Con su propuesta de leyes reglamentarias para las telecomunicaciones y la radiodifusión, el presidente Enrique Peña Nieto pretende regresarnos al pasado para que el gobierno federal sea el policía de los contenidos.
Volver al pasado
Como si se tratara de la máquina del tiempo, en una vuelta al pasado, a ese pasado en el cual la Secretaría de Gobernación se encargaba de ser el censor general, sus iniciativas enviadas el lunes 24 de marzo al Senado dan cuenta de un retroceso, de una antítesis a la reforma constitucional que avalamos en el Congreso de la Unión para poder contar con empresas de telecomunicaciones y radiodifusión más plurales, con mejores costos, servicios y contenidos para los usuarios.
Si como partido nos sumamos a la aprobación de esa reforma para telecomunicaciones, fue con el compromiso no solo de contrarrestar el duopolio televisivo y de poder contar con una tercera y una cuarta cadena de televisión, lo hicimos en aras de fomentar la competencia en telefonía, en radiodifusión y en los servicios de datos, lo hicimos por el fortalecimiento de los derechos a la libertad de expresión, al acceso de información y a las tecnologías de la información.
A contra sensu, las iniciativas que presentó el presidente Peña Nieto para regular a este sector atentan justamente contra la libertad de expresión e información al otorgar la potestad de la censura a la Secretaría de Gobernación, como ocurría en el periodo de la “Dictadura Perfecta”, como calificó el premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, al régimen priista.
Uno de los aspectos contra los que más se luchó dentro del proceso de democratización del país, fue precisamente la llamada Ley Mordaza, la ley no escrita que, en este país, impedía criticar al Presidente y al ejército, que suprimía cualquier contenido que no fuera halagu%u0308eño para el gobierno. Y ahora, justo cuando debiéramos estar ampliando nuestro régimen de libertades mediante una ley secundaria, el Ejecutivo del país pretende regresarnos al oscurantismo, al control de lo que se dice o no en los medios masivos como la radio y la televisión.
Además, dentro de los contrasentidos de las referidas iniciativas, suprime en su propuesta la clasificación de los programas, con la cual cuenta la ley federal de Radio y Televisión desde el periodo de Adolfo López Mateos.
Una contrarreforma
La contrarreforma que Peña Nieto envió a la Cámara Alta, contraria a su compromiso con la reforma constitucional del año pasado, no establece un marco de competencia entre los concesionarios de televisión comercial en este país, por el contrario, pondera darles condiciones de privilegio a las cadenas ya existentes. Lo mismo ocurre con el caso del otro agente preponderante: Carlos Slim. A ambos se les obsequia una regulación laxa en el apartado que se encarga de “acotar” a los agentes preponderantes.
Sobre este particular, Televisa fijó su posición mediante un comunicado en el que considera excesiva la regulación secundaria porque la iniciativa no prohíbe de forma expresa a Telmex y a Telcel la discriminación de tarifas en función del destino de la llamada, “con lo cual se mantiene el denominado ‘efecto club’, que inhibe la competencia efectiva y perjudica a los usuarios”.
A su vez, subraya que “algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas”.
Otra promesa no reflejada en el articulado de esa ley tiene que ver con la regulación de la publicidad, uno de los aspectos que más crítica ha recibido por parte de los especialistas, porque los infomerciales dentro de los programas televisivos son la constante. A pesar de su compromiso, la ley que se pretende aprobar en la Cámara Alta no contiene criterios claros ni sanciones. La argucia legal es medir la publicidad por el tiempo total de programación, en vez de hacerlo por horas de transmisión.
Otorgar concesiones ad infinitum es otro de los regalos para los empresarios de este sector que lucra con el espectro radioeléctrico. Así, se establece en el artículo 72 que las concesiones llamadas en dicha propuesta únicas “se otorgará (…) por un plazo de hasta treinta años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales”.
El trato es desigual si tomamos en cuenta que en el artículo 83, con relación a las concesiones para uso público o social, se otorga la mitad del tiempo. El artículo en mención establece: “Las concesiones (…) para uso público o social se otorgarán mediante asignación directa hasta por quince años, y podrán ser prorrogadas por plazos iguales…”.
El terreno permisivo planteado por esta iniciativa se muestra también en el artículo 113, donde se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un plazo de 180 días para resolver sobre la prórroga de la concesión, empero se apunta que “en caso de que el instituto no resuelva en el plazo señalado, se entenderá por prorrogada la concesión única”. Es decir la afirmativa ficta para las empresas.
Mientras que a los Medios Públicos no se les permite comercializar sus espacios para obtener recursos y poder autofinanciarse, y con ello mejorar su infraestructura y competir en mejores condiciones. El peso que deben tener estos vehículos de comunicación sigue siendo un asunto que no importa a la autoridad, pese a su importancia social.
¿Y los Medios Públicos?
Justo sobre este punto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), al establecer su postura sobre la iniciativa, destaca: “contiene una omisión grosera en lo que corresponde a los medios públicos, al desestimar los principios a los que se refiere el artículo Décimo Transitorio para que cuenten con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; defensa de sus contenidos;
opciones de financiamiento, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Además de excluir en los medios de uso público a las instituciones de Educación Superior”, caso en el que se encuentra el Canal 11.
Para hacer un comparativo entre las actuaciones de los regímenes panistas y el priismo, puedo decir que los primeros permitían requisas particulares, como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox con el despojo del Cerro del Chiquihuite (así se apropió TV Azteca de la concesión de CNI Canal 40), mientras que el segundo plantea una requisa pública en caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público, la paz interior del país, la economía nacional o para garantizar la prestación de los servicios públicos. Esta medida incluye en el articulado indemnizar al concesionario afectado.
Ante este panorama, el camino más viable sería modificar el articulado para ajustarlo a la reforma en esta materia y no mantener una contrarreforma, que puede provocar un proceso judicial.
Es urgente contar con Medios Públicos y privados con mejores contenidos, que se desarrollen en un marco equitativo de competencia para beneficios de las audiencias.
