Si estuviéramos en un régimen democrático, una reforma tan importante y trascendente como la judicial se habría sometido a una consulta popular.
Si como los morenistas sostienen la mayoría de la población está de acuerdo con ella (porque en cifras oficiales Claudia Sheinbaum obtuvo el 57 % del voto), entonces seguramente dicha consulta habría sido favorable a esa reforma.
Pero se habría dado oportunidad a críticos, opositores y disidentes a incidir si habría reforma o no (cosa que no sucedió en el Congreso ante la apabullante e ilegal mayoría calificada de Morena y aliados).
Si quienes reprueban esa reforma hubieran ganado la consulta entonces se hubiera tenido que pensar en otra reforma. Si la mayoría la hubiera aprobado se aplicaría con toda la legitimidad (lo que no implica que no se hubieran cometido las irregularidades vistas para que ganaran los candidatos de las élites).
Pero México no es ya democrático, y dicha consulta es una quimera. Se impuso pues la reforma y se cometieron los suficientes ilícitos (según las leyes vigentes) que fueron determinantes en los resultados.
Ya se ha dicho que la enorme cantidad de combinaciones entre candidatos hacía imposible que los votos coincidieran en unos cuantos de ellos. Se impuso la necesidad del acordeón oficial (impreso y repartido desde arriba). Lo cual, según la ley vigente, es una causal de nulidad.
Seis de los once consejeros del INE expresaron justo la suciedad en el proceso, lo que hacía imposible validarla, sobre todo porque no se ha hecho la investigación sobre la magnitud y origen de las ilegalidades.
Pero una de esas consejeras, Carla Humphrey, se dobló por alguna razón y votó por validar la elección. De haber sido congruente con su posición, eso no implicaba que se anulara la elección, pues decidir eso es facultad del TEPJF.
Pero la presión sobre esa institución – y el costo político para el gobierno – hubieran sido mayores (y eso es justo lo que va desgastando a los regímenes autoritarios, aunque lentamente).
Claudia Sheinbaum, al preguntársele su opinión, negó lo obvio. Dijo que los acordeones no fueron ilícitos sino que la gente, sin intervención de nadie, hizo su elección y escribió su lista para no olvidar los nombres, lo cual no es ilícito.
Y para demostrarlo de manera científica, preguntó a los presentes (es decir, a sus vasallos) quién había votado; todos levantaron la mano.
Después preguntó quién había llevado un acordeón hecho por ellos mismos y no impuesto desde arriba; y lo mismo; todos alzaron la mano. Una muestra sin duda representativa y una prueba irrefutable de la limpieza y legalidad del proceso.
Después ella culpó a la oposición por no participar, reconociendo así que su partido sí lo hizo, violando la ley que ellos hicieron y que prohibe la injerencia de los partidos. A confesión de parte… Esa declaración es también en sí misma una prueba para proceder a la anulación. Pero la decisión sobre anular o no el mugrero electoral queda en el TEPJF.
Varios opositores, organismos cívicos y ex candidatos que compitieron en condiciones inequitativas presentan la solicitud de anulación.
Se podría asegurar que el Tribunal la anularía, dados los grandes ilícitos que se cometieran y fueron determinantes en el resultado, si supieramos que es autónomo.
Pero ya no lo es (y eso se demostró al regalarle a Morena su mayoría calificada violando el art. 54 de la Constitución).
Por lo cual, puese pronosticarse que sí validará el fraude, y sólo queda ver con qué maromas y falacias lo justifican. No verán al elefante en la sala ( los acordeones oficiales) o legitimarán su estancia ahí.
Sabedores de eso, algunos grupos impulsan una consulta popular con una propuesta distinta para reformar el Poder Judicial. Pero hay dos problemas; eso exige cerca de dos millones de firmas, y segundo, aunque las consigan, la mayoría morenista puede ignorarla, pues está visto que la ley es lo que menos les importa.
