jueves 13 junio 2024

El país de la prensa amenazada

por Jorge Triana

La libertad de expresión, un pilar fundamental de cualquier democracia, continúa bajo una sombra ominosa en México, donde los asesinatos de periodistas han alcanzado proporciones alarmantes.

Desde el año 2000 hasta la fecha, México ha sido testigo de un preocupante aumento de los asesinatos de periodistas, con números que reflejan un declive progresivo de la seguridad de estos profesionales. 

Según datos recopilados por organizaciones como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras, se han registrado alrededor de 200 periodistas asesinados en México durante este período. Además, en el Índice Mundial de Impunidad, México ocupa un inquietante tercer lugar, solo superado por Filipinas y Siria, en términos de impunidad para los asesinos de periodistas.

En lo que va del gobierno de Andres Manuel López Obrador, 41 periodistas han sido asesinados. En todo el sexenio de Enrique Peña Nieto asesinaron a 47 comunicadores. 

En el 2022, México se convirtió en el país más peligroso para la prensa con 13 periodistas asesinados.

Apenas la semana pasada, el comunicador, director del portal online Lo Real, fue atacado a balazos en el estacionamiento de una tienda en Acapulco. Es el segundo asesinato de un reportero este año en esa ciudad, y el séptimo periodista ultimado en el país en lo que va del año. 

Las estadísticas revelan que los asesinatos de periodistas a menudo quedan sin resolver o sin juicio, lo que perpetúa un ciclo de impunidad que desalienta a otros periodistas de investigar temas sensibles o exponer la corrupción y la violencia. Esta situación ha generado un efecto disuasorio significativo para el ejercicio libre del periodismo, lo que plantea serias interrogantes sobre la garantía del derecho a la libertad de expresión en México.

Siguen los ataques sistemáticos del presidente contra medios y periodistas críticos. Estas acciones no sólo amenazan el ejercicio del periodismo independiente, sino que también generan una espiral de violencia contra aquellos que se atreven a ejercer esta noble profesión.

Desde que asumió el cargo, Andres Manuel López Obrador ha empleado un enfoque cada vez más hostil hacia los medios de comunicación que cuestionan su gobierno. Ha utilizado términos despectivos para referirse a periodistas críticos, desacreditando su labor y deslegitimando sus investigaciones. Este tipo de retórica solo sirve para socavar la confianza pública en el periodismo, fomentar la polarización y debilitar el contrapeso necesario para una sociedad democrática.

Esta se semana se cumplen siete meses del cobarde atentado que sufrió Ciro Gomez Leyva, el presidente se solidarizó con el periodosta de dientes para afuera, pero no ha dejado de agredirlo, aún a sabiendas de que éste se encuentra bajo amenaza. En el colmo del cinismo, López Obrador llegó a insinuar que el de Ciro Gómez Leyva podría tratarse de un auto atentado, ya que cree a sus opositores ‘capaces de todo’.

No sólo se ha entrampado la investigación sobre el caso de Ciro Gómez Leyva. Las indagatorias se congelaron, extrañamente, al momento de llegar con los autores intelectuales del atentado. 

Los embistes del presidente a los medios, tienen un impacto significativo en el ambiente informativo del país. Al denigrar a periodistas críticos, el presidente envía un mensaje claro a sus seguidores, lo que puede dar lugar a la propagación de la intolerancia y la violencia hacia aquellos que ejercen la profesión periodística de manera independiente y objetiva. 

La incitación a la desconfianza hacia los medios de comunicación también puede llevar a la deslegitimación del periodismo en su conjunto, permitiendo que el gobierno monopolice la narrativa oficial sin enfrentar un escrutinio adecuado.

La consecuencia más grave de esta estrategia, la estamos viendo: los periodistas enfrentan una escalada de violencia y amenazas por parte de individuos o grupos que se sienten respaldados por el discurso oficial. 

La violencia contra la prensa no sólo representa una tragedia para las familias y colegas de las víctimas, sino que también tiene un efecto paralizador sobre otros periodistas, quienes pueden sentirse amenazados y coaccionados para evitar informar sobre temas sensibles o críticos.

Lamentablemente, es tarde para esperar que el presidente comprenda la gravedad de sus palabras y acciones, y reconozca el papel indispensable que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática, menos en la etapa preelectoral en la que nos encontramos. 

Abatir este flagelo pasa por tener un poder ejecutivo que crea en la pluralidad y en la trasparencia, que esté abierto a la crítica periodística y al escrutinio público. También se requiere de políticas y públicas y protocolos adecuados, ya vendrá la Señora X a ponerlos en práctica el año que viene. 

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