Con el objetivo de impulsar y garantizar una cultura de respeto de los derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó el Protocolo Nacional de Actuación LGBTI, el cual está dirigido al personal de las instancias de procuración de justicia, contiene los procedimientos que deben observarse en aquellos casos que involucren la orientación sexual o identidad de género.
El documento, elaborado en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y organizaciones civiles, fue aprobado desde hace más de un año en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, señaló que este instrumento se creó en atención a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a los casos de violencia y discriminación contra personas de la comunidad LGBTI registrados en nuestro país, especialmente en el contexto de procesos judiciales en que se han visto implicadas. Apuntó que se busca sensibilizar a los servidores públicos y les permitirá identificar prejuicios, estereotipos y estigmas sociales que en muchas ocasiones dificultan un efectivo acceso a la justicia para este sector social considerado de alta vulnerabilidad.
El funcionario destacó que la trascendencia de este protocolo radica en que es de carácter nacional, y por lo tanto, deberá ser aplicado por todas procuradurías y fiscalías de las entidades federativas. Por ello, dijo, es indispensable generar las condiciones de capacitación en el tema y su respectiva difusión.
Entre sus principales puntos destacan el respeto a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la no victimización ni criminalización y la protección integral de las garantías individuales. Contempla la asistencia especialistas en trabajo social y psicología que pueden auxiliar en una investigación para brindar atención y apoyar a las víctimas.
Por su parte, Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que la población LGBT reporta una alta incidencia de vulneraciones a sus derechos, principalmente en las instancias judiciales, donde las prácticas discriminatorias están normalizadas y arraigadas en las instituciones. Por tal motivo, apuntó, es importante la creación y puesta en marcha de un protocolo de esta naturaleza.
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