Ayer, la Suprema Corte de Estados Unidos dio un severo revés a la pretensión del gobierno populista del presidente Donald Trump de que el más alto tribunal de aquella nación revisara de inmediato la decisión de un tribunal del estado de California que había suspendido la decisión de la Casa Blanca de dar por concluido este 5 de marzo del 2018 el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido en Estados Unidos como DACA. Con esta decisión, se pone fin, momentáneamente, a la intranquilidad que hoy viven cerca de 700,000 jóvenes que llegaron a aquel país antes de cumplir los 16 años de edad y que en junio del 2012 no habían cumplido los 31 años de edad.
Si bien la decisión de la Corte no pone un fin definitivo a los planes de Donald Trump, sí le significa un enorme desafío, pues es probable que la Corte de apelaciones que sí revise la decisión del tribunal de California resuelva hacia mediados del verano de este año y que la Suprema Corte resuelva en definitiva hasta el próximo año. Así que las cosas, afortunadamente para nuestros compatriotas, avanzarán a ritmo más lento del que quería Donald Trump.
A este grupo de beneficiarios del programa DACA se les conoce en EU como dreamers. Se trata de un muy importante grupo de personas que, de acuerdo con el American Action Forum, se estima aportan 42,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de esa nación y que tienen una contribución neta al erario de aquel país de cerca de 3,400 millones de dólares. Asimismo, esta organización calcula que deportar a los 690,000 personas que hoy son beneficiarios del DACA representaría un costo fiscal que se ubicaría entre los 7,000 y 21,000 millones de dólares. Sin embargo, el CATO Institute, un importante think tank (un centro de investigación) ubicado en la ciudad de Washington, estima que deportar a los cerca de 700,000 personas que hoy se benefician del DACA se traduciría en un costo fiscal para el tesoro de ese país de cerca de 60,000 millones de dólares, y que además representaría una pérdida en el PIB de EU de cerca de 280,000 millones de dólares en los siguientes 10 años de que ocurriera la deportación, es decir, que tendría un impacto sobre la tasa de crecimiento de EU en ese lapso.
Así que todo indica que la decisión de Trump de dar por terminado el programa DACA no encuentra asidero en la lógica económica, que más bien se trata de una decisión populista sin lugar a dudas. Esperemos que la decisión de la Suprema Corte del día de hoy se convierta en un factor que orille a los partidos Republicano y Demócrata, de nuestro vecino del norte, a tratar de negociar un acuerdo en el seno del Congreso de EU para encontrar una solución a este desafío migratorio, que lejos de significar un lastre para su economía, ha sido demostrado que representa una parte del motor que impulsa el crecimiento de ese país.
TLCAN
Esta semana se lleva a cabo la séptima ronda de negociaciones del proceso de modernización del TLCAN. Los equipos de negociación de las tres partes, han seguido trabajando con seriedad, a pesar de la retórica proteccionista de Donald Trump, y se sabe que han logrado avances importantes en distintos temas cuyos capítulos podrían quedar cerrados al término de la presente ronda, entre ellos se menciona que pudiera estar el relativo a las telecomunicaciones. Estaremos atentos a las buenas noticias que seguramente surgirán a la conclusión de esta nueva ronda de conversaciones entre México, EU y Canadá.
Este artículo fue publicado en El Economista el 27 de febrero de 2018, agradecemos a Gerardo Flores Ramírez su autorización para publicarlo en nuestra página.
