Al afirmar que al denunciar penalmente ante la FGR a consejeros electorales se traspasó una frontera que debería ser infranqueable, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo las denuncias siguen su curso y la fiscalía debe desestimarlas, pues implican una persecución política.
“Se pretendió usar el brazo penal del estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado, por el simple hecho de que piensan distinto”.
En su mensaje de cada domingo, Córdova dijo que fue la presión social la que obligó a rectificar al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien se desistió de su denuncia contra los consejeros, pero como los delitos se persiguen de oficio, los expedientes siguen abiertos.
“Las denuncias penales contra servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República. Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente solo tienen propósitos políticos”.
Por ello, depende de la FGR desestimar dichas denuncias, dijo, ya que su mera existencia traspasó una frontera que hasta ahora, era “infranqueable”, pues es la primera vez en la historia del INE que se denuncia penalmente a sus integrantes y todo, por “tomar una determinación que incomoda políticamente al poder”.
Reconoció que la rectificación de Gutiérrez Luna influyó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que eso es muy bueno.
“Es cierto que la presión social de académicos, formadores de opinión, organizaciones sociales y hasta del Presidente de la República obligaron a rectificar a quien preside la Cámara de Diputados, qué bueno que lo haya hecho”.
Y reiteró la postura oficial del instituto sobre la revocación de mandato, en el sentido de que los recursos con que se cuenta son insuficientes. Añadió que es lamentable que por este tema se haya llegado a este
“Es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación, y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano, pero a lo imposible nadie está obligado”, planteó.
Agregó que a pesar de todo, se siguen verificando las firmas recabadas por los promotores de la revocación de mandato y agregó que solo se cuentan con mil 503 millones de pesos de los 3 mil 800 que se necesitan.
“Si después de ese nuevo esfuerzo hacen falta recursos, éstos se le solicitarán a la Secretaría de Hacienda, y si los mismos no son entregados, la revocación se realizará con el presupuesto disponible, y solo con aquellas características y modalidades que puedan fondearse”, enfatizó.
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