El mundo entró hace mucho al siglo XXI . En México, en materia de tecnología, estamos todavía varados en el XX, pero con inclinación a regresar al XIX.
Cualquier persona medianamente informada sabe que en las últimas dos décadas se registró en el mundo un proceso de innovación tecnológica llamado convergencia digital. Esto significa que una serie de actividades que antes eran distintas, como las telecomunicaciones y la radiodifusión, se están convirtiendo en la misma cosa.
Esto es algo, sin embargo, que no han entendido ni nuestros políticos ni nuestros jueces, que siguen empeñados en detener el proceso en México. No se dan cuenta de que con esto solamente retrasan lo inevitable, pero además empobrecen a México al reducir la productividad y competitividad del país.
En su fallo de junio de 2007 sobre una nueva legislación de telecomunicaciones y radiodifusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ofreció uno de sus peores fallos de la historia, el cual revela, de hecho, la falta de conocimiento de los ministros sobre los temas de la tecnología.
Los ministros determinaron que los concesionarios no pueden ampliar por decisión propia los servicios que ofrecen al público aun cuando la tecnología y su inversión lo permitan. Para la Corte, cada servicio debe ser objeto de una autorización independiente de una autoridad burocrática. Los ministros, además, decidieron que el regulador para las telecomunicaciones en nuestro país debe ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque para la radiodifusión esta responsabilidad le toca, a pesar de su nombre, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Lo que no entendieron los ministros es que en el mundo de la convergencia digital no se puede mantener esta separación.
La visión decimonónica de los ministros de la Corte podría justificarse por su edad avanzada, pero la comparten muchos funcionarios públicos cuya función debería ser la de promover una mayor convergencia y una mayor competencia. Resulta particularmente notable la decisión de la SCT de impedir a TV Azteca (aclaración de interés, yo colaboro para esta empresa) ofrecer un mejor servicio a los consumidores a través de Hi-TV: 14 canales de calidad digital en la misma frecuencia en la que se transmite un solo canal de alta definición. Lo curioso es que el servicio ya había sido autorizado por la Cofetel, pero la SCT afirmó que este servicio es en realidad de telecomunicaciones y no de televisión (en otras palabras, la televisión no es televisión) por lo que la decisión le toca a ella y no a la Cofetel.
Hemos visto un proceso de apertura demasiado parcial y demasiado diseñado para favorecer a una sola empresa: Televisa, y a sus filiales. A Televisa se le ha permitido adquirir empresas de televisión por cable, a pesar de que es dueña de una de las pocas empresas que puede ofrecer competencia en ese mercado en la actualidad, Sky, la empresa de televisión por satélite. Esto le dio, hasta hace poco, un virtual monopolio en el mercado de televisión de cable. Además se le ha permitido la compra de Nextel, una empresa de telefonía móvil y la comunicación directa llamada trunking.
A Televisa se le ha permitido ofrecer servicios de telefonía e Internet a través de sus empresas de cable. Esto me parece correcto y beneficioso para los consumidores, ya que se ha generado competencia para Teléfonos de México que mantenía una posición dominante en estos dos mercados. Pero la contramedida lógica, que sería permitirle a Telmex ofrecer televisión a través de su red telefónica para competir con Televisa, no ha sido autorizada por la autoridad.
Por otra parte, a Televisa se le ha permitido realizar prácticas monopólicas en contra de MVS y en particular de Dish, una nueva empresa de televisión por satélite, como ha sido retirar de Sky y cable la programación de MVS y negarse a proporcionar a Dish su programación de televisión abierta.
Mi posición personal es que las autoridades no pueden ya seguir siendo un obstáculo para la convergencia digital. No es ya posible que unos cuantos funcionarios, quienes al parecer representan los intereses de ciertas empresas, utilicen el dinero de los contribuyentes para oponerse a los intereses de esos mismos contribuyentes. Lo que los consumidores necesitan de la autoridad es que promueva la competencia y una oferta de mayores y mejores servicios.
Durante los últimos años hemos, sufrido las consecuencias de la sobrerregulación del mercado en la entrada de lo que se ha denominado el triple play: esto es, la unión de los servicios de telefonía fija, Internet y televisión. Sólo a las empresas de televisión por cable se les ha permitido ofrecer este triple play, pero al hacerlo se han visto saturadas y no han podido dar un buen servicio a sus clientes. Mientras tanto la Canitec, la Cámara de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (antes de Televisión por Cable), dominada por Televisa, ha impedido el acceso de Telmex al mercado de la televisión.
Ahora empieza a surgir un nuevo mercado. Lo llaman cuádruple play. Además de los otros cuatro campos, a éstos se les añade la telefonía móvil. Televisa, a la que se le ha dado permiso para adquirir Nextel y a la que se le ha permitido también adquirir y operar frecuencias sin los impuestos a las telecomunicaciones que pagan las demás empresas, tiene una vez más la mesa puesta mientras que las demás enfrentan barreras de entrada.
Los funcionarios públicos mexicanos deben abandonar ya la idea de que su función es impedir la oferta de nuevos y mejores servicios o la promoción de los intereses de alguna empresa. Estoy a favor ya no del triple o del cuádruple play, sino del full play. Esto es, deben derribarse todas las barreras de entrada al mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La función de la autoridad debe ser técnica: simplemente verificar que no haya interferencias ni abusos y otorgar las concesiones a los ganadores de procesos sencillos de licitación, en los que gane el que pague más y no el que mejores relaciones políticas tenga.
Para que funcione el full play, tiene que haber unas cuantas y sencillas reglas. La primera es que cualquier concesionario debe poder ofrecer tantos servicios como pueda en las frecuencias que tenga. Debe tener, también, la seguridad jurídica de que no se le despojará de estas frecuencias a menos de que viole la ley. Otra regla indispensable es la universalización de la interconexión y del must carry y must offer. En otras palabras, ni Telmex puede negarse a conectar a algún competidor ni una empresa de televisión puede negarse a dar su programación a una empresa de cable o satélite para impedir que pueda competir en el mercado.
