Para justificar la corrupción ensanchada en los últimos años y que ha trascendido mediante explosivas publicaciones como El rey del cash y Guacamaya Leaks, se ha difundido el embuste de que la corrupción solo es tal cuando produce directamente el enriquecimiento personal de quien la realiza. El gobierno federal, sus corifeos (algunos tan acreditados como Bartlett, Bejarano, Beto Anaya) y ciertos intelectuales que le son afines, arguyen que una conducta irregular cometida para “apoyar al movimiento”, “hacer política” o “impulsar la transformación” no es corrupción y, en todo caso según ellos, se trata de una especie de “corrupción buena”.
Andrés Manuel López Obrador encabeza la emisión de estas falacias, en vez de poner el ejemplo con el respeto de la ley a que está obligado y en lugar de aplicar una política anticorrupción. Ante las evidencias videograbadas (nunca refutadas) en las que sus hermanos aparecieron recibiendo sobres amarillos con fajos de billetes de parte del gobierno de Chiapas, salió con que el dinero era de aportaciones con las que el pueblo financiaba su movimiento. Es en torno a esta coartada que cerró filas todo el aparato que debiera perseguir las faltas administrativas y los delitos de corrupción, como también lo hacen los publicistas uncidos a la coyunda presupuestal (productores de narcoseries y ex moneros incluidos) y hasta algunos intelectuales de apariencia más respetable.
En un artículo publicado el 5 de octubre en Milenio, Jorge Zepeda Patterson escribió: “El movimiento (de AMLO), está claro, se apoyó en recursos de militantes… y muy probablemente, en efecto, de transferencias de gobiernos afines. Esto último no sería algo para enorgullecerse, pero palidece frente a la escala en que lo han realizado los gobiernos priistas y panistas”. Para cerrar su alegato contra El señor del cash, el escritor añadió que: “fue algo a lo que Morena se sintió obligado para estar en condiciones de ser competitivo frente a los adversarios a derrotar”. En las líneas transcritas, el escritor recetó a sus lectores la desgastada argucia de que “el PRI robó más”, aceptando tácitamente que Morena y AMLO también roban. Pero además, dejó evidencia de que el fin justifica los medios para el autor de Milena o el fémur más bello del mundo, tanto como para los poderosos más arbitrarios de cualquier época, país y rama de actividad.
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En contra de esta argucia, desde el punto de vista ético son reprochables el desvío de recursos públicos, la exacción de dinero a los trabajadores (mediante descuentos “voluntariamente a fuerzas”), el cobro de moches o “gastos de gestión” a los beneficiarios de la asistencia pública, la simulación de contratos gubernamentales y la obtención de aportaciones de empresarios a cambio de su otorgamiento. Pero, además de carecer de ética, estas conductas están tipificadas por las leyes aplicables como faltas administrativas graves, a la vez que son delitos por actos de corrupción, de conformidad con lo que dice el Código Penal Federal y la ley de delitos electorales.
Alegar que tales conductas perseguían un supuesto fin noble no sustenta ni siquiera una condición atenuante, pues esta figura legal se refiere a las circunstancias que pueden tomarse en cuenta por un juez para reducir la pena del delito cometido, pero no alcanzan para exonerar al culpable. Al contrario, para que produzcan efecto, el delincuente debe confesar el delito, reparar el daño causado y colaborar en la investigación. En lugar de estas acciones de arrepentimiento, los corruptos de la 4T y sus defensores oficiosos se regodean en la impunidad que el presidente les ofrece, la pretenden justificar y hasta presentan sus corruptelas como acciones benignas, si no es que heroicas.
La corrupción en la administración pública se define como el abuso de poder público para obtener un beneficio particular. El beneficio particular puede ser de dos tipos: a) el que incrementa directamente la riqueza patrimonial de los corruptos, y b) el que consiste en invertir los recursos obtenidos para asegurar que el servidor público infractor permanezca en cargos influyentes. Generalmente ambos tipos se combinan, pues parte de los recursos ilegales se incorpora a la riqueza personal de la persona corrupta (utilizando prestanombres o paraísos fiscales), mientras que la otra parte “se invierte a futuro” para mantenerlo en el candelero a él, a su grupo y partido político (y permitirle en el futuro renovadas oportunidades de obtener más beneficios ilegales. Esto último son las verdaderas “aportaciones al movimiento” de las que hablan los cochuperos.
Cincelada: Resulta que el titular de radiodifusión pública de AMLO no solo es su monaguillo y un emisor de falsedades. También utiliza recursos públicos para el pago de antenas ficticias.
