La transparencia es un pilar esencial de cualquier sociedad democrática. Permite a los ciudadanos estar informados sobre cómo se gasta su dinero, quiénes son los beneficiarios de los contratos públicos y si se están tomando decisiones en su beneficio o en el de unos pocos. Cuando el gobierno reserva información de manera injustificada, se crea una sombra de sospecha que alimenta la desconfianza y el escepticismo.
Es importante reconocer que en algunos casos puede ser necesario reservar información por razones de seguridad nacional o privacidad, pero estas restricciones deben ser excepcionales y estar debidamente justificadas. No pueden convertirse en una norma generalizada que permita al gobierno ocultar información incómoda que afecte su imagen.
No es el caso del actual gobierno, que ha buscado por todos los medios evadir la rendición de cuentas a través de la reserva de información. Intentan justificar su opacidad con el argumento de la ‘seguridad nacional’. Un triste pretexto para esconder la inmensa corrupción que ha privado en el sexenio. En especial, se han ocultado los sobre costos y los avances reales de las obras insignia del presidente, cuya construcción se ha encomendado a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Llama la atención el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles AIFA. Los 23 ingenieros militares a cargo de esta obra, omitieron deliberadamente presentar su declaración patrimonial y de intereses particulares, aún estando obligados por ser servidores públicos.
En 2021, el diario El Universal realizó una solicitud de información a través de la Plataforma de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de conocer las declaraciones de éstos ingenieros militares. La SFP se negó a procesar dicha solicitud, argumentando que el Comité de Transparencia de la SEDENA había determinado que se trataba de “información reservada” por cinco años, y que su divulgación ponía en riesgo la “seguridad nacional”.
Inconforme con la respuesta, el diario solicitó en julio de 2022 un recurso de revisión ante el INAI, quien ordenó la publicación inmediata de la información solicitada. Sin embargo, en un acto de evidente encubrimiento, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la resolución; por lo que el asunto terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su sesión de Pleno del pasado 17 de agosto, la SCJN desestimó el recurso promovido por la Consejería Jurídica, instando a la SFP a cumplir con la resolución del Órgano de Transparencia y ordenando la entrega de las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares.
No obstante lo anterior, y tras casi dos meses de aquella sentencia de la Corte, la Secretaría de la Función Pública ha evadido nuevamente la entrega de la información solicitada por El Universal; ahora con el pretexto de que no ha sido notificada debidamente.
Lo que vemos no deja de ser sorprendente. Un esfuerzo coordinado entre diversas dependencias del Gobierno Federal, para evadir la escrutinio público, incluso llegando al cínico desacato de mandatos judiciales. Todo, con el objetivo de encubrir la evolución patrimonial y los posibles conflictos de interés en los altos mandos de las fuerzas armadas.
Bien dice el dicho: “Entre ladrones y rateros se cuidan las espaldas.”
En una época en la que los avances tecnológicos facilitan la disponibilidad y el acceso a la información, resulta aún más inaceptable que el gobierno continúe con esta nefasta práctica. La transparencia y el gobierno abierto son herramientas poderosas para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas.
Resulta indispensable contar con un gobierno comprometido con el escrutinio público, un gobierno que trabaje en una caja de cristal y de cara a los ciudadanos; y no un gobierno opaco que trabaje a espaldas de la gente para esconder corruptelas.
Con un incremento de 500% en la cantidad de quejas ciudadanas por la respuesta negativa a sus solicitudes de información, con 8 de cada 10 contratos públicos asignados de manera directa y sin licitación, con una brutal embestida emprendida desde Palacio Nacional contra el INAI… hoy podemos afirmar que el de Andrés Manuel López Obrador, es EL GOBIERNO MÁS OPACO DE LA HISTORIA.
