30 años del CEU: Principio y cruce de caminos en la izquierda

Los viejos tiempos

 

fueron los nuevos tiempos

 

Los nuevos tiempos

 

serán los viejos tiempos

 

Jaime López

 

 

El Consejo Universitario de la UNAM aprobó en septiembre de 1986, bajo la conducción del rector Jorge Carpizo, un conjunto de reformas que respondían al diagnóstico “Fortaleza y debilidad”. Aquellas reformas, dirigidas inicialmente al reglamento de alumnos –que restringían el “pase automático” del bachillerato universitario a la licenciatura, limitaban la permanencia de estudiantes en situación académica irregular e incrementaban el pago de ciertos servicios educativos (como los exámenes extraordinarios)- despertaron una amplia movilización estudiantil, la más vigorosa y masiva desde las jornadas de 1968.

 

Las universidades y, en especial, la UNAM, eran en ese momento un espacio privilegiado para la expresión política de la izquierda o, más precisamente, de las izquierdas. 1968 se encontraba en 1986 tan lejos y cerca en el tiempo como hoy lo está de nosotros la alternancia en la presidencia de la república del año 2000. Pero a mediados de los años 80, recién sacudidos por el sismo de 1985, el sistema de partidos políticos se encontraba en fase germinal y, a pesar de la protesta social de las dos décadas previas y de la profundidad de la crisis económica, el PRI se mantenía como partido no sólo gobernante sino hegemónico con el ejercicio intacto del hiperpresidencialismo y de lo que el propio Jorge Carpizo había llamado “las facultades metaconstitucionales” del titular del ejecutivo mexicano.

 

La UNAM había vivido una etapa de masificación durante la década de los 70. Se crearon el Colegio de Ciencias y Humanidades, con cinco planteles de bachillerato, que acogían a más de 70 mil jóvenes y se habían inaugurado las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza), que hoy son Facultades. Sin embargo, en los 80 la irrupción de la crisis de la deuda y las consecuencias del ajuste estructural que impuso el gobierno de Miguel de la Madrid, habían frenado la expansión de la educación superior y las universidades públicas vivían inmersas en estrecheces económicas que deterioraron las condiciones de estudio y trabajo. Pero no fueron razones sólo presupuestales las que lesionaron a la educación superior pública, sino el propio proceso acelerado de masificación sin planeación ni planificación con la incorporación de miles de jóvenes profesores sin las credenciales ni habilidades académicas necesarias y, en ciertas áreas e instituciones, por una sobreideologización en las tareas de enseñanza que acabaron por extraviar la brújula y misión educativas a las que se debían y se deben las universidades, en especial las públicas.

 

 

Eran años de crisis en la economía y en las universidades. Fue ese el tiempo en que llegué a la UNAM, con quince años de edad, en octubre de 1986 como alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur o, como todo mundo le conoce en la UNAM, el CCH Sur. Hijo de profesores universitarios, había asistido a escuelas activas en la primaria y la secundaria y crecido en la Villa Olímpica, al sur de la Ciudad de México, conviviendo con los hijos de la izquierda mexicana y del exilio latinoamericano de las dictaduras de los 70. Argentinos, chilenos, uruguayos y alguno que otro boliviano o peruano, eran mis compañeros en la primaria y secundaria, y mis vecinos de infancia y adolescencia. El 68 y el 2 de octubre fueron un temprano y recurrente relato familiar. En casa seguíamos la revolución sandinista de Nicaragua como una gesta propia. En 1985 había colaborado, por razones afectivas de mi familia, pegando carteles en la campaña de Manuel Terrazas a diputado por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Por eso, aunque lo mío aquellos años era o quería ser jugar futbol, el discurso de los activistas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) contra el “Plan Carpizo” no me resultó extraño, ni ser nombrado por mis compañeros de clase de primer semestre como delegado al Consejo General de Representantes (CGR, un acrónimo que entonces infundía respeto) del CCH.

 

Las asambleas empezaron a ser más nutridas, los discursos más entusiastas, las marchas más numerosas y fue, en mi caso, la alegría juvenil y desenfadada del movimiento el imán principal para sumarme en cuerpo y alma al activismo. Vino el júbilo de asistir en Ciudad Universitaria al auditorio Che Guevara (entonces abierto al cine, a la música y, claro, a las asambleas) repleto para atestiguar los diálogos públicos entre el CEU y la rectoría –transmitidos por Radio UNAM, en un ejercicio sin precedente de debate político abierto-; de entrar marchando al Zócalo y colmarlo rodeado de decenas de miles de jóvenes, y qué decir de la experiencia primigenia de estallar una huelga, colgar banderas rojinegras y hacer guardias de día y noche en el CCH, con el zarape, la fogata y la guitarra entonando canciones de protesta (caray, pensar que entonces hasta me gustó oír a Gabino Palomares).

 

En esas jornadas, de forma natural uno iba conociendo a la diversidad de la izquierda universitaria. Entre otros los “troscos” –así les decíamos, no trostkos de Trotski- del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) con su “compañeros y compañeras” que luego cobraría carta de naturalidad en todo discurso políticamente correcto; las mil y un variantes de la Línea de Masas –o “maos”–; los aguerridos oradores del Buró de Información Política –los “bipos”–, que tenían su cuartel general en la Facultad de Ciencias; algunos militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores –el PMT formado por el ingeniero Heberto Castillo-; unos pocos del PSUM –donde yo me autositué-; los integrantes de CC7 –Convergencia Comunista siete de algún mes, que era un desprendimiento de Punto Crítico–, a la que pertenecían algunos de los líderes más conocidos del movimiento, así como un nutrido, disperso y testimonial etcétera de grupos, núcleos y acrónimos de lo que llamamos y ha sido la izquierda mexicana.

 

En ese carnaval de movilizaciones pronto apareció el lado menos lúdico del movimiento y de la militancia: el sectarismo, el dogmatismo, el infundio. Bastó con disentir en una asamblea general de las posturas más radicales para conocer en persona las viejas taras de nuestras izquierdas protagonizadas por jovencísimos activistas. Fue en febrero de 1987, cuando se discutió el levantamiento de la huelga estudiantil una vez que el Consejo Universitario de la UNAM acordara “derogar” las reformas de septiembre de 1986 y dar lugar a un Congreso Universitario resolutivo. Aunque la pasé muy bien en la huelga, estuve a favor de levantarla, de volver a clases y de pensar en el Congreso. “Ya llégale”, me dijo una activista más experimentada tras escucharme argumentar en la asamblea; el mensaje era que si no estaba de acuerdo con seguir con la huelga, debía irme. Me había convertido, para los ultras con los que había compartido guardias a la luz de la fogata, brigadas en autobuses y mercados, en un traidor, por pensar diferente. Por creer que el movimiento había ganado, avanzado, te tachaban cuando menos de ingenuo, de quererle hacer el juego a la rectoría o, de plano, de vendido. Veinte años después, allá en 2006, viví un déjà vu de aquellas reacciones viscerales cuando, ya como profesor universitario, firme un desplegado público disintiendo de la especie de fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año.

 

 

Con todo, la propuesta de levantar la huelga ganó en larguísimas y bizantinas discusiones –la crónica maestra de esos días le corresponde, a quién más, a Carlos Monsivaís en Cuadernos Políticos (núm. 49-50, 1987)–. Luego, cientos de alumnos seguimos reuniéndonos en las asambleas del CEU. Al principio, el espacio de encuentro entre quienes habíamos respaldado el levantamiento a la huelga fue “La corriente”, que juntaba a un variopinto grupo de activistas que se reunía los sábados en el cubículo Marilyn Monroe, a un costado del auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras. Meses después se dio la elección de la Comisión Organizadora del Congreso Universitaria (la “COCU”), con 16 representantes estudiantiles, todos del CEU. Cabe señalar que en esa elección se ganó la totalidad de la representación estudiantil por una fórmula electoral que cualquier oposición habría rechazado pero que como organización estudiantil hegemónica el CEU reivindicó y obtuvo: la planilla con más votos se llevaba los 16 lugares, en claro castigo a las minorías.

 

Las discusiones preparatorias del Congreso Universitario se dilataron y en el tiempo se cruzó el proceso electoral de 1988. La candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas había despertado amplias simpatías populares y buena parte de la propia izquierda universitaria, líderes del CEU incluidos, se sumaron al Frente Democrático Nacional.

 

Al interior del CEU se decantaron tres grandes corrientes: 1) la del “CEU histórico”, identificada con los tres principales líderes –Carlos Imaz, Imanol Ordorika y Antonio Santos–, 2) los estudiantes de “La coordinadora”, que aglutinó quienes desde un principio se opusieron a levantar la huelga y veían al Congreso como una trampa, y 3) los estudiantes más interesados en acudir el Congreso, quienes conformamos la Corriente por la Reforma Universitaria, la CRU.

 

Este último núcleo de activistas se acercó a estudiosos de la educación, como Olac Fuentes Molinar, y durante meses los sábados en un seminario sobre la reforma universitaria discutió problemas de la universidad pública de masas. Fue una experiencia inicial, interesante, también alegre, que exigía estudiar lejos del dogmatismo, que a algunos nos llevó a escribir nuestros primeros artículos de prensa (en el suplemento página uno del diario Uno más Uno, creamos la sección “Reforma Universitaria”). Con ese bagaje, participamos en los llamados foros de diagnóstico de la UNAM, donde debutamos como expositores de ponencias.

 

A la par, hacíamos política universitaria y nuestros compañeros que integraban la Comisión Organizadora del Congreso, encabezados por Ricardo Becerra de la Facultad de Economía, avanzaron en un acuerdo para la realización del Congreso a realizarse en la primavera de 1990. Esa decisión, la de acordar, la de pactar, nos costó cara. Aunque todos los representantes del CEU en la COCU apoyaron la realización del Congreso “por aclamación”, en las asambleas estudiantiles el acuerdo se leyó como capitulación y cundieron las acusaciones de traición.

 

La historia de reformistas siendo atacados por las posturas más radicales está en mil episodios de la izquierda. No fuimos la excepción. Pasamos, según nuestros detractores, del reformismo al entreguismo. La estrategia de descalificar el acuerdo del Congreso y de demonizar a los artífices del pacto, tuvo sus efectos. A los estudiantes reformistas, en general, nos fue mal en las elecciones al Congreso, donde el grueso de los lugares los obtuvieron quienes decían que nada o poco había que ir a hacer al evento.

 

En la CRU, el resultado electoral tuvo entre sus secuelas una honda división. No faltó quien asociara la derrota en las urnas con un error de fondo al apostar por la reforma y con un error táctico al construir el acuerdo con las autoridades y otros sectores universitarios. En esa lógica, sólo ganar es válido en política. Sin caer en un falso idealismo, sigo convencido de que en política uno puede salir derrotado, estar en la minoría y, a la vez, tener la razón.

 

A tres décadas de distancia, veo que buena parte de las pobres prácticas de la izquierda en esos años se repiten una y otra vez y a otra escala: o estas conmigo o contra mi, la lógica del todo o nada –que casi siempre acaba en nada–, el confundir acuerdo con transa, la descalificación y la acusación como recurso básico de la crítica, la tolerancia al vandalismo, la confusión entre autoridad y autoritarismo, la precariedad intelectual. Así que la izquierda en la que me identifico sigue siendo minoría entre la minoría.

 

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