El debate acerca de qué hacer con el internet, específicamente con las redes sociales, ronda por todo el mundo y está lejos de terminar. En este espacio se ha explicado que el internet es el medio por el que una sociedad puede concurrir y compartir su sentir, sobre todo inquietudes y malestar, acerca de su situación social. Y a partir de ese sentir, movilizarse en consecuencia, lo que los regímenes interpretan como un riesgo potencial, aunque sea precisamente de la manera en que previamente lograron convencer a una masa crítica de votantes y llegar legítimamente al poder.

En el caso de las propuestas y proyectos de regulación que se han formulado en México, por decir lo menos, buscan burocratizar los términos y condiciones de uso de las plataformas de interacción social, así como establecer un modelo normativo que las convierta en una especie de concesión del Estado, como sucede con los medios masivos tradicionales. Pero no es todo, también buscan contener y, en su caso volver sancionable, el discurso disidente, siempre, como siempre, bajo el pretexto de la seguridad.

Este debate no se va a detener, no es exclusivo de México. En su número más reciente la revista The Economist, en su artículo “Inconvenient truths” cita varios casos donde países, no sólo de talante iliberal o autoritario, han establecido marcos legales que les permiten hacerse árbitros de la verdad al acaparar la facultad de señalar como noticia falsa la información que les resulta adversa, aunque sea real y precisa. Como muy acertadamente escribió Pablo Majluf aquí mismo en casa, en esta revista, el Estado, este régimen disfuncional, busca normalizar su postverdad, su retahíla de ataques, ofensas, imprecisiones y mentiras, convirtiéndola en LA verdad por decreto.

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Este tipo de manejo distópico de la información se hizo especialmente notorio en el pasado año 2020 teniendo como pretexto la pandemia de Covid-19, aun activa al momento del presente texto.

Además, como en los ejemplos citados en The Economist, el Estado busca hacerse de una mordaza que le permita callar cualquiera y todas, las inconvenientes verdades. Aunque algunos, de a pie y fuera de la pantalla les llamamos realidad.

Un gobierno que da prioridad a la seguridad como justificación de su actuar en el entorno digital pasando sobre los derechos humanos, incluso los derechos reconocidos por su propia constitución, va encaminado a ser un ciberregimen. De esa manera con el pretexto de la seguridad, actividades, mensajes y contenidos disidentes o de protesta pueden ser señalados como de cibercrimen, ciberespionaje, o cibersabotaje.

Se tiene que decir con claridad. Las ideas, propuestas, proyectos, o como prefieran llamarle en México los diputados y senadores, a su intento de regulación, está más cerca de un ciberregimen que de un gobierno digital.

El surgimiento de los ciberregimenes es la siguiente etapa de las facultades del gobierno sobre su población aprovechando el uso de las tecnologías de la información. Ya no sólo se trata de convertir al internet en una herramienta de gobierno, sino gobernar a través de internet y gobernar al internet mismo.

En las al menos 3 propuestas conocidas, la característica que comparten es buscar el control del discurso y tipo de comunicaciones que circulan sobre el internet dentro del territorio nacional mediante la legislación conveniente.

No le interesa al régimen proveer los recursos necesarios para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y obligaciones plenos a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, sino que están enfocando sus esfuerzos en convertirlas en instrumentos al servicio del gobierno para vigilancia y control social masivo.

Hoy, para rematar la simulación, se convoca a lo que llaman “parlamentos abiertos”, que no es más que el diálogo de sordos que les servirá para ofrecer la justificación de “haber escuchado a todas las voces”, aunque, como siempre, sólo se obedece a una sola y única voz.

¿Qué es lo que queda?

Regular un medio con capacidad de accionamiento social tan poderoso como las redes sociales va a pasar, pero ¿de qué manera se puede hacer, que no vulnere la libertad de expresión, ni termine convertido en un aparato de vigilancia y control social masivo al servicio de los intereses del Estado y en detrimento de las libertades de la sociedad civil?

La mejor muestra de cuál es el sentido de una propuesta de regulación es ver dónde pone el énfasis, si en facultar al Estado en restricciones y modelos punitivos o dotar de derechos y obligaciones a los usuarios.

Es diferente que un usuario tenga un derecho y ejercerlo en libertad, sujetándose a ciertas obligaciones, que un Estado autoritario buscando la manera de contener comportamientos y discursos por resultarle adversos, aunque lo justifique llamándoles noticias falsas o señalándolos de discurso de odio y cibercrimenes.

El debate debería centrarse en nuevos derechos, reforzar y ampliar el alcance de los derechos existentes, en las formas correctas de hacerlos valer, de defenderlos y, también en las responsabilidades y obligaciones al ejercer esos derechos.

Un gobierno que quiera establecer un modelo virtuoso de regulación de internet y todas las formas de comunicación e interacción que se ejerzan por ese hipermedio, debe además considerar la extraterritorialidad de la tecnología y prever las formas en que la información digital fluye libremente más allá de las delimitaciones geográficas, por lo que no puede ser un esfuerzo aislado entre países.

El mundo interconectado actual no conoce fronteras, por lo que los nuevos modelos de regulación deben evaluarse a partir de la jurisdicción que le compete, pero con alcance global.

Esto eleva el debate, entonces, a que se debe dar un enfoque de colaboración internacional. Así también se entiende que la primera barrera legal que tienen enfrente los amagos de regulación en México es contra la propia constitución mexicana, seguido de contra lo establecido en el TMEC.

A la sociedad civil que configura en su persona al usuario de tecnologías de la información, ninguna regulación debe, ni puede, pasar por encima de ninguno de los derechos humanos, empezando por el de la libertad de expresión y el de la privacidad. Y además, siempre, cualquier idea de regulación en materia de tecnología debe ser vinculante con la industria e iniciativa privada.

Hoy se sigue sosteniendo, antes más bien se refuerza y amplía con sustento, la advertencia formulada en este mismo espacio hace unas semanas; aquellos que desde el Estado hablan de erigirse como los guardias de la libertad de expresión, más bien lo que buscan es en convertirse en el verdadero gran censor e imponerse como árbitro de un medio que no supo ni pudo, autorregularse.

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