Después de dar su aval y publicar en el Periódico Oficial del estado las reformas al Código Penal, conocidas como Ley Censura, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta sugirió al Congreso la realización de foros de análisis para revisar los alcances de estas modificaciones legales.
En un breve pronunciamiento en su cuenta de X, el mandatario estatal hizo un llamado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García, y los legisladores a que convoquen a periodistas, organismos defensores de derechos humanos, asociaciones de padres de familia y colegios de abogados, para llevar a cabo foros de discusión. El objetivo, según dijo, es proteger los derechos humanos “con el mayor consenso posible”.
Aun cuando las prácticas de parlamento abierto suelen efectuarse antes de la aprobación de una ley, en esta ocasión Armenta pidió que se realicen a posteriori, tras la ola de críticas que desataron las reformas al Código Penal, que establecen penas carcelarias de hasta tres años a quienes profieran insultos en las redes sociales. El argumento fue combatir el ciberasedio.
Pese a que con su publicación en el Periódico Oficial del estado, las reformas legales ya entraron en vigor, la presidenta de la Jucopo del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García, respondió también a través de X, que atenderá la petición del gobernador de realizar los foros de parlamento abierto, a fin de garantizar la libertad de expresión, aunque también de fomentar la responsabilidad ciudadana en el uso de las redes.
El anuncio de la legisladora matiza la postura que apenas este domingo, había asumido en un pronunciamiento conjunto de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM, Panal y Fuerza por México, en donde sus integrantes defienden la aprobación de las reformas al Código Penal advirtiendo que no van a tolerar que, desde el anonimato, cuentas de redes sociales lancen injurias en su contra para tratar de desacreditar el trabajo de los legisladores.
Antes de la discusión de las reformas, Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, emitieron un comunicado conjunto en donde alertaban de los riesgos de la iniciativa, en la cual no se usaron criterios técnicos ni jurídicos para configurar delitos a partir de usar insultos en las redes sociales, lo cual abre la puerta a la censura y los abusos de autoridad. Sin embargo, los legisladores poblanos aprobaron los cambios legales en fast track y sin previa consulta a los sectores interesados.
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