El retraso y postergación de la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovidacontra la Ley Televisa, provocó dudas y cuestionamientos en contra de los ministros y de la Suprema Corte, como institución. El ministro ponente respondió con una frase premonitoria, al final verán de qué “estamos hechos”.
Primero, el proyecto de trabajo presentado para la discusión; después, las resoluciones que han alcanzando durante sesiones públicas de cara a la nación, han demostrado con creces que los ministros están hechos de “buena pasta”. Dejando atrás una muy lamentable historia de ejecutorias dictadas siempre en favor de poderosos intereses privados, hoy resuelven en favor de la nación. Igualdad jurídica ante la ley, rectoría del Estado, garantía de libre competencia, acceso equitativo a los medios, han sido algunos de los principios que han orientado las decisiones de la Corte. La discusión y el desarrollo de estos criterios de interpretación son el campo fértil desde donde deberá surgir la nueva legislación de la materia. Sin embargo, otra consecuencia trascendente de la resolución de la acción de inconstitucionalidad, es darle vigencia al Estado de derecho.
Por muy poderosos que sean los interés económicos siempre deberán estar sometidos al imperio de la ley. Por más que coludiendo y corrompiendo voluntades hayan transformado en norma un acto que pretendió ser un despojo a la nación, todo acto es revisable y subsanable por la vía jurisdiccional.
Con la decisión de la Corte, el Poder Judicial gana en credibilidad. El innovador método de discusión y resolución de la causa, es una práctica judicial que debe instaurarse en definitiva para el futuro, en beneficio de la transparencia de la justicia. Divulgación del proyecto; acceso a sectores de la sociedad civil aun cuando no eran parte; consulta pública a expertos y especialistas; discusiones abiertas y directas, sin intercambios de opiniones previos entre los ministros, indudablemente que fueron determinantes para evitar que grupos de presión distorsionaran el sentido del fallo.
Ahora el Congreso tiene la obligación de abrir y transparentar el proceso legislativo. Una nueva regulación tendrá que ser integral. Nunca más omisiones deliberadas para privilegiar intereses. Nunca más albazos para sorprender a la opinión pública.
En la elaboración de una nueva ley, las cámaras tendrán que recoger y atender las posiciones de todos los sectores de la población. Una legislación de medios tendrá que ser fiel reflejo de una sociedad plural y democrática.
