Entre las primeras acciones de su gestión, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció su inquietud por operar una estación de radio y un canal de televisión. Para lo primero instrumentaría diversas gestiones encaminadas a disponer de la emisora XHOF-FM, que transmite en el 105.7, con el nombre de Reactor y permisionada por la SCT, al Imer.
El 9 de enero, la Dirección General del Imer recibió un primer escrito del secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, en el que solicitaba la “restitución” de la frecuencia mencionada. Dos días después el mismo funcionario emitió un segundo oficio para insistir en su petición. En ambas ocasiones, el instituto contestó a tal pretensión en términos que describo adelante.
El asunto marcó la pauta de un intercambio de oficios y declaraciones, y provocó el interés de diversos actores políticos y sociales, de analistas y comentaristas, que los medios informativos han venido registrando día con día, desde diferentes perspectivas y con matices también diversos.
Sea cual sea la ruta jurídica y por supuesto política que el GDF elija para dar seguimiento a su propósito, es difícil suponer que la solución será cosa de pocos días. En tal contexto, pueden ser útiles algunas precisiones acerca de las funciones del Imer y sobre la citada frecuencia.
En respuesta a los escritos y declaraciones del GDF, el Imer ha insistido en que nuestro marco jurídico establece que las atribuciones legales para resolver sobre el otorgamiento, modificación o revocación de permisos o concesiones corresponden a la SCT, que las ejerce a través de la Cofetel.
Al dirigirse al Imer para reclamar una de sus estaciones, el GDF soslaya que el instituto es legítimo permisionario de la emisora y que la radiodifusión se desarrolla bajo un marco jurídico, en el que existen instancias legalmente facultadas para las distintas funciones administrativas y de autoridad.
Al margen de las razones por las cuales el gobierno de la ciudad haya determinado dirigir sus declaraciones y escritos al Imer y no a la Cofetel, la improcedencia de tal trámite no evita que el instituto reitere ante la opinión pública que su titularidad jurídica sobre la frecuencia 105.7 es legítima, que la ejerce conforme a derecho y que por tanto no es objeto de descalificaciones políticas. Si el GDF tiene una interpretación distinta de los actos legales que la sustentan, debe acudir a las instancias facultadas para resolver una controversia de tal naturaleza.
El GDF subraya el antecedente histórico de que en 1967 la frecuencia 105.7 fue permisionada al entonces DDF, pero no hace lo mismo con el hecho de que en 1983 el mismo decreto presidencial que creó al Imer integró explícitamente a sus funciones la operación de esa emisora como consta en los hechos y en el respectivo expediente , incluida desde entonces la legítima representación legal de la misma ante diversas autoridades y entidades.
Lo anterior fue reconocido y acreditado en 2005 por la SCT al formalizar la titularidad jurídica del permiso en favor del Imer. La fecha de esta formalización no pone en duda su valor ni el hecho de que proviene de acciones legales que datan de 1983. Está claro que cuando nació el GDF en 1994, habían transcurrido 11 años desde que la estación había dejado de formar parte del patrimonio que en ese momento le heredaba la extinta regencia.
El GDF no tiene menos ni tiene más derecho que otras instituciones o actores políticos y sociales a pretender la operación de una frecuencia de radio. Sería de hecho muy interesante conocer la propuesta de comunicación de servicio público que los colaboradores del jefe de gobierno han venido anunciando.
Sería otra buena noticia, por ejemplo, que el GDF considerara respaldar la propuesta que el PASC presentó en la ALDF, para crear un instituto autónomo que se dedique a trabajar en los temas relacionados con los servicios de radio y TV en la capital, en beneficio de la ciudadanía.
Pero si bien no se puede escatimar al gobierno de Marcelo Ebrard su derecho de pedir una estación de radio y recibir de la autoridad competente una respuesta oportuna y fundamentada, tampoco se le puede exentar de su obligación de atenerse a la ruta que prevén nuestras leyes para conseguirla. Lo demás son declaraciones y sólo puede formar parte de la música de fondo que acompaña a nuestro estridente entorno político.
