La madrugada de este miércoles la mayoría oficialista aprobó el plan presidencial B de reforma electoral, con el que se busca, fundamentalmente, minar al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que puede originar severos problemas en la organización y realización de los comicios.
Tras el fracaso y la desaprobación de la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral, Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus partidos satélite fueron por la revancha con su plan B, reformas a seis leyes, para someter al INE, especialmente a través de recortes en varios ámbitos en aras de un presunto “ahorro”.
El plan B fue aprobado en lo general, sin pasar por comisiones ni por análisis, fue aprobado por la mayoría oficialista de 267 votos a favor y 219 en contra, por lo que el dictamen fue enviado al Senado de la República.
Tanto el procedimiento para la aprobación del plan B como su contenido fueron reprobados ampliamente por especialistas y por legisladores de oposición. Entre quienes han laborado en el INE y conocen lo que significa realizar elecciones hubo severas críticas.
Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente de Instituto Federal Electoral, consideró que la aprobación del dictamen del plan B fue una sabotaje ominoso contra la democracia debido a la violación al proceso legislativo que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Así viene 2024: imponer a su candidat@ al costo que sea. El plan ‘V’ de la venganza”.
La consejera Dania Ravel señaló un aspecto del dictamen aprobado por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados: que a personajes que obtengan candidaturas no les puedan ser canceladas por cometer faltas. Ella mencionó el caso de violencia política de género: “Por eso el hecho de que en la #ReformaElectoral se señale que no se puede suspender o negar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía por causas no previstas en el artículo 38 de la #CPEUM ocasionaría que quienes cometan #VPG puedan ser candidat@s y ocupar un #cargoPúblico”.
Al respecto también recordó que desde el proceso electoral de 2018 las autoridades jurisdiccionales empezaron a analizar si personas que hayan incurrido en violencia política de género cumplían con el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de vivir.
También algunos exconsejeros del INE manifestaron su rechazo al dictamen electoral que fue enviado al Senado. Así, Arturo Sánchez hizo una severa advertencia: “Cualquier ley electoral que se vote por una sola fuerza política no puede ser democrática. En especial si desaparece de facto al Servicio Profesional Electoral y desmiembra al INE. Además del INE, lo que está en riesgo es la elección misma”.
Por su parte, Marco Baños fue lapidario: “El presidente quiere legitimar la guillotina a INE y Tribunal en el reconocimiento legal del voto de presos y la incorporación de acciones afirmativas que estas instituciones ya atienden en favor de grupos vulnerables. El plan b resultó un golpe demoledor a nuestra democracia”.
Otros especialistas también hicieron señalamientos. El jurista Diego Valadés tuiteó: “Los diputados que votaron a favor de una iniciativa que ni siquiera habían leído, mostraron el nivel de abyección al que se llega cuando domina el absolutismo presidencial. La vergüenza los acompañará”.
El politólogo José Antonio Crespo también se refirió al procedimiento de aprobación, propio de antiguas épocas: “En tiempos del viejo PRI se criticaba el fast track. Los legisladores oficialistas aprobaban las iniciativas presidenciales sin discusión, sin siquiera leerlas y sin cambiarles una coma. Ya regresamos a eso”.
Sobre el contenido de las reformas Crespo clavó dos banderillas: la primera fue el siguiente tuit: “¿Para qué eliminar el Servicio Profesional de Carrera? Fácil. Para aplicar la fórmula 10 % de preparación y 90% de lealtad ciega, y así controlar el aparato administrativo”.
El segundo, sobre la no cancelación de candidaturas: “O sea, podrán cometer las irregularidades que quieran sin arriesgar su candidatura. Estupenda idea”.
El abogado Javier Martín Reyes comentó sobre la probable inconstitucionalidad de aspectos de la reforma: “El modus operandi de @lopezobrador_ es conocido. Con la electoral pasará lo mismo que con la energética y la Guardia Nacional. Ante el fracaso de la reforma constitucional, vendrán cambios legislativos inconstitucionales. Y la independencia judicial estará, de nuevo, a prueba”.
Legisladores de oposición también se manifestaron en contra. La priista Claudia Ruiz Massieu escribió: “El ataque a nuestra democracia continúa; el oficialismo buscará debilitar al @INEMexico con leyes secundarias, ignorando la voz de la oposición, las demandas de la ciudadanía e imponiendo mayorías aritméticas. Atentos a la batalla que libraremos por México en el @senadomexicano”.
Para Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, anotó: “Llámese plan B, C o D, en la #BancadaNaranja estamos listos para combatir el intento del Presidente por desmantelar al árbitro electoral y vulnerar la democracia”, y también señaló que la propuesta “pretende capturar al árbitro electoral y desmantelar institucionalmente al @INEMexico y el @TEPJF_informa”.
El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, escribió: “Hace unas horas la mayoría legislativa en @MxDiputados_ ejecutó un atraco a nuestra democracia, al aprobar su ‘venganza electoral’ violentando TODO el proceso legislativo. Lo decimos fuerte y claro: los @SenadoresdelPAN no permitiremos ningún tipo de imposición”.
El senador perredista Miguel Ángel Mancera tuiteó: “Una #ReformaElectoral frente a una elección presidencial repercutirá en su organización, por ello, es razonable analizar la minuta de manera responsable y sin contratiempos. La democracia nos une”.
