El 7 de diciembre asistimos a otro fracaso en los intentos de modificar la ley de radiodifusión en México. Éste, sin embargo, nos parece emblemático en por lo menos dos sentidos: uno es que vemos signos de agotamiento en los discursos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en el de los empresarios de la industria y, en general, de los actores involucrados en el tema; el otro es que el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación comprende un mercado financiero extraordinario y la oportunidad para que las audiencias reciban una oferta más amplia, diversificada y plural de contenidos.
Los pronunciamientos hechos desde las esferas pública y privada coinciden en la necesidad de cambiar el marco normativo no sólo para adecuarlo al funcionamiento de la comunicación tradicional sino, ante todo, para hacer converger la radiodifusión con las telecomunicaciones. Hasta ahora, sin embargo, la tensión de intereses que esto suscita ha impedido dar los pasos conducentes aunque -y eso es una paradoja- las posibilidades económicas que brinda este sector podrían alentar los cambios requeridos. En tal orientación, la ingenieria política que supone reformar la ley permite asegurar que esto no resultará del encuentro inasible de voluntades etéreas o de una disputa irreductible, sino de la capacidad de eslabonar intereses en torno de la rectoria del Estado como eje principal.
Desde finales de 2009 hasta los primeros días de enero, y con el antedicho punto de partida, etcétera convocó a revisar las zonas temáticas donde podrían gestarse acuerdos; invitamos a todos los protagonistas de la industria y éste es el resultado inicial de la serie de textos que difundiremos durante las próximas ediciones. En las siguientes páginas, el lector hallará un amplio abanico de ópticas y planteamientos; buscan enriquecer las decisiones que se tomen al respecto sobre la base del esfuerzo intelectual y la vocación política por encontrar puntos de coincidencia a partir de las diferencias. Eso sí, este espacio no es para descalificar, lo proponemos para argumentar.
Ésta es una revista de causas, y entre las principales se encuentra modificar la norma para regular la radiodifusión y las telecomunicaciones, tanto en su operación tradicional como en el orden de las nuevas tecnologías. Por eso planteamos impulsar la reforma posible sin que eso signifique cualquier reforma, sino aquella que, con la rectoría del Estado que tutela ese bien público de la nación que es el espectro, sea capaz de proporcionar certidumbre jurídica y financiera, propiciar la competencia en el mercado y mejorar la calidad de los contenidos, tanto en la esfera de las empresas privadas como en la de los medios públicos y otros alternativos, por ejemplo las radios comunitarias, y es que ninguna motivación empresarial puede situarse encima del interés público.
Queremos contribuir a suscitar el ejercicio intelectual y político que lo antedicho implica, y ello no se debe a un súbito optimismo nuestro en que las cosas ahora sí cambiarán por cierto impulso providencial: estamos seguros de que la ley, tal como se encuentra origina algo similar a una olla de presión: ya ni siquiera ofrece los privilegios de antaño a las empresas de la comunicación que se afianzaron con ese cobijo, sino que además no permite la integración de otros grupos poderosos que quisieran incorporarse en el ramo, a lo que debieran tener todo el derecho.
La dinámica actual en que de cualquier manera operan todos los corporativos de esta industria pone en entredicho a la rectoría del Estado y amplía cada vez más el margen discrecional desde el que el gobierno tome decisiones aisladas según cálculos pragmáticos. Entre otras razones, por eso cada día que pasa se incrementa la respon sabilidad del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión. Creemos que están próximas las decisiones en ambas instancias y por eso buscamos nutrir el debate, pero incluso aunque esto no suceda siempre vale la pena pugnar por una ruta que consolide a la democracia mexicana.
