Creado el 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral es clave para el desarrollo de la vida democrática del país. Es así porque garantiza una función de Estado al organizar las elecciones federales en México, es decir, las contiendas entre los partidos para elegir al Presidente de la República y a las representaciones en el Congreso de la Unión, a través de las cuales, en distintos ámbitos, se refleja la pluralidad política.
El IFE es un organismo público y autónomo, contiene una estructura organizativa y un capital humano de gran valía que, en sus actividades cotidianas, asegura el funcionamiento de la democracia con el fortalecimiento del régimen de partidos. El quid de su responsabilidad se encuentra en la promoción del voto y en su conteo, así como en la supervisión, y en su caso sanción, de los medios de comunicación electrónicos en la difusión de los anuncios de la autoridad electoral y de los partidos politicos.
Apuntamos lo anterior precisamente porque, dada la envergadura de sus responsabilidades y atribuciones, siempre tendrá sentido apoyar al IFE ante cualquier embate. Aunque no esgrimiendo proclamas, creemos, sino a través de la información, el análisis y el intercambio de puntos de vista, incluso aunque éstos impliquen cuestionar a los funcionarios o consejeros electorales. Por ello es que no coincidimos con esa muy conocida sentencia de que críticarlo implica “hacerle el caldo gordo al enemigo”. Más bien, con parámetros éticos y profesionales, el periodismo ha de alejarse de tal forma de enfrentar los asuntos públicos. Además, en etcétera pensamos que omitir las críticas al IFE no es la vía idónea para apoyarlo. Incluso si vemos signos de erosión institucional provocados también por quienes integran al Consejo General. Veamos un ejemplo.
El “otro tribunal” critica al Tribunal
Con regularidad, lo que resuelve el IFE suscita controversias en aquel espacio que hemos convenido en nombrar “Opinión pública”. La polémica más reciente ocurrió dada la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, por unanimidad, el 14 de septiembre revocó las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión resueltas por el IFE, el 27 de junio pasado. Eso determinaron los magistrados, al considerar que un artículo, el referido a los plazos para la entrega y la difusión de los spots, no estaba debidamente motivado, además de que requería respaldarse en un “estudio de factibilidad técnica” y por una consulta a los operadores de los medios electrónicos, académicos y técnicos expertos.
Como ha sucedido en otros casos, parte de esa opinión pública quiso erigirse en otro tribunal para juzgar a los magistrados por “tomar una decisión inconstitucional” y “estar sometidos al dictado de los poderes fácticos”, o sea, a las dos principales televisoras del país. Y con esos insumos discursivos convocó -como lo hizo el 21 de septiembre el diputado del PAN Javier Corral dentro de una Asamblea Informativa de la AMEDI- a “cerrar filas con el Instituto Federal Electoral”, ya que “no se vale ahora mismo hacerle a los críticos neutrales… porque le damos ideas al adversario”.
Parte de la cultura de la legalidad a la que valdría la pena apegarse implica recordar que una de las funciones del TEDF es resolver en forma “definitiva e inatacable” las impugnaciones de actos o resoluciones de la autoridad electoral, como ocurrió con la inconformidad canalizada ante el Tribunal, por la Cámara de la Industra de la Radio y la Televisión (CIRT) que agrupa a todas las radiodifusoras, no sólo a Televisa y a Televisión Azteca. Por eso es que, en contraste con la postura arriba reseñada, la definición editorial de etcétera, tras expresar su respeto por los magistrados, disintió de que, en su fallo, el tribunal desechara el artículo 48 relativo a la integración de las Radios Comunitarias y, más allá del debate sobre el basamento normativo de los magistrados para ordenarle al IFE que consultara a los radiodifusores, confió en lo siguiente:
“El IFE acatará la resolución del Tribunal y, sin duda, restablecerá el debido proceso para que los cambios al reglamento no vuelvan a ser rechazados. Esperamos que lo haga con toda la pulcritud, mediante el diálogo con los entes regulados, además de considerar a los técnicos y académicos expertos. Con vocación democrática.”
Eso sostuvo etcétera el 21 de septiembre y, por ello, respaldó la decisión del IFE difundida el día 24 del mismo mes dado que, a través de la Junta General Ejecutiva, aprobó una nueva ruta para reformar el reglamento que culminará el próximo 24 de octubre: “El IFE consultará por escrito a los organismos que agrupan a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, así como a grupos afines a la materia, para que en un plazo cierto y razonable, aporten los elementos suficientes para sustentar sus consideraciones”. Y antes, por ello también, esta revista celebró la opinión de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto, quien habló de un diálogo genuino con los representantes de la industria de la radiodifusión y afirmó que se abría la oportunidad de “reconstruir” la relación con los medios.
Los mitos de la defensa al IFE
El fallo de los ministros reconoce facultades legales al IFE para emprender cambios en su reglamento y también concede el derecho a la CIRT para inconformarse con las decisiones de la autoridad. Ello no es poca cosa, porque así se abre la posibilidad para que el IFE inicie, como lo hará, un nuevo proceso para diseñar los cambios relacionados con los tiempos para la entrega de los anuncios de los partidos y su difusión, así como para incorporar a las radios comunitarias.
Varios críticos del Tribunal, integrantes de la AMEDI, afirmaron que la “muy lamentable” decisión “tomada al capricho de las televisoras” ignoró que, no obstante no tener la obligación legal para consultar a los radiodifusores, el IFE sí lo hizo, y como prueba mostraron un documento que, sin embargo, difiere en varios aspectos sustanciales respecto de lo que aprobó el IFE el 27 de junio. Claro que ello no significa desconocer que hubo varias fuertes discusiones entre los consejeros electorales integrantes del Comité de Radio y Televisión y los representantes de la CIRT el fin de semana previo a la reunión del Consejo General del Instituto, pero lo que no se dice es que el texto que se llevó a la mesa del IFE no fue el mismo que el consejero electoral Alfredo Figueroa presentó a los radiodifusores para negociar y en el que, según consta a quien firma esta editorial, estuvieron a punto de quedar fuera las radios comunitarias, un tema que ahora a esos críticos sí les ocupa, tras ignorarlo por espacio de un año y medio desde que, en abril de 2010, se propuso sancionar por 40 mil pesos a Radio Calenda a instancias del PVEM por incumplir la pauta de transmisión de los anuncios de los partidos y la autoridad electoral, o un año después de que el Consejero Marco Antonio Baños propusiera integrar a esos espacios alternativos de comunicación en el reglamento respectivo.
Varios otros críticos del tribunal adujeron también que, a diferencia de lo que afirmaron los magistrados, el IFE sí presentó un “estudio de factibilidad técnica” con el que se comprueba que es posible reducir los tiempos para la difusión de los spots de cinco a tres días si los anuncios se hacían llegar vía electrónica, y a dos si se entregaban en el domicilio legal de las estaciones radiofónicas. No fue así: el Instituto no entregó al Tribunal tal estudio pero, ante todo, vale la pena aclarar, y documentar, otro tema relevante: el IFE intentó consultar a los radiodifusores cuando ya había resuelto los cambios al multicitado reglamento.
Quince días después de la resolución del IFE, y “por instrucciones de la Presidencia del Consejo General”, el secretario ejecutivo dirigió varios oficios con fecha 16 de julio a concesionarios y permisionarios “para desarrollar una serie de visitas ‘in situ’ que permitieran evaluar con precisión las diferentes modalidades de operación de la radio y la televisión mexicana”. Ello para “tener todos los elementos para la redacción de los diferentes lineamientos ordenados por la última reforma al Reglamento de Radio y Televisión, y en particular los Lineamientos de eficiencia”. Para decirlo de otra manera, a destiempo el IFE quiso hacer lo que luego le mandataría el Tribunal.
Las radiodifusoras permisionadas aceptaron que se hicieran las visitas y éstas se llevaron a cabo entre los días 20 y 28 de julio y los directivos afirmaron tener la capacidad técnica para operar la difusión de los spots, tal y como lo definía el reglamento reformado. Tal fue el caso de Radio UNAM que, sin embargo, en 2008 incumplió con 95% de la pauta, mientras que, en lo que va de 2011, registra un incumplimiento de 30%. También vale la pena registrar que TV Azteca y Televisa no aceptaron aquellas visitas; incluso Televisa respondió “que una vez que el TEPJF resuelva las impugnaciones al Reglamento estará en condiciones de recibir la visita del IFE”. (MVS, y el dato no es menor, no le contestó a la autoridad electoral).
Los viajes de Leonardo Valdés
Justo cuando el Comité de Radio y Televisión aceleraba el análisis del reglamento respectivo, el consejero presidente del IFE anunció en Twitter, el 14 de junio, su estancia en Budapest, como parte de los viajes a los que él es asiduo, por lo que en este año ha estado en Viena, Egipto, Nueva York e India, lo que ha suscitado la inconformidad de los demás consejeros aunque, hasta ahora, no ha trascendido a la esfera pública.
El asunto es que al inicio del análisis de un tema tan importante, el consejero presidente salió de viaje para hablar de la democracia en Arabia. Incluso fue a instancias del propio señor Valdés que supimos los inconvenientes de su travesía: el retraso de su vuelo, que estaba muy cansado pero que, al fin, había arribado a París. (Frente a las críticas que recibió en la red social, Leonardo Valdés señaló que siempre viaja “por invitación” -no dijo con qué recursos- y “porque tengo la responsabilidad de representar a una autoridad muy reconocida” y porque el respeto del ciudadano “me lo tengo que ganar a diario”.
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De la responsabilidad con la que asumió el asunto el consejero presidente también da cuenta el tweet que envió justo cuando el comité de radio y televisión resolvió el reglamento: “Espero estén bien, todos los compañeros y compañeras. Por cualquier cosa, estoy atento”. Entonces la autoridad electoral se mostraba orgulloso de ser “el único de América” en estar en aquel evento internacional, “porque el resto eran árabes, franceses y un búlgaro”.
Al atender la democracia en Arabia, el papel de los jóvenes en ese país, así como su cultura democrática y aparte las implementaciones tecnológicas rusas para los procesos electorales, Leonardo Valdés llegó a México sin conocer el reglamento que el Consejo General aprobaría el 27 de junio, por ello es que no supo responder las preguntas que sobre el tema le hicieron los periodistas. Incluso los consejeros electorales Alfredo Figueroa y Benito Nacif fueron quienes las respondieron. Para decirlo de manera: el consejero presidente, Leonardo Valdés, voto un reglamento que ignoraba.
También cabe resaltar que el consejero presidente no atendió al principio de imparcialidad al que la autoridad electoral debe apegarse, al resolver asistir y respaldar, el 21 de septiembre, a la Confererencia Informativa de la AMEDI, que fue muy crítica del Tribunal Electoral. Nos parece que esa actitud no es propia de un árbitro y los demás consejeros electorales están de acuerdo con ese cuestionamiento que le hicieron personalmente, pero que tampoco ha trascendido en público.
“No nos hagamos tontos”
La frase entrecomillada fue dicha en la conferencia informativa de la AMEDI por el diputado Javier Corral, para referirse a que el fondo de todo este litigio no se refiere a la imposibilidad técnica de las televisoras para difundir los anuncios sino a que todo esto trata de cuestionar el modelo de comunicación política resuelto por el Congreso en 2008.
Más allá del adjetivo que sea, pensamos que vale la pena cerrar filas en favor de que, en el ejercicio del diálogo, el IFE afiance su autoridad mediante el diseño de una propuesta que involucre a todos los radiodifusores concesionados, permisionados y comunitarios y no sólo a las principales televisoras (entre otras cosas, porque el reclamo ante el Tribunal fue de la CIRT). Pero además, en apego a la inteligencia, también es conveniente señalar que con el nuevo reglamento habrá el riesgo para que se desplieguen las campañas denigratorias que ahora son prohibidas por la ley.
De cualquier modo, apelamos al diálogo sobre la base de que éste no iimplica tomar dictado de los representantes de la industria de la radiodifusión ni establecer interlocución sólo con ellos sino además con los permisionados y los comunitarios. El diálogo tampoco sugiere accciones autoritarias que dejen fuera a esos actores con el argumento de la autonomía del IFE. Estamos hablando de la oportunidad de construir acuerdos y, para ello, el IFE requiere un rumbo claro, institucional y con vocación democrática, como escribió en Milenio Diario Fernando Mejía Barquera.
“Lo peor que puede ocurrir es que el Instituto electoral actuara con lógica de ‘autoridad’ e imponga decisiones, o que la CIRT decida que ningún formato de consulta le satisface, o bien no esté dispuesta a aceptar reforma alguna, y el proceso electoral de 2012 inicie, en diciembre, con la situación que tenemos ahora, es decir, regido por el reglamento de 2008”.
