Entre otras muchas cosas que destaza del INE y los procesos electorales, el “plan b” de AMLO destripa también las reglas para el registro de los representantes de casilla de los partidos políticos, lo que permitirá que empleados de gobierno, como los llamados servidores de la nación, realicen coacción y presión sobre los electores en el interior mismo de las casillas durante las próximas jornadas electorales. Como se ve, mentes muy perversas fueron las que elaboraron los textos que forman la iniciativa presidencial, pues hurgaron en los detalles de cada etapa del proceso electoral y lo sembraron de triquiñuelas con el fin de establecer ventajas indebidas a favor del grupo en el poder.
Es el caso del registro de los representantes de los partidos en las casillas electorales (RC). Las garantías de legalidad de las elecciones en México se expresan en el derecho que tienen los partidos políticos de nombrar representantes ante todos los órganos electorales, incluidas las mesas de casilla que se instalan el día de las elecciones. Cada partido puede nombrar hasta dos RC, quienes podrán permanecer al interior de la casilla, testificar la votación y el escrutinio, firmar las actas y recibir copias de éstas. El registro de estos nombramientos se debe hacer ante la autoridad electoral, para que ésta verifique que cumplan requisitos tan simples como contar con credencial de elector vigente y no tener impedimento para realizar esa función.
El “plan b” modifica el plazo de registro de los RC de los partidos que, en la LGIPE vigente, vence 13 días antes de la jornada electoral, antelación que permite al INE autorizar el registro y notificar del mismo a los presidentes de casilla. El problema es que el “plan b” alarga el plazo de registro hasta solo 48 horas antes de la elección (artículo 259 del proyecto) y, aún más, establece que los partidos podrán hacer sustituciones hasta en plena jornada electoral. Esta ocurrente reforma provocará dos tipos de problemas: por un lado, se perjudicará el derecho de los partidos a tener RC, pues la mayoría de los presidentes de casilla difícilmente serán notificados con la oportunidad debida. Por otro lado, el INE no tendrá tiempo de hacer ninguna verificación, lo que abre la posibilidad de que se acrediten a personas que no deberían estar en el interior de las casillas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, como los empleados del gobierno mal llamados servidores de la nación, con todo y sus listados de beneficiarios de los programas sociales.
A quien piense que esto es una nimiedad, habrá que recordarle que es un factor de coacción y presión sobre los electores el que servidores públicos estén en las casillas, contando con atribuciones de mando de la fuerza pública u operación de programas sociales gubernamentales (caso este último de los también conocidos como siervos de AMLO). Esta conducta está tipificada, ni más ni menos, como una de las causales legales para anular la votación en las casillas en las que se compruebe. Habrá que recordar también que, tratándose de una estructura nacional y jerarquizada, esta ilegal práctica podrá presentarse en decenas de miles de casillas en la elección federal de 2024.
La presencia de los servidores de la nación en las casillas ha sido una práctica común de esa estructura de promoción personalizada y proselitismo en favor de López Obrador y de Morena. Investigaciones recientes del PRD encontraron que en las elecciones federales del año 2021 fueron acreditados 2 mil de ellos como RC y 500 como Representantes Generales (RG) con cobertura en 200 distritos del país (con nombramiento de RG, el acreditado puede recorrer e ingresar a todas las casillas del distrito en que esté registrado). Esto se documentó y probó legalmente en las elecciones de gobernador en Tamaulipas (2022), lo que motivó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al INE la emisión de lineamientos para evitar en el futuro la injerencia indebida de estos empleados públicos en las casillas electorales. Apenas el 14 de diciembre pasado, el INE expidió tales lineamientos, pero AMLO y Morena, con su “plan b”, ya traman la forma de darles vuelta. Quieren seguir ejerciendo presión sobre los electores y forzar a los beneficiarios de los programas sociales, en las propias casillas. para que voten por las candidaturas de Morena.
Cincelada: El primer triunfo contra al “plan b” fue el 2 de febrero: se declaró inaplicable el concepto de propaganda gubernamental, que AMLO introdujo para trampear las campañas electorales.
Twitter: @rafaelhdeze
