Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó las acusaciones de soberbia y manifestó que el aparente silencio ante el recorte presupuestal contra el Poder Judicial de la Federación que se fragua en la Cámara de Diputados no es más que prudencia mientras intentan proteger los derechos de sus trabajadores.
Después de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobara la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, de los que seis están dedicados a garantizar los derechos laborales de los trabajadores de este poder, la ministra presidente sostuvo una reunión virtual con coordinadores de tribunales colegiados y juzgados de distrito de todo el país. En ella el tema de la reducción presupuestal era inevitable.
En el encuentro por videoconferencia Piña Hernández aceptó que sobre el tema no contaba con respuestas concretas a los cuestionamientos sobre la asignación presupuestal que el Poder Judicial solicitó a la Cámara de Diputados.
Rechazó señalamientos “precisamente en el intento por dividirnos, por generar aún mayor incertidumbre de la que inevitablemente se deriva del escenario en que estamos, que aseguran que predomina una actitud de soberbia, de falta de diálogo. Para estas voces sí tengo una respuesta muy clara: es falso. Venimos trabajando desde hace meses en la construcción de lazos comunicantes necesarios para la salvaguarda de nuestros derechos y de los principios que rigen al Poder Judicial de la Federación”.
Sobre la aparente falta de medidas para defender la solicitud presupuestal presentada por el Poder Judicial, Piña Hernández dijo que “el silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal”.
Añadió que la reunión no era sobre los procesos legislativos, sino para que quienes laboran en el Poder Judicial, jueces, magistrados y otros funcionarios, estén enterados de que tanto el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN están dedicadas “a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, por la autonomía y la independencia de nuestra institución”.
Por su parte, este jueves Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y precandidato de ese partido a la gubernatura de Puebla, insistió este jueves en el recorte al Poder Judicial, y, en el más puro estilo populista, ofreció que los 15 mil millones de pesos que implicaría serán destinados a pensiones para personas discapacitadas.
Pese a las evidencias que se han presentado en contra, Mier afirmó que los trabajadores del Poder Judicial no serán afectados con la desaparición de los fideicomisos y con el recorte. Dijo que “se trata de beneficiar a los que menos tienen, de fortalecer la justicia en México y solamente quitarle el privilegio a los de arriba y nunca, nunca afectar a los 55 mil 800 trabajadores”.
