No es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo ataque; ha ocurrido en diversos momentos de su historia. A fines de los años 90, por ejemplo, varios consejeros enfrentaron acusaciones por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presuntas irregularidades administrativas: se dijo en su momento que ese partido usaba al contralor interno del entonces IFE para amedrentar a algunos consejeros que tenían posiciones contrarias al PRI.
En 2003, hubo un nuevo enfrentamiento entre el IFE y el PRI cuando el primero multó al segundo con mil millones de pesos por el caso conocido como Pemexgate. Muchos líderes del partido acusaron al instituto de parcialidad y Miguel Ángel Yunes, a la sazón coordinador de asuntos jurídicos del partido, acusó al IFE de “revancha” y de estar al servicio del régimen y del presidente Vicente Fox.
En 2007 hubo una nueva andanada de ataques, ahora por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del PRI (nuevamente). La razón: una reforma electoral que buscaba remover de forma anticipada a varios consejeros del Instituto a quienes se acusaba de pérdida de confianza a raíz del conflicto poselectoral del 2006. En esta ocasión los ataques fueron convalidados por el mismo gobierno encabezado por el presidente Felipe Calderón (PAN), ganador en la elección de 2006, quien cedió a las presiones de otros partidos y permitió una reforma electoral que vulneró la autonomía del IFE.
Ahora en 2020 renacen los ataques. Lo inédito es que ahora provienen del partido triunfante en las elecciones de 2018 organizadas por el INE. Así como el desafuero de López Obrador en 2005 afectó desde un año antes la celebración de los comicios presidenciales de 2006, los ataques de hoy al INE reverberarán durante las campañas del próximo año cuando se celebrará la elección más grande de la historia de México (y presiento que también la más conflictiva).
Cualquier candidato perdedor de Morena podrá acusar al Instituto de ser culpable porque desde hoy se le acusa de cometer fraude y de estar controlado por una suerte de pandilla de conservadores que se aferran a su presupuesto y sus privilegios. Si esa es la imagen que se dibuja desde Palacio Nacional, ya sabemos cómo serán los ataques en los próximos meses.
Es inentendible la vulneración que se hace desde el gobierno cuando Morena es hoy el partido con más probabilidades de ganar más cargos en la elección de 2021. Seguramente sus resultados no serán tan abrumadores como en 2018, pero con una oposición tan debilitada, ese partido —aun con sus enormes conflictos internos— puede salir airoso en 2021. ¿Para que atacar al árbitro que organizará esa elección?
En las próximas semanas la Cámara de Diputados elegirá a cuatro nuevos consejeros electorales. Se acusa de forma anticipada que Morena querrá “agandallar” el proceso y colocar a peones en el Consejo General del INE. La memoria reciente del nombramiento desaseado en el Senado de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos da pie a esa preocupación.
No sería la primera vez que un partido lo intenta. Ha sido práctica desde el primer consejo del IFE autónomo en 1996 que los partidos eligen a los consejeros por cuotas. Así será ahora. La apuesta debe ser entonces que los elegidos cuenten con el perfil profesional y la inteligencia emocional para ceñirse a un desempeño legal e imparcial. No importa quién te nombre, siempre y cuando actúes de forma independiente una vez en el cargo.
La experiencia del IFE-INE muestra que, de las decenas de consejeras y consejeros nombrados por los partidos en las últimas tres décadas, ha habido de todo. Algunos que efectivamente actuaron como correas de transmisión de sus patrocinadores; otros que —una vez en la silla— cumplieron su mandato con base en la ley. Otros que dieron la espalda a quien los promovió. Y otros que se convirtieron en enemigos de algún partido, notoriamente del PRI, a fines de los 90.
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