Si usted le preguntara a la gente de las clases sociales más desprotegidas qué tipo de información solicitaría al ejercer el derecho de acceso a la información pública, quizá no le sorprenda que el mayor porcentaje se interesa en conocer los programas de apoyo existentes y la oferta de becas. Y no resulta sorprendente porque dichos datos se circunscriben en la esfera de sus intereses primordiales.
Es una realidad que al crearse en México las leyes federal y estatales de acceso a la información pública, los llamados a ejercerla con mayor énfasis son los periodistas, en razón de su actividad informadora, mientras que el tipo de información que potencialmente solicitarían sería la que pusiera al descubierto malos manejos financieros.
Aunque para ser precisos, originalmente se esperaban muchas más peticiones de información por parte de los comunicadores que las que se han realizado, también hay que aclarar que estas leyes no son de medios ni para periodistas, sino que están pensadas para todas las personas, de ahí la necesidad de socializarlas de manera permanente.
Los periodistas pueden usar las leyes de acceso a la información para hacer ciertas investigaciones; sin embargo, ellos siempre “con ley o sin ley”, como lo señaló alguna vez la periodista Rossana Fuentes- erain en una entrevista, siempre buscan la noticia. La primicia, y “con ley o sin ley”, la consiguen, como siempre ha ocurrido.
Sin embargo, es el ciudadano, el niño, el joven adolescente el que en muchas ocasiones se encuentra desprotegido en materia de información. No sabe a dónde acudir para obtenerla. Desconoce que existen leyes que lo protegen al respecto, y que al usarlas puede tomar decisiones mucho más acertadas, que influirán en su vida diaria.
Debe insistirse en que el derecho a la información se inscribe fundamental y primordialmente como uno de los derechos elementales del individuo en una sociedad democrática. Por ello es importante que el ciudadano común conozca la existencia de esta prerrogativa, y esa necesidad involucra una gran tarea socializadora.
En efecto, una de las tareas más difíciles de llevar a cabo en nuestra sociedad es la de crear cultura. Y sobre todo lograr una cultura acerca de asuntos subjetivos o no materiales. Muchos años ha llevado, por ejemplo, concientizar a la ciudadanía respecto de la protección ambiental o del cuidado del agua, o la obediencia a disposiciones de vialidad y tránsito, a pesar de que implican formas de conducirse en relación con cosas materiales.
Lo anterior viene a colación por el difícil reto que se impone ante los avances en democracia informativa que se han venido logrando en el país, gracias a la aprobación de leyes de acceso a la información a nivel federal y estatal; el reto que impone la vigencia del derecho a la información en México es precisamente socializar el conocimiento de esta prerrogativa en favor de toda persona, bajo el entendido de que no sirve de nada contar con un nuevo derecho cuando no se tiene conocimiento de su existencia y de sus alcances.
En Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 23 de abril de 2002, fue la primera en contemplar un capítulo especial dedicado a la promoción de una cultura de apertura. Ésta es una de las responsabilidades que se encargan a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, organismo de conformación ciudadanizada y con facultades de autoridad, creado para vigilar el cumplimiento y la observancia de la ley en la materia.
Otras leyes que le siguieron a la sinaloense también se han ocupado de la socialización de este conocimiento, como es el caso de la de Michoacán. Y en todos los estados donde existen órganos para el acceso a la información pública, en mayor o menor medida, se han hecho esfuerzos por difundir esta temática.
Sin embargo, aún es necesario redoblar esfuerzos para hacerle saber a la gente que tiene derecho a exigirle información a sus gobernantes y a todo aquel que realiza funciones públicas. Es un hecho que la ciudadanía no está plenamente consciente de que la información pública le pertenece ni tampoco reflexiona todavía que tiene derecho a solicitarla y a que le sea brindada. Si esto ocurre en entidades federativas que son pioneras en el impulso de leyes en la materia, qué podemos esperar de los estados donde éstas son de reciente creación.
El reto de socializar el nuevo derecho no es tarea fácil, mucho menos cuando vivimos en un país donde al ciudadano históricamente se le venía negando este derecho que resulta tan elemental en países donde la democracia se ha consolidado. Y es mucho más difícil esta socialización cuando los organismos que deben llevar a cabo esta tarea carecen de un presupuesto adecuado.
A finales del año pasado, el reconocido jurista Miguel Carbonell, comentó, durante un evento académico realizado en Culiacán, que a los gobiernos les conviene que la sociedad desconozca del tema para que no les pida información. Tiene razón. De ahí que es muy difícil que esta socialización sea apoyada o parta de las estructuras gubernamentales; también es difícil que vean como una inversión los presupuestos que se destinan a dicha socialización, a través de los órganos garantes.
Es necesario despertar conciencia en el sentido de que los gobiernos tienen que comprender que la rendición de cuentas es redituable, y que una sociedad bien informada es más crítica, y que una sociedad que es más crítica colabora con mucho para un buen gobierno. Y el ejercicio de estas leyes supone beneficios tangibles para todas las personas.
La gran mayoría de las comisiones, consejos e institutos para el acceso a la información pública, han organizado una gran cantidad de conferencias, mesas redondas, paneles y talleres de discusión sobre el tema del derecho de acceso a la información pública, en muchos de los casos, contando con la participación de expertos de talla nacional e internacional en la materia.
Sin duda se trata de tareas elementales que han convocado a periodistas, abogados, estudiantes, gobernantes, servidores públicos, activistas sociales, intelectuales, profesionistas, entre otros sectores. Sin embargo, el reto de la socialización es abarcar o penetrar otros sectores, otros grupos sociales de la población; como lo son de empleados, comerciantes, amas de casa, incluso a los niños, y en especial del sector popular, que es donde más carencias de información existen.
El sector infantil es importante ya, pero también en una visión de futuro; por ello –lo hemos escrito con insistencia– y como parte de las responsabilidades de los órganos de transparencia en el país (algunos ya están trabajando en esto), se debe estrechar la vinculación con las autoridades de la educación, con el propósito de introducir en los programas educativos de todos los niveles escolares contenidos que versen sobre el derecho a la información como una de las garantías básicas del individuo.
Las campañas en medios masivos de comunicación es otro campo en el que es necesario trabajar. Con las limitaciones que imponen los elevados costos publicitarios, hay que hacer esfuerzos para mantener campañas de difusión en medios electrónicos e impresos; pero también concientizar a los medios de la importancia que tiene este derecho y su promoción.
