Poco o nada ha hecho el gobierno mexicano contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilegales. Forzado por la suscripción de tratados internacionales en la materia, hace dos décadas creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pero, respecto de su función, el trabajo de este organismo ha lindado entre la omisión y el contubernio, cosa que evidenció la reciente intervención de tres instituciones bancarias y financieras solo después de que el Tesoro de los Estados Unidos las señaló por blanquear dinero del cartel de Sinaloa.
Cuenta la leyenda que Ambrosio, un labriego español aquejado por las sequías, decidió convertirse en salteador de caminos. Para hacerlo, se armó con su vieja carabina con el fin de amenazar a sus víctimas. Se dice que, debido a que no contaba con dinero para comprar balas y pólvora, cargaba el arma con semillas de cañamones. Pero resulta que, al intimar a quienes sorprendía en el camino, éstos lo tomaban a broma. Ambrosio debía retirarse sin botìn alguno y maldiciendo a su inútil carabina.
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) fue creado en 1989 por decisión del entonces G-8 (actualmente la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). La misión para la que se creó el GAFI es la de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. México ingresó al GAFI en el año 2000 (bajo el gobierno de Ernesto Zedillo) y constituyó la UIF para cumplir una de las recomendaciones del tratado.
Desde entonces, la UIF ha resultado inútil en su función de detectar y perseguir actividades de lavado de dinero y financiamiento ilícito conectadas con el crimen organizado en México y desde aqui hacia otros países. Transcurrieron los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, parte del encabezado por Clauida Sheinbaum, pero con el cambio de personas y partidos y a la par del crecimiento de la economía del crimen organizado, la intrascendencia del organismo se ha mantenido invicta.
Estudios de especialistas como el Signos Vitales, un organismo no gubernamental presidido por el economista Enrique Cárdenas, calculan que el crimen organizado goza de una economía de 4.5 billones de pesos para 2024. Tan grande ese monto, equivalente al 14% del Producto Interno Bruto de México, que se ubica por encima de cualquier rama industrial, agropecuaria o de servicios y es superior al PIB completo de varios países.
La economía del crimen organizado genera recursos procedentes del tráfico de drogas, pero también de la trata de personas, extorsión, cobro de piso, tráfico de armamento, comercio de mercancías pirata, huachicol, robo en general y desvío de fondos públicos, entre otras actividades ilícitas. Los recursos así obtenidos son utilizados para el pago de personal sicario, mensajeros y cobradores, productores de estupefacientes y de mercancías falsificadas, así como para el pago de sobornos a funcionarios públicos y el financiamiento ilegal de campañas electorales.
Es indudable que el enorme monto implicado requiere de procesos de blanqueo que necesariamente pasan por instituciones financieras y bancos, empresas fantasma y empresas legalmente constituidas, así como la anuencia y complicidad de servidores públicos que deberían perseguir las actividades criminales y su secuela económica.
Los recursos de procedencia ilìcita se introducen al país a través del contrabando, mediante el uso de mulas o de operaciones masivas de remesas cobradas por personas que reciben una comisión a cambio. Luego, el dinero ilegal se infiltra a la economía formal a través de cuentas bancarias, inversiones productivas, compra de acciones de grandes empresas, adquisición y construcción de inmuebles, constitución de empresas fantasma, compra de empresas legales, entre otras actividades de blanqueo.
Pasaron por la Presidencia de la República el PAN, el PRI y Morena. Encabezaron la UIF Luis Urrutia Corral (2006-2010), Luis Alberto Balbuena (2011-2012), Alberto Bazbaz (2012-2018), Santiago Nieto (2018-2021) y Pablo Gómez (2021 a la fecha). Ninguno procedió contra el lavado de dinero del crimen organizado. No se recuerda de ellos algún caso notable que haya golpeado a la estructura financiera de las bandas criminales. En cambio, todos ellos presumieron acciones intrascendentes y las utilizaron demagógicamente para hacer propaganda en favor del gobierno en turno y la “decidida estrategia contra el lavado de dinero”. Lindando entre la omisión y el contubernio, la UIF no es otra cosa que una inservible e inútil carabina de Ambrosio que, lejos de preocupar, causa risa a los capos del narcotráfico.
En cambio, esa dependencia pública sí se ha empleado para chantajear adversarios polìticos de los gobernantes y/o “tender la cama” a aliados indeseables (como pasó a Zhenli Ye Gon y a Elba Ester Godillo).
Demagogia, propaganda gubernamental y venganzas, pero no la detección y sanción de la actividades financieras de los grupos del crimen organizado.
Cincelada: Levantadedos que piden resúmenes de iniciativas a una aplicación: asì avanza la destrucción en materia de seguridad, telecomunicaciones o cualquier otra.
