Si algo ha caracterizado el actuar del Presidente de la República, es la manera en que promueve la polarización de la sociedad, al señalar desde el púlpito mañanero a sus adversarios con adjetivos que sólo promueven la división entre quienes lo apoyan y los que no. La legión en redes sociales se encarga de agredir a los que expresan su desacuerdo –válido o no–, incluso con insultos y amenazas, pero hablamos de la misma persona que convocó a la reconciliación en 2018 luego de ganar los comicios de ese año.

La promesa

En su discurso la noche del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador –él en ese momento el candidato al que las encuestas de salida mostraban como ganador de la elección presidencial– declaró en los primeros minutos de su intervención: “Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero: ‘La patria es primero’”.

Poco más adelante, delineó lo que planteó como su proyecto de gobierno: “El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial; libertad de expresión, de asociación y de creencias; se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución”.

Pero a poco más de un año de estar al frente del gobierno, vemos que no se ha cumplido cabalmente con lo que señaló aquella noche en la que las evidencias mostraban como un rotundo triunfo electoral en una elección que había sido no sólo reñida, sino la más concurrida por el número de votantes que se presentaron a las urnas.

Una elección que, por cierto, no tuvo impugnaciones de los actores que tomaron parte de la misma, como sí se presentaron en otras, en especial la de 2006.

El llamado a la reconciliación ha quedado en simples palabras, pues cada semana podemos escuchar como se fustiga a los conservadores, a los que perdieron privilegios –sin mostrar pruebas de esto–, a quienes buscan boicotear el proyecto de la 4T, a los fifís, a los que apuestan a que le vaya mal al actual gobierno, incluso el Presidente pregunta por quién votaron al referirse a quienes se quejan por la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

En redes sociales, cualquier persona que critique las acciones, buenas o malas, del gobierno federal, recibe una andanada de descalificaciones repitiendo adjetivos que antes se lanzaron en Palacio Nacional.

Incluso, con los “otros datos”, se trata de ejercer un derecho de réplica que en realidad vuelve al mismo camino de la confrontación que divide, pues el Presidente no es alguien que acepte haber cometido errores. En varios ocasiones ha dicho que se deja de llamar Andrés Manuel si le demuestran que se equivoco en algo, y aunque esto ha pasado, sigue siendo Andrés Manuel y no ha corregido el rumbo.

La auténtica democracia que también se prometió ha tenido duras pruebas para hacerse realidad, como se puede apreciar en Baja California y la Ley Bonilla, con la intención de nombrar consejeros del INE a personajes que antes que otra cosa son incondicionales y militantes de Morena, incluso con las descalificaciones al árbitro electoral, el cual cuando ganaron en 2018 era un garante de la democracia y ahora es un estorbo porque sus consejeros ganan mucho.

No se apuesta, dijo aquella noche del 1 de julio, a construir una “dictadura abierta ni encubierta”, pero sus seguidores siguen impulsando la idea de mantenerlo en el cargo y querían que la consulta sobre la revocación de mandato se llevará a cabo en paralelo a las elecciones intermedias de 2021, con lo que el presidente volvería –en los hechos– a aparecer en la boleta.

También prometió “libertad empresarial”, con todo y una cena en la que se les pedía comprar boletos para la rifa, que en teoría es para los hospitales públicos que han sufrido a últimas fechas de desabasto de medicamentos, además de que no explica actualmente por qué hay que hacer la rifa, convocar a empresarios para tal fin y qué pasó con el dinero que se iba a ahorrar por el combate a la corrupción, por la eficiencia gubernamental y por la austeridad que tanto presumió.

Además, prometió respeto a la libertad de expresión, pero vincula a periodistas que han exhibido los errores de su gobierno –como sucedió con Carlos Loret de Mola–, como parte del grupo que busca torpedear su administración o que es responsable del desabasto; o como sucedió con Jorge Ramos y el tema de la inseguridad, tergiversando los propios datos del propio gobierno para rechazar la crítica, recordando adicionalmente como se ha referido a medios como Reforma, Proceso o o a columnistas como Raymundo Rivapalacio, en algo que es todo menos respeto a la libertad de expresión.

Así que antes que pasen más cosas –o distractores– es momento de preguntar al presidente López Obrador, ¿cuándo empieza a trabajar por la reconciliación a la que convocó aquel 1 de julio de 2018?