El Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO hace agua, al grado del naufragio, en medio de un país en el que cunden la extorsión, el cobro de piso, más de 130 mil homicidios, ajusticiamientos, masacres, al tiempo que las bandas criminales decretan estados de sitio en carreteras y poblaciones y hacen actos de terrorismo contra la población civil en extensas regiones, como ocurrió esta semana en Guadalajara, el corredor industrial de Guanajuato y en Ciudad Juárez.
Pocos recuerdan que “Erradicar la corrupción” fue la primera tarea que contiene el Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO. Dicho Plan consta de 8 puntos con los que se pretendió atender y resolver las causas de la violencia, identificadas por su autor como las circunstancias políticas, sociales y económicas que la generan. El gobierno lopezobradorista incumplió esas tareas (como el garantizar empleo, educación y salud, respetar los derechos humanos y otras), comenzando por la primera de las planteadas. La que, según el propio documento, era la condición para que las metas del Plan se alcanzaran.
Anunciado el 14 de noviembre de 2018 e inamovible hasta la fecha, el Plan arranca diciendo que “Una de las condiciones fundamentales para hacer frente a la inseguridad y la violencia es erradicar la corrupción, con lo cual los índices delictivos se reducirán en forma sustancial”. A cuatro años de aplicación del Plan, con los índices delictivos al alza y una administración infiltrada por corruptos, es evidente que la señalada “condición fundamental” nunca se concretó.
Dice el Plan: “Hay que tipificar la corrupción como delito grave”, cosa que se hizo en 2019 mediante una reforma constitucional, pero no ha pasado de ser una típica medida de punitivismo populista y resultó del todo intrascendente en los hechos. La impunidad reina por encima del flamante carácter grave de los delitos de corrupción.
“Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos”, continúa el mamotreto, obligación que ya estaba contenida en las leyes mexicanas, al menos en parte, desde tiempos de Miguel de la Madrid (1982). “Eliminar el fuero”, mismo que sigue vigente, a pesar de los reiterados anuncios de que se derogó. “Erradicar los paraísos fiscales”, planteamiento fantasioso que pretende que México pueda imponer sus designios a otras naciones, sin el concurso de los organismos internacionales y sin la suscripción y seguimiento de tratados en la materia.
“Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones (públicas); y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición”, postulado que el actual gobierno ha contradicho miles, decenas y cientos de miles de veces. En clara violación a la Constitución y las leyes, la actual administración continuó con el capitalismo de cuates de otros sexenios, al grado de entregar sin licitaciones públicas el 88% de los contratos gubernamentales, mayormente mediante adjudicaciones directas. Además, se dio el lujo de cerrar durante una quincena entera el CompraNet, que es el sistema de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y ha recurrido reiteradamente a la reserva de información con diversos pretextos.
“Hay que debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero” son otras dos tareas olvidadas. La Unidad de Inteligencia Financiera es la dependencia encargada de combatir el lavado de dinero en virtud de las leyes mexicanas y los tratados suscritos por nuestro país. Sin embargo, desde los primeros días del sexenio, su trabajo se orientó al análisis de las finanzas de los opositores o críticos del gobierno para desacreditarlos, así como de potenciales aliados que luego eran “convencidos” bajo amenaza de sacar a la luz pública sus expedientes de ingresos.
El Plan Nacional de Paz y la Seguridad se vino abajo desde que el gobierno incumplió una de las condiciones fundamentales para enfrentar la inseguridad y la violencia. En lugar de reducirse, aminorarse o mitigarse, la corrupción sigue rampante en los tiempos de la 4T. Los casos de Segalmex, Birmex, las aduanas y muchos más así lo demuestran, por no mencionar el capitalismo de cuates desbordado y aquellos que implican al círculo íntimo de López Obrador (Pío, Felipa, la Casa Gris, etc.).
Cincelada: 905 días de huelga en Notimex han puesto a prueba la dignidad de los trabajadores de la agencia, mayormente mujeres, que se han resistido a un gobierno anti laboral.
