La empresa pretextó, el 14 de mayo que la situación debido a la “falta de pago” por parte de la Secretaría de Educación Pública.
En comunicado de prensa emitido por el representante legal de la empresa, Edgar Juárez, Semalyn no había recibido de la SEP-CDMX el contrato correspondiente para poder facturar y cobrar.
“Al día de hoy la convocante no lo ha puesto a nuestra disposición, lo que hace imposible la conciliación, facturación y cobro de los servicios devengados, situación que ya puso en grave riesgo la viabilidad económica de mi representada”, dijo.
Ello, a pesar de los millonarios ingresos que el grupo empresarial de Reyes Solís ha obtenido con el gobierno de la Cuarta Transformación.