Como saben los lectores de etcétera, la relación entre medios de comunicación y elecciones fue modificada de forma sustantiva en la reforma electoral de 2007-2008. Las nuevas reglas incluyeron una restricción general para contratar propaganda política en radio y televisión, el acceso de todos los partidos a estos medios a través de tiempos oficiales administrados por el IFE, la prohibición a utilizar ese beneficio para difundir mensajes denigratorios en contra de competidores, el derecho de réplica y la prohibición a que publicidad gubernamental se utilice para promover la imagen de funcionarios públicos o se difunda en periodos de campaña.
Ese paquete de reglas es lo que llamamos el nuevo modelo de comunicación político electoral y pese a malos augurios en sus primeros pasos, es un hecho que su implementación ha sido viable en más de 50 procesos electorales locales y en una elección federal que renovó en 2009 la composición de la Cámara de Diputados.
Es un hecho también que desde diciembre de 2007 hasta el día de hoy, muchos intelectuales, periodistas y empresarios de la industria de radio y televisión, continúan inconformes por la decisión de los legisladores y califican a esta reforma como un retroceso que limita la libertad de expresión, particularmente por la imposibilidad que existe para contratar spots o cualquier otra modalidad de propaganda en pantallas y micrófonos.
Sobre este tema, en contraste, el último informe auspiciado por la Organización de Estados Americanos, a propósito del estado que guarda la democracia en nuestro continente, centra su preocupación en las distorsiones que genera el dinero en las contiendas electorales, y así, nos presenta como una de sus 10 recomendaciones para reducir la influencia de “actividades ilegales” en la política: “considerar la prohibición, o al menos la severa restricción, de avisos pagados (spots) en medios electrónicos masivos o al menos en la televisión”(Política, Dinero y Poder. Un dilema para las democracias de las Américas, editado por el FCE, pag. 52).
Es decir, si bien es cierto que la prohibición constitucional y legal para contratar propaganda política ha generado una intensa oposición empresarial en México desde su aprobación, también lo es que este tipo de prohibición no es única en el mundo o una ocurrencia mexicana, y que el modelo que tenemos no escapa de estándares democráticos recomendados por instancias internacionales como la ONU, la OEA o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tan sólo en América Latina hay 15 países con reglas específicas para los medios durante las elecciones o límites a la difusión y contratación de propaganda (mismo caso se da en democracias europeas).
Sobre las críticas a la reforma (muchas razonables, como pedir más debates y menos spots cortos), el propio informe de la OEA consigna al respecto: “es común que la idea de regulación en temas vinculados a los medios sea rechazada por quienes sostienen que cualquier tipo de regulación, más allá de sus objetivos, es contradictoria a la libertad de expresión” (pág. 60).
Ya no cambiarán las reglas
No hay manera de modificar ahora esas reglas que configuran el nuevo modelo de comunicación política, ya que el artículo 105 constitucional
establece que no pueden darse cambios de fondo una vez iniciado el proceso electoral. No hay marcha atrás, será la primera elección presidencial que se rija por las fronteras de la reforma electoral de 2007-2008, y toda la experiencia acumulada en los procesos previos, así como las normas y criterios jurisdiccionales que hemos construido las autoridades responsables de aplicar los mandatos constitucionales en esta materia, son la base del terreno de competencia que todos debemos hacer valer en este 2012.
Ningún partido, precandidato, candidato o tercero en su nombre puede competir con dinero en el mercado del tiempo aire para hacer propaganda y todas las emisoras de radio y televisión deben poner a disposición del IFE 48 minutos (96 spots) diarios para difundir los mensajes de autoridades electorales, así como de partidos y coaliciones que compiten ya en sus procesos internos.
No ha sido fácil implementar el modelo, su complejidad obliga al IFE a distribuir directamente pautas de transmisión a 2 mil 335 emisoras de radio y televisión que operan el día de hoy en México (*con corte de COFETEL a diciembre), proporcionar dos veces por semana órdenes de transmisión con nuevos promocionales para ocupar los espacios ya señalados en esas pautas, dictaminar la calidad técnica de los materiales, hacerlos llegar a cada emisora verificar que se difundan correctamente y analizar en caso de queja -y sin censura previa-, que sus contenidos no sean denigratorios o calumniosos, así como investigar y eventualmente sancionar incumplimientos a lo pautado y también, eventualmente sancionar, promocionales pagados ilegalmente que muchas veces se presentan incrustados hasta en telenovelas.
A pesar de lo complejo, el IFE ha logrado aprovechar la experiencia de los últimos años para confeccionar normas fundamentales para la conducción de una elección equitativa, las cuales han sido avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, hoy contamos con un Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado, operando con mayor precisión que en 2009; tenemos también un nuevo reglamento de radio y televisión en materia electoral -aprobado en su versión definitiva el 15 de diciembre pasado- que fue ampliamente discutido y que en sus puntos más relevantes: 1. Acortó los plazos para que los partidos puedan cambiar un spot en la misma semana en que lo solicitan; 2. Reconoció el derecho de las radios comunitarias a solicitar pautados especiales acorde a sus condiciones distintas, ya que si bien son emisoras permisionadas, a diferencia de los llamados medios públicos o universitarios, son radios operadas por voluntarios, que laboran manualmente y sin presupuesto público o posibilidades de comercializar tiempo aire; 3. Refrendó la restricción para que los precandidatos únicos aparezcan en los promocionales de precampaña (destinados para las competencias internas 4. Estableció como obligación de cada emisora de radio y canal de televisión, independientemente de tratarse de una repetidora o afiliada de las llamadas redes nacionales, transmitir los promocionales de la entidad en que son vistas y escuchadas, incluso en periodos no electorales (ya que a juicio del TEPJF, hacer lo contrario lastimaría los derechos de los partidos y autoridades locales y sería un “fraude a la ley” -SUP RAP535/2011-).
Este punto en particular, es quizá el último eslabón de resistencia que una vez resuelto permitirá al nuevo modelo de comunicación política aplicarse en condiciones equitativas y de certeza para que los ciudadanos conozcan las ofertas de los partidos en cada localidad.
Es un debate de la mayor importancia, ya que en los próximos días, el IFE deberá valorar las pruebas que presentaron 157 “repetidoras” de las dos principales cadenas de televisión que hay en el país, las cuales se han opuesto a diferenciar promocionales en el ámbito local, bajo el argumento de que es “imposible” técnicamente “bloquear” la señal que reproducen en sus concesiones locales, pese a que en varios casos, existen grabaciones que demuestran contenidos diferenciados en emisoras que habían afirmado antes imposibilidad de bloqueo.
Insisto, no se trata de un asunto menor. Las principales empresas de televisión, acorde a la COFETEL, concentran 404 concesiones de televisión distribuidas en todo el territorio. Televisa tiene 224 y Televisión Azteca 180, respectivamente, lo que equivale al 95% de la televisión concesionada, que representa, adicionalmente las señales más vistas, con mayor audiencia en amplios sectores de la población. Por ello, si bien todas las reglas del modelo y los criterios están sobre la mesa y no serán modificados, ésta última definición trascendente, a pocas semanas de que arranquen las campañas de tres contiendas federales y 15 procesos electorales locales, exentar de “bloqueo” a prácticamente el 40 por ciento de los canales más vistos, afectaría la posibilidad de apostar por vehículos de comunicación que permitan a cada región, a cada entidad, saber las ofertas de quienes buscan su voto para gobernarlos o representarlos.
La necesidad de “bloqueo” o diferenciación de promocionales acorde a la localidad en la que transmite cada emisora, es una discusión en puerta, el último criterio por definir, el eslabón que falta para que el modelo de comunicación político-electoral enfrente su primera cita con las urnas de una elección presidencial.
