La brecha digital es un problema mundial no resuelto. La pandemia ha venido a evidenciarla aún más, no sólo como un problema de conectividad, sino como un desafío económico que afecta a todos, y sobre todo a unos más que a otros.
Con el confinamiento, vino la mudanza de las oficinas, el comercio y las escuelas, y en consecuencia una pronunciada dependencia a la conectividad y al traslado del tráfico de internet a nuestras casas. La infraestructura de los operadores de servicios de telecomunicaciones está siendo desafiada minuto a minuto, para mantener en sus redes los niveles de calidad que garanticen no dejarnos en la obscuridad digital en estos tiempos de enfermedad.
Los pronósticos económicos son cada vez más pesimistas y acumulativos en relatos sobre los terribles efectos que está teniendo la educación, el trabajo, la cultura y todo lo que refiere a la conectividad, por mencionar sólo algunos aspectos de nuestra cotidianidad.
En México, de acuerdo con el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): ”es necesario considerar que hay sectores de la población que afrontan esta pandemia con mayores desventajas, por ejemplo: las mujeres, los trabajadores tanto del sector formal como del informal, las personas desempleadas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los jornaleros agrícolas, y niñas y niños, cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías”.
Bajo estas condiciones resultaría impensable ir en contra de la promesa del gobierno sobre la integración de todos los ciudadanos en la vida digital, y mucho menos al ejercicio del derecho humano a la conectividad. Cabe recordar que fue a partir de la Reforma en Telecomunicaciones, promulgada en 2013, cuando se integra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho para que todos se integren en la educación, la libre expresión, asociación y reunión, la participación en la vida cultural, el desarrollo social y económico, entre otros.
Fuente: BBVA
No obstante, ahora que todos dependemos más que nunca de la conectividad, la banda de 800 MHz, conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados, sufrirá un incremento anual del orden del 3.5%, que se puede entender como el aumento de inflación calculado para el 2021.
Ahora bien, en lo que respecta a las bandas de 600, 1,500 y 3,500 MHz, se planea crear un nuevo impuesto que empeña nuestro futuro al acceso de la tecnología 5G. De acuerdo con la consultoría The Competitive Intelligence Unit, el costo del espectro radioeléctrico se encarecería a razón de 3.5 a 4.5 veces lo que se paga en el resto del mundo.
Con lo anterior se eliminaría nuestro acceso a tecnologías y servicios de mayores capacidades como: telemedicina, banda ancha móvil de baja latencia que permitirían internet de las cosas masivo (IoT), seguridad nacional a través de servicios de misión crítica, conectividad en aulas para aprendizaje a distancia, crecimiento de todas las industrias, a partir de conexión de servidores de inteligencia artificial para el mejoramiento de la logística de todas las cadenas de producción, etc.
De continuar encareciendo el costo del espectro radioeléctrico, se seguirá ampliando nuestra brecha digital con respecto al resto del mundo, y la tendencia de desincentivar el fomento a la inversión en infraestructura de redes móviles, acrecentando así el analfabetismo digital que padece la población más vulnerable de nuestro país.
Hasta el momento, México no cuenta con acciones encaminadas a la conectividad y a la digitalización del país; por el contrario, el gobierno se ha enfocado en desmantelar las instituciones y programas que la promovían.
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Es indispensable fortalecer la institucionalidad en el sector de las telecomunicaciones, crear y mejorar el diseño de políticas públicas para erradicar a la mayor brevedad la brecha digital. El mal diseño de una política recaudatoria se convertirá en la pérdida de millones de pesos, baja en el consumo por parte de los consumidores y menos recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Hasta que el gobierno no entienda la inmensa gravedad del problema no lo podrá solucionar. Ojalá que la SHCP y el Senado de la República revisen, en beneficio de todos, las cuotas de derechos por el uso de espectro radioeléctrico hacia la baja.
Es preciso para México entender que toda la población conocerá el desarrollo cuando tenga libertad económica.
