La Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló pliegos de observaciones por 101 mil millones de pesos como resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2019: desvío de recursos, gastos no justificados, contratistas ficticios y beneficiarios fantasma son algunas de las linduras que encontraron los auditores. Pero para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus propagandistas no es esa la nota, sino que el titular de esa institución será sentado en el banquillo de los acusados por contrariar el discurso anticorrupción del presidente y por “dar armas” a sus críticos.
Entre centenares de auditorías de la ASF sobresalió un dato contenido en una de ellas: los 331 mil millones de pesos del costo financiero de la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. La descomunal cifra impactó a los medios de comunicación y provocó enojo y reclamo del presidente, quien dedicó las “mañaneras” de toda una semana para desmentir, criticar y denunciar a la ASF, sin más argumentos que hacerse la víctima y su apotegma de “yo tengo otros datos”. La titubeante postura del jefe de la Auditoría, quien pronto dijo que sus auditores habían incurrido en “errores metodológicos”, alimentó el encono presidencial en lugar de atenuarlo: López Obrador afirmó que tales revisiones sirvieron para “dar armas” a sus opositores. La semana concluyó cuando se solicitó a la Cámara de Diputados una investigación a la ASF y se emitió la instrucción del presidente a sus diputados incondicionales para que “limpien” a esa institución.
Curiosamente, la exigencia de renuncia del titular de la ASF fue planteada también por muchos opositores, que lo criticaron duramente por no sostenerse en el resultado de la auditoría al NAIM. Aparte de que ambas posturas coincidieron en despotricar contra la ASF, tales opositores parecieron ignorar el resultado del conjunto de auditorías aplicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2019, mientras que la posición oficial le echó tierra, pues exhibe la ineptitud, el desapego a la ley y la corrupción que caracterizan la actuación de todas o casi todas las dependencias del gobierno federal. Lo cierto es que, junto a las pérdidas ocasionadas por la cancelación del NAIM, López Obrador pretende descalificar de tajo toda la revisión al primer año de su gobierno.
La ASF practicó mil 358 auditorías, que arrojaron miles de recomendaciones, la promoción de mil 583 denuncias para reclamar responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos y la formulación de mil 492 pliegos de observación, los cuales implican un monto de 100 mil 914 millones de pesos (101 mil, en números redondos).
Los programas prioritarios de la 4T están incluidos en esa numeralia de irregularidades: las obras de relumbrón (el Tren Maya, la base aérea de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Transístmico), lo mismo que los programas sociales, entre ellos las pensiones de los adultos mayores y las de personas con discapacidad, las becas de los ninis, las becas escolares, Producción para el Bienestar, microcréditos, Sembrando Vida, además de la ilegal contratación de los Servidores de la Nación, el ejército electoral del gobierno.
Galo Cañas/Cuartoscuro
Por ramo administrativo, sobresalen los montos de las observaciones a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (23 mil millones de pesos), de Bienestar (3 mil 421 millones) y de Cultura (1,738 millones), así como a las Empresas Productivas del Estado (8 mil 166 millones).
La lectura de los Informes Individuales de Auditoría ilustra con objetividad y detalle la forma en que opera el gobierno de López Obrador, para el cual son estorbos la Constitución, las leyes, la planeación y hasta sus propios reglamentos. También relatan el desvío de recursos que se utilizan en fines distintos a los presupuestados, la falta de comprobación del gasto, las ocurrencias, improvisación y veleidades que son el sello de la 4T. Esto es lo que explica el juicio contra el auditor, que igual pronostica un resultado inculpatorio.
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