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José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, no sólo dijo que el Poder Legislativo desacatara una orden judicial, sino que prácticamente legisló por sí y ante sí para que los aspirantes inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial puedan continuar en el proceso de elección judicial. Pero esto carece de fundamento constitucional y legal.

El martes por la noche el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación determinó acatar una suspensión otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Michoacán por un amparo que fue promovido en contra de las leyes federales o secundarias que reglamenten la reforma constitucional en materia judicial. Esa resolución también vincula a los comités de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero quienes encabezan estos poderes prácticamente han anunciado su desacato.

En su acuerdo al respecto el Comité referido decidió suspender “toda actividad que implique la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en tanto no se revoque o modifique  la referida medida cautelar”. También anotó que si la medida cautelar no es acatada por los restantes comités “se provocaría una considerable inequidad a los participantes en el proceso electoral”.

Por esa determinación de obedecer una orden legal fue cuestionado este miércoles Fernández Noroña, quien prácticamente anunció el desacato, el que pretende basar en un peor que dudoso conocimiento de la Constitución en su caso.

En una conferencia de prensa de los legisladores oficialistas Fernández Noroña se dio ínfulas de su supuesto conocimiento del derecho constitucional para pretender ponerse por encima de quienes laboran en el Poder Judicial y pretendió dar cátedra de amparo.

Así, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (en cuya ficha curricular académica del Sistema de Información Legislativa dice que cuenta con licenciatura en Sociología por la UNAM, concluida en 1983, y absolutamente nada, ni siquiera un diplomado, en materia de Derecho) pontificó: “Respecto al Comité de Evaluación: yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza, dónde estudiaron Derecho los integrantes del Poder Judicial porque la Ley de Amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales, y ya es Constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial. Pero, además, no procede el amparo contra un proceso electoral. Imagínense que con un amparo pudieran detener la elección presidencial, pues eso sería gravísimo: sería poner al país en una crisis enorme”.

Y por ello utilizó una fórmula que ya ha usado: dijo que “no hay ningún poder sobre la Tierra que pueda detener el proceso electoral”, para, en un arranque de humildad, aclarar: “Poder humano, por lo menos”.

Fuera de todas sus funciones y atribuciones, el senador petista dijo que la suspensión acordada por el Comité de Evaluación “no tiene sustento legal” y acusó que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Norma Piña, quieren descarrilar la elección de juzgadores.

Advirtió que ese proceso continuará, y que si un Comité de Evaluación “no hace su tarea”, pues no presentara candidaturas. Pero anunció que salvará a los aspirantes que sólo se inscribieron en el del Poder Judicial y que podrían quedar fuera por “irresponsabilidad” y “negligencia”.

¿Cómo lo hará? Según él, la Constitución dice que lo no previsto sobre el proceso lo deben resolver la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores (por supuesto, no citó en dónde está eso si es que está), por lo que anunció: “Tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso, y si resultan en la insaculación, serán candidatas en el proceso”.

Sobre ello, no está de más recordar que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo presentó su lista de elegibles para la elección judicial después del plazo legal y, además, de forma incompleta. Además, cuando menos se han reportado dos casos de personas que, sin enviar ninguna documentación que avalara que cumplían con los requisitos constitucionales, pasaron esa etapa de revisión en ese comité. Ese es el que va a salvar ahora, según Fernández Noroña, la situación creada por el desacato, pero con bases legales prácticamente nulas.

Así, Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, se encargó de desmentir las pretensiones salvadoras de Fernández Noroña. Así, señaló que el artículo 96 de la Constitución “establece de manera clara e inequívoca -y atendiendo a la interpretación literal- que, si los poderes no remiten sus postulaciones dentro del plazo señalado en la convocatoria, perderán esa facultad y no podrán hacerlo posteriormente”.

Así, remachó Burgoa, “no existe ningún mecanismo constitucional que permita al Senado suplir la falta de postulaciones del Poder Judicial, ni recibir a las personas que se registraron ante el Comité de Evaluación del PJF y mucho menos el Senado puede atribuirse facultades que no le corresponden a través de un acuerdo”.

Así es, y cuando menos en el artículo 96 no existe la intervención de la Mesa Directiva ni de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se hagan cargo de los aspirantes registrados en el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

Por ello Burgoa remató de la siguiente forma a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y al planteamiento de una salida carente de sustento constitucional para salvar la situación, el que el abogado halló en “la misma reforma constitucional al Poder Judicial que Morena aprobó. Inclusive, es importante recordar su artículo transitorio Décimo Primero: ‘Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial’. Conclusión: la Constitución no prevé, ni establece lo que dice Fernández Noroña”.

En fin: sería bueno que José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña hiciera público dónde estudió Derecho.

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