El grupo empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, reiteró que el permiso de operación del campo de golf en Huatulco está vigente hasta 2027 y exigió a las autoridades que retiren los sellos de clausura, tal como ordenó un juez federal.
En un comunicado difundido en redes sociales, el grupo hizo pública su postura oficial al respecto, a horas de que el empresario se pronunciara de manera informal sobre el asunto en redes sociales. “Semarnat y Profepa violentan la ley, y caen en desacato” se titula el documento.
El comunicado recuerda que un juez les concedió una suspensión definitiva a la acción de clausura y ocupación de las instalaciones, por lo que se reanudaron las actividades del campo de golf, pero sin retirar los sellos colocados por la autoridad. Así, exigieron el retiro de los mismos.
“Después de la suspensión definitiva obtenida por la empresa que administra el campo de golf de Tangolunda en Huatulco, de manera arbitraria la PROFEPA ha hecho caso omiso a la protección legal reconocida por el Poder Judicial Federal en beneficio de Huatulco y su gente”.
La exigencia se dirigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Lo anterior, tras la suspensión definitiva obtenida por la empresa que administra el campo de golf, la cual fue anunciada por Ricardo Salinas Pliego en su perfil de X.
En el comunicado emitido por Grupo Salinas se exige a las autoridades de la Profepa “cumplir de inmediato el mandato judicial y retiren los sellos ilegales de clausura, sin pretexto alguno”.
“Aunque lo hemos dicho antes, es preciso reiterar que el contrato de prestación de servicios del campo de golf de Tangolunda, fechado el 25 de octubre de 2021 son Fonatur, está plenamente vigente hasta agosto de 2027”, agregan.
Asegura el grupo empresarial que la “Profepa estuvo cerca de despojar a Huatulco de un gran atractivo para el turismo local y puso en riesgo la imagen, capacidad económica y bienestar de cientos de familias”.
Y, tal como han hecho en otros momentos, acusaron que el gobierno federal usa el caso como distractor de temas de enorme importancia nacional.
“En un verdadero Estado de Derecho, un contrato vigente no puede ni debe ser usado como distractor de los grandes problemas nacionales, como son la violencia, la inseguridad, la opacidad e intereses de unos cuentos; como también que se imponga el Estado de Derecho sobre berrinches e ilegalidades”.
ofv