En 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo afirmó en su Segundo Informe que el rescate bancario conocido como Fobaproa tendría un costo de 180 mil millones de pesos “que se irán erogando a lo largo de varios años”. Tres décadas después, incluyendo lo previsto en el presupuesto de 2025, se habrán pagado 1 billón 19 mil millones por el esa deuda. Pero, a pesar de que se habrá cubierto casi seis veces la cantidad prevista originalmente, los mexicanos debemos otro billón de pesos por ese descalabro (al cierre de 2024). Lo pagado más lo que se adeuda suma 2 billones 35 mil millones que se han ido y continuarán yéndose a parar a los bolsillos de los banqueros, exbanqueros y a las cuentas de quienes les compraron los pagarés de esa monstruosa deuda.
En los años del “error de diciembre”, Zedillo arguyó que el rescate bancario no era para respaldar a los accionistas de los bancos, sino para proteger el ahorro bancario de las personas, las familias y las empresas, “así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía”. En realidad, se trató de un rescate para que los bancos privados solventaran su crisis de créditos impagables, incluidos créditos que estos otorgaron fraudulentamente a sus socios y a sus propias empresas. Para apoyarlos, el gobierno federal emitió pagarés en favor de los bancos privados y comprometió su pago con intereses a cuenta del erario. A los deudores de los bancos, quienes sufrían por un crédito por la compra de su casa, de un automóvil o alguno de tipo empresarial, se les obligó a pagar en UDIS o con la entrega de sus bienes: ningún bono se emitió en favor de alguna empresa o persona atrapada en el pantano usurero de los bancos.
De 1995 a 1997, Zedillo destinó 128 mil millones de pesos para financiar el Fobaproa. Sin aprobación del Congreso de la Unión y utilizando en forma ilegal un fideicomiso creado originalmente para respaldar a deudores morosos, desvió para ese fin recursos del superávit fiscal, remanentes del Banco de México y préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En 1998 hizo aprobar la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para crear el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo al que se transfirió la deuda de los pagarés del Fobaproa, que en ese momento ya ascendía a 550 mil millones de pesos. El llamado “rescate bancario” se convirtió así en deuda pública. Desde entonces, el Ramo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año destina recursos para el pago de intereses de esos pagarés. Reciben tales pagos los bancos y sus socios, aun de aquellas instituciones que en el transcurso de los años cambiaron de dueño y son propiedad de bancos extranjeros como Bancomer, (BBVA), Banamex (Citigroup) y otros.
Los datos presupuestales y de la Cuenta Pública indican que, durante tres décadas, se ha erogado un promedio de 33 mil millones de pesos cada año para tal fin, dinero que podría haberse dedicado a la educación, la salud, la seguridad pública o al impuso de la economía. Los años más gravosos fueron el 2023 y el 2024, cuando se destinaron 54 mil y 62 mil millones de pesos para pagar el Fobaproa. Por sexenios, el gobierno que mayor monto de recursos públicos destinó al pago de esos pagarés es el de Andrés Manuel López Obrador (261 mil 471 millones), seguido del sexenio en que gobernó Vicente Fox Quezada (con 221 mil 571 millones de pesos). Les sigue el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (221 mil 488 millones), Felipe Calderón Hinojosa (130 mil 882 mdp) y Enrique Peña Nieto (con 117 mil 365 mdp). En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo está erogando 52 mil 452 millones de pesos para los pagarés del Fobaproa.
Pese a la continuada sangría de recursos presupuestales y pese a que el monto de la deuda original se ha cubierto repetidas veces, resulta que la deuda neta del IPAB (heredero del Fobaproa) no se ha reducido, sino que por el contrario, ha aumentado para llegar a un billón 18 mil millones de pesos al cierre del ejercicio 2024.
Como se ve con base en la información oficial aquí expuesta, los gobernantes que han desfilado por el Palacio Nacional a lo largo de tres décadas han sangrado al erario con el pago del Fobaproa, independientemente de los colores partidistas. Ninguno ha sido capaz de resolver el problema del “rescate bancario” que saqueó y sigue depredando los recursos de la Nación.
Cincelada: Los pleitos dentro el partido oficial no son “entre buenos y malos”, como dice Hernán Bruera. Parecen más bien disputas por el poder, por el botín y el territorio entre mapaches boreales y mapaches cangrejeros.
