Nadie pidió disculpas a los ciudadanos por el fracaso ni por las mentiras que se multiplicaron al tratar de explicarlo. Lo que fue una derrota del gobierno ante el poder del narco en Culiacán –la liberación de Ovidio Guzmán una vez capturado– se intentó presentar como una decisión “humanista” (seguramente se quiso hacer referencia a una decisión humanitaria) porque al dejarlo escapar se salvaron vidas.
No se ha explicado siquiera por qué se afirma que se evitaron muertes con esa medida. Se ha filtrado que los sicarios tenían en su poder a soldados a quienes asesinarían si no se ponía en libertad al hijo de El Chapo o que habían entrado a la unidad habitacional donde viven las cónyuges y los hijos de los militares, a los que también privarían de la vida si no se cumplía su exigencia.
Pero esa información no la ha dado ni el Presidente ni el secretario de Seguridad ni el de Defensa. Lo cierto es que se perdieron varias vidas, muchas más estuvieron en riesgo, Culiacán vivió horas de pánico, se permitió la evasión de un detenido y el gobierno –empequeñecido, atemorizado– se mostró incapaz de cumplir y hacer cumplir la ley, y todo eso fue debido a la improvisación y la torpeza con que se llevó a cabo el operativo.
Lo asombroso no es que el Presidente construya con sus palabras –sólo con sus palabras, sin otro sustento que éstas– una realidad alternativa, pues los gobernantes suelen maquillar discursivamente las zonas sombrías de su actuación, sino que, por lo menos hasta ahora, un segmento de la población le haya creído sin chistar.
Creo que el primero en advertirlo fue Héctor Aguilar Camín: “.. en realidad tenemos dos gobiernos: el que sucede en el ámbito simbólico, en el espacio del discurso del Presidente, y el que sucede en la realidad, en el ámbito del rendimiento de sus políticas públicas. Hay el gobierno de las palabras y hay el de las cifras y de los hechos. El primero es potente y en muchos sentidos hace olvidar al segundo” (Milenio diario, 23 de septiembre).
Si nos atenemos a las declaraciones del Presidente, vamos requetebién en todo, pero los sucesos y los indicadores muestran que hemos empeorado en materias tan delicadas e importantes como el Estado de derecho, la salud, el empleo, los derechos humanos, los programas sociales, la economía y la seguridad pública.
Los hechos son los hechos independientemente de qué personas o medios de comunicación se refieran a ellos. Para cambiar un estado de cosas indeseable, lo primero es conocer qué está sucediendo en el mundo fáctico. Pero el Presidente descalifica a quienes aluden a resultados desfavorables de su mandato, aunque los mismos sean evidentes o consten en cifras oficiales.
En la visión maniquea y burdamente esquemática del discurso presidencial, todo señalamiento de disparates o injusticias de la política oficial proviene de los conservadores, quienes desean ardientemente que el gobierno fracase pues no quieren que las cosas cambien en beneficio del pueblo.
Ante las advertencias de que al país le está yendo mal, el Presidente siempre tiene otros datos –curiosamente no dice cuáles ni cuál es su fuente– o bien dictamina que el asunto de que se trata –por ejemplo, la falta de crecimiento económico– no es lo verdaderamente importante: sólo lo era para los gobiernos neoliberales.
Si se niega lo evidente, no hay manera de corregir acciones y estrategias equivocadas. Es cierto que los sucesivos presidentes mexicanos han rehuido la saludable autocrítica, ese ejercicio que permite enmendar errores y fallas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo se ha exhibido como incapaz de admitir un solo desatino sino que su narcisismo lo hace asegurar que toda crítica a actos u omisiones de su gobierno es de mala fe. Uno de los ejemplos más claros de esa desconexión del mundo fáctico es su reacción ante el frustrado operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán.
Con la aquiescencia del Presidente, un delincuente es puesto en libertad, vándalos destrozan y saquean negocios y dañan la puerta Mariana del Palacio Nacional, facinerosos golpean y humillan a militares y policías, la CNTE impone mediante la coacción una contrarreforma educativa a su gusto. Y, en contraste, alcaldes que sin ejercer violencia alguna piden audiencia son repelidos con gas lacrimógeno.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 24 de octubre de 2019, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
