“En esas reuniones se habló de hallazgos que tenía la procuraduría local y se señaló que había que fijar la coordinación en cuanto a las búsquedas”
La bomba estalló la semana pasada, el día en que la agente del ministerio público Lidia Bustamante reveló que un colaborador cercano de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal que tuvo a su cargo las pesquisas del caso Ayotzinapa, se había acogido al criterio de oportunidad y había revelado que la llamada “verdad histórica” se fraguó en un cónclave de alto nivel llevado a cabo en Iguala el 7 de octubre de 2014.
La fiscal señaló que el colaborador que había hecho aquella tremenda revelación era nada menos que el entonces secretario particular de Zerón, Bernardo Cano Muñozcano (Curioso: la FGR no reservó su nombre, deferencia que sí tuvo en cambio con el jefe de sicarios de Guerrero Unidos, Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, cuya identidad quedó protegida bajo el nombre clave “Juan”).
Según la fiscal Bustamante, el cónclave criminal en el que se “urdió” la “verdad histórica”, ocurrió bajo la dirección del titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y contó con la presencia del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, del exdirector de la Policía Federal Ministerial Carlos Gómez Arrieta y del exdelegado de la PGR en Guerrero José Luis Martínez Pérez.
No faltaron a aquella junta siniestra de confabulación, en la que, según se dio a entender, se cuadró la versión según la cual los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 habrían sido “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos”, el polémico exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, hoy funcionario estrella del gobierno de Claudia Sheinbaum, y el actualmente prófugo excoordinador antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez.
“En su declaración ministerial, el excolaborador de Zerón agregó que estuvo presente el día del cónclave en el que se urdió el montaje de la llamada ‘verdad histórica’ entre los altos mandos de la PGR y otras instituciones”, se lee en una de las muchas notas que incendiaron la pradera aquel día.
No es la primera vez que los nuevos encargados del caso Iguala tuercen la realidad; no es la primera vez que ponen en marcha, a partir de mentiras, a las hordas fanáticas que los acompañan.
Lamento informar que el exsecretario particular de Zerón no dijo ni de lejos algo semejante a lo que sostiene la fiscalía.
Según la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/000804/2019 –en que se solicita la orden de aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam y que fue consultada por el columnista–, Bernardo Cano Muñozcano compareció ante la FGR el 4 de mayo de 2022, tras acogerse al llamado criterio de oportunidad.
Aunque Cano era director general adjunto del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), sus funciones eran, en realidad, las de un jefe de oficina: funcionaba como sombra de Zerón, lo acompañaba a diligencias y reuniones. No solo eso: solía grabar mucho de lo que ocurría y luego guardaba un respaldo en su propia computadora.
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