El pasado lunes 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el mayor performance electoral de todo su sexenio: enviará al Congreso de la Unión, 20 iniciativas de ley que proponen cambiar la Constitución “para salvar al pueblo”. Después de cinco años de “gobierno” y después de anunciar su intención durante varios días, no debería sorprendernos que el inquilino de Palacio realice este tipo de artimañas, sin embargo, es tal la dimensión del show que volvió a sorprendernos de nuevo.
Justo el día que se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que es la que nos rige, el presidente decide presentar, en sus ya típicas ceremonias solitarias, rodeado de puros empleados y repleto de un patrioterismo fatuo, su lista de 20 propuestas con las que pretende, según dice, defender su proyecto, consolidar lo avanzado de “su transformación”. Si dicho anuncio no tuviera consecuencias tan nefastas, podríamos reír durante horas, pero la malicia y dolo que lleva detrás es tan dañina, que merece ser explicada.
Escondidas entre una serie diversa de medidas, algunas que de realizarse podrían mejorar las condiciones de millones de mexicanas y mexicanos, como lo es el que el salario mínimo aumente por encime de la inflación o que los trabajadores puedan retirarse con el 100% de su último salario, aparecen otras reformas que atentan directamente contra el buen funcionamiento del gobierno, los contrapesos y la democracia mexicana. Las más nefastas son cuatro: la primera de ellas “en materia de simplificación orgánica”, que pretende desaparecer algunos órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y algunos órganos reguladores del estado mexicano: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La reforma al poder judicial que busca reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte, acortar su vigencia de 15 a 12 años en su cargo, desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, así como que Ministros, Magistrados y Jueces sean elegidos por la ciudadanía. Otra reforma en materia electoral, para desaparecer el actual INE y sea sustituido por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reduciendo el número de consejeros electorales de 11 a 7 disminuyendo su periodo de 9 a 6 años, quienes serían electos por la ciudadanía, además de eliminar la representación proporcional tanto en diputados como en senadores. Y la reforma en materia de Guardia Nacional, que intenta legalizar esta institución sea militar, logrando así, la militarización de la seguridad pública.
Es tal el nivel de concentración de poder que, de lograrse las reformas, recaería en la presidencia de la república, que su enunciación más parece un intento de instaurar un segundo Maximato. Y para lograrlo busca hacer lo que mejor sabe: campaña electoral, agitar el rencor social de las mayorías, burlar la ley y meterse en la elección presidencial del próximo 2 de junio. Porque no nos dejemos engañar con tanto circo, lo que el presidente busca es colarse en el proceso electoral en curso, busca anular a su candidata como sucesora, más bien estigmatizarla como su continuadora. Y lo hace, porque él mismo impulsó a la figura más gris de las opciones de su partido, para incluso, como lo hace con la presentación de sus 20 propuestas de reforma, dictarle la plana. Y lo hace también porque ante su deslucida candidata, la oposición está en posibilidades reales de ganar.
Y esto es lo más grave, pues el presidente sabe que la mayoría de sus iniciativas son tan burdas que simplemente no pasarán. Él sabe perfectamente que no cuenta con la mayoría calificada en ninguna de ambas cámaras legislativas, ni en la de diputados ni en la de senadores, sin embargo, envía sus propuestas porque su intención no es que sean aprobadas, sino que le den la oportunidad de burlar la ley, de saltarse los controles y medidas que le impiden entrometerse en la próxima campaña electoral.
Por eso ya ha anunciado que sus iniciativas serán expuestas ante los medios de comunicación una por una. También por ello, su partido busca “parlamentos abiertos” en ambas cámaras y por eso mismo, su candidata de chocolate, ya dijo que asumirá las 20 iniciativas de reformas, que las hará suyas, claro, porque la figura central de la campaña presidencial de Morena no es Sheinbaum, ella es lo de menos, lo que Andrés Manuel desea es hacer de ella, la extensión de su mandato seis años más, por ello no duda en usar este, su ´magno performance´, así sea al costo de eclipsar a su candidata.
Pero las consecuencias de este espectáculo pueden ser muy graves, así no pase ninguna de sus propuestas, ya que de facto lograría violentar y saltarse toda la legislación en materia electoral, echar atrás los avances en materia de regulación de la participación de la presidencia de la república en los comicios y volver letra muerta todos los límites que se habían logrado establecer en la ley para lograr elecciones en las que prime la equidad, se prohíba el uso de recursos públicos y estén a salvo del poder presidencial. Por ello, ante el performance electoral del presidente, la oposición y las autoridades electorales, deben estar alerta para atajar los intentos de promoción electoral, en el marco de la difusión de sus iniciativas de reforma. Y por otra parte, la candidata y los partidos de la oposición deben afinar las propuestas que confrontarán no a Sheinbaum, sino a los intentos del presidente de aumentar su concentración de poder y con ello fracturar la democracia mexicana.
