A diferencia de los medios de la capital de la República, que gozan hasta cierto punto de amplia libertad para expresar y publicar casi cualquier cosa, en los estados del resto del país el periodismo es un enfermo terminal, que agoniza entre las balas de la delincuencia y la mordaza autoimpuesta a cambio de convenios publicitarios y canonjías del poder.
Cercados por el crimen organizado, las presiones de los gobiernos locales y los intereses económicos y políticos de los dueños de periódicos y los concesionarios de la radio y la TV, los reporteros que realizan su labor en las entidades federativas de México se debaten entre ser transmisores de boletines o asumir por su cuenta los peligros de hacer su trabajo, a riesgo de su estabilidad laboral y de su propia vida. Veracruz es uno de los ejemplos más claros, y más crudos, de esta realidad.
No por nada organismos como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras han catalogado a Veracruz como el estado mexicano más peligroso para ejercer esta profesión, en el que en los últimos años han sido asesinados -con brutal impunidad- el mayor número de periodistas y trabajadores de los medios en el país: nueve, tan sólo durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, que en diciembre cumple tres años de gestión.
Pero la degradación de la actividad periodística va más allá de las agresiones contra la integridad física de los comunicadores. Desde hace casi una década, comenzó a experimentarse en Veracruz una tendencia a uniformar la información en todos los medios, a desaparecer de éstos la crítica a los gobernantes y a convertir las páginas de los diarios y el espacio en los noticieros de medios electrónicos en un compendio de información boletinada desde las oficinas de prensa de los gobiernos en turno, situación que se agudizó en el actual régimen estatal.
En los hechos, esto ha significado la muerte del periodismo en Veracruz. Al menos en sus formas tradicionales. Y con todo y que constituyen un espacio de libertad para dar a conocer lo que en los demás medios se calla, las redes sociales tampoco son la panacea, convertidas más bien en campo propicio para la guerra sucia entre actores políticos y hervidero de versiones sin confirmar.
José Miranda: el inicio del terror
Los ataques abiertos contra periodistas en Veracruz comenzaron a finales del sexenio de Miguel Alemán Velasco, con el crimen -hasta la fecha sin resolver- de José Miranda Virgen en 2002.
Maestro de generaciones de reporteros y fundador de varios periódicos a lo largo de su carrera, José Miranda Virgen era una de las figuras más respetadas del gremio en el estado. Hacia finales de 2002, publicó en varias entregas de su columna “El espejo del poder” información sobre presuntos vínculos de altos funcionarios del gobierno de Miguel Alemán Velasco con el narcotráfico. Y anunciaba que daría nombres. No se lo permitieron.
Justo al llegar a su casa en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, en la madrugada del 12 de octubre de 2002, una “explosión en su cocina” -que por alguna razón extraordinaria destruyó su sala- le provocó quemaduras de tercer grado por todo el cuerpo que terminaron costándole la vida días más tarde.
Luego de la muerte de Miranda, los directores y editores de algunos de los principales diarios de la entidad – incluido Imagen de Veracruz, donde el periodista publicaba su columna – agrupados en la Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz (APEV), “exigieron” una investigación al gobierno estatal. Peritos de la Procuraduría de Justicia la realizaron. Su conclusión: un “lamentable accidente”. La APEV aceptó sin chistar el dictamen oficial.
Hacia 2006, el diario Imagen de Veracruz intentó “reabrir” el tema con un trascendido en el que se afirmaba que “existe un testigo presencial que vio a una persona arrojar un explosivo hacia el departamento de Pepe y cómo se inició el incendio que provocó el fallecimiento del columnista. La narración se hizo frente a tres prestigiados notarios públicos”.
Después de esto, no volvió a hablarse del caso en los medios veracruzanos, más que para recordar sus exequias.
El fidelato: la jauja del chayote
Durante su sexenio, Fidel Herrera Beltrán encontró una manera menos estridente y más efectiva de controlar la información que se difundía en los medios de comunicación. En lugar de pelear con la tropa, con los reporteros, se entendió con sus jefes, con los directivos y dueños de periódicos y emisoras.
Y le resultó muy bien. A lo largo de su administración -e incluso desde su campaña por la gubernatura- desapareció la crítica en su contra, se ensalzó a niveles incluso absurdos cualquier declaración, obra o acción que realizara, y acaparó los titulares de todos los medios durante seis largos años.
¿Cómo lo hizo Fidel Herrera? A través de jugosos contratos de publicidad con los medios, los cuales estaban condicionados a que se destacara la figura del gobernador y se ignorara o en su caso se atacara a sus enemigos. De lo contrario, la amenaza de cancelar el “convenio publicitario” se hacía efectiva de inmediato.
En el fidelato también se promovió el surgimiento de la mayor cantidad de pasquines de que se tenga memoria en la historia de Veracruz. Apoyados con recursos oficiales, cientos de “periódicos” y “agencias” vía Internet aparecieron a lo largo del territorio veracruzano, sin mayor interés por ofrecer alternativas noticiosas. El objetivo último era endiosar a Fidel Herrera Beltrán, un consumado megalómano que nunca tuvo empacho en abrir la chequera para pagar loas a su persona y su administración.
Con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa las cosas cambiaron en ese sentido. La mayoría de los pasquines del fidelato desaparecieron pues, además de que el actual gobernador desprecia a los medios y a los periodistas, y maneja su relación con ellos como la que se tiene con “un mal necesario”, ya no había recursos presupuestales para mantener a tanto parásito.
Así que el duartismo optó por privilegiar solo a los medios “fuertes”, con los que, eso sí, la cobertura informativa que se acordó desde el sexenio anterior permanece intacta.
Descomposición total
La primera mitad del sexenio de Javier Duarte de Ochoa será recordada históricamente como la etapa más oscura para el periodismo en Veracruz. En los dos primeros años del duartismo, nueve reporteros fueron ultimados sin que hasta la fecha haya explicaciones ni averiguaciones satisfactorias en ninguno de los casos. La lista de los muertos sigue siendo una herida abierta y dolorosa que no cicatriza. Noel López Olguín (Noticias de Acayucan, 31 de mayo de 2011 Miguel Ángel López Velasco y Miguel López Solana (Notiver, 20 de junio de 2011 Yolanda Ordaz (Notiver, 27 de julio de 2011 Regina Martínez (Proceso, 28 de abril de 2012 Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez (Notiver, Veracruz News y AZ, 3 de mayo de 2012 Víctor Báez (Milenio El Portal, 14 de junio de 2012). Estos son los nombres que marcan la ignominia de un régimen que prefirió acusar a la mayoría de ellos de trabajar para los delincuentes que asuelan Veracruz desde el sexenio fidelista, o bien atribuir sus muertes a causas ajenas a su actividad profesional. Cualquier cosa, cualquier injuria, antes de investigar nada.
La respuesta del gobierno de Javier Duarte hacia la violencia asesina de comunicadores fue la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, un ente burocrático con cargo al erario estatal, que por la misma naturaleza de su origen gubernamental no sirve más que para realizar tibios pronunciamientos cuando algún reportero es agredido por policías o funcionarios menores, y cuyas resoluciones no son vinculatorias y por ende son como los llamados a misa. En suma, un elefante blanco para darle chamba a los compromisos que no habían alcanzado “hueso” y para mantener “tranquilos” a los medios.
En medio de esto, persiste la relación de control absoluto de lo que se publica en los periódicos veracruzanos. No es raro observar colgados en cualquier puesto de revistas de cualquier ciudad a los diarios de la entidad impecablemente alineados, con el mismo encabezado principal y la misma foto ilustrándolo.
Y no, no es que los directores o los jefes de redacción de los impresos tengan iluminaciones astrales que conecten sus mentes y los hagan coincidir palabra por palabra en sus titulares. Éstos son religiosamente dictados desde la oficina de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, que dirige Gina Domínguez Colío, una de las funcionarias más poderosas del régimen duartista. Desunión, traiciones y esquiroles
Aunque desde el asesinato de Víctor Báez en junio de 2012 no se ha registrado otra ejecución de un comunicador en Veracruz, la precariedad con que se realiza esta labor en la entidad es alarmante.
Un número indeterminado de periodistas sigue exiliado de Veracruz al no haber condiciones para desempeñar su trabajo con seguridad, y los que regresaron tras la ola de violencia o se quedaron y se niegan a renunciar a la crítica, lo hacen en un ambiente hostil, acosados por el poder público, que tras las elecciones locales de julio pasado, en las que el PRI arrasó a sus oponentes, siente que puede hacer lo que le plazca, pues no tiene contrapesos políticos reales.
A esto hay que agregar que los medios de comunicación en Veracruz pagan verdaderos salarios de hambre (cinco mil pesos al mes en promedio), la gran mayoría no ofrecen seguridad social a sus trabajadores, y a la primera llamada de queja desde la Coordinación de Comunicación Social por una pregunta incómoda o una nota no grata para el régimen, mueven de sus fuentes a los reporteros, cuando no los despiden, aterrados por la posibilidad de que les sea cancelada la publicidad oficial o el simple “chayote” que se paga sin mediar factura.
El gremio periodístico veracruzano en mucho ha contribuido para llegar a tal estado de postración. La desunión, la traición, el espionaje entre pares (a través de “orejas” habilitados como reporteros), la venta de plumas al mejor postor para destrozar en los medios oficiosos a los comunicadores “molestos”, ha terminado por pulverizar cualquier intento de esfuerzo colectivo independiente y digno. Va un ejemplo. El pasado domingo 28 de abril, decenas de periodistas veracruzanos y de otros estados de la República marchamos en las calles del centro de Xalapa para recordar y exigir justicia para la querida compañera Regina Martínez a un año de su artero asesinato, que se ha vuelto emblemático de la ausencia de una verdadera y plena libertad para ejercer el periodismo en el estado.
Por la tarde de ese mismo día, se difundió masivamente en las redacciones y en los correos de los reporteros, a través de un boletín, la creación de la asociación “Reporteros Veracruzanos Independientes”. En el comunicado se establecía, entre otras cosas, que “no buscamos otro objetivo que el de mejorar la formación periodística de todos nosotros, y a la vez, demostrar que al igual que el resto de los profesionistas, somos capaces de agremiarnos y que no necesitamos que venga nadie a decirnos cómo hacerlo o querer representarnos, nos conocemos muy bien y sabemos de nuestras trayectorias” (sic).
Después de esa fecha, nada ha vuelto a saberse de la mentada asociación. Pero el mensaje fue un acuse de recibo a la solidaridad expresada por organismos como Periodistas de a Pie, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, que participaron en el acto en memoria de Regina Martínez. El uso de esquiroles como política de comunicación y gobierno.
El deber
Con todo y lo anteriormente expuesto, persisten los esfuerzos que todos los días llevan a cabo reporteros comprometidos con su labor, incluso a pesar de los medios en los que trabajan, y las más de las veces, sin el menor apoyo de los mismos.
El uso responsable de las redes sociales también ha permitido que se conozcan y difundan los excesos en que se incurre desde el poder y que las voces de crítica no puedan ser totalmente acalladas, lo que de otra manera sería imposible. Ello, sin dejar de señalar los excesos que, a su vez, se cometen en las propias redes, campo fértil para la diatriba, la difamación y la difusión de rumores sin fuente ni confirmación. He ahí la diferencia entre el periodismo real y quienes creen que por escribir cualquier insulto o sandez desde el anonimato, hacen el trabajo de los reporteros, cuya vida les va en su quehacer profesional.
El reto del periodismo actual en los estados de México, y en Veracruz en particular, es no ceder, no callar y no bajar la guardia. El silencio es propio sólo de los sepulcros. E incluso, desde varios de éstos, el clamor de justicia suena como un grito desgarrado que debe, necesita ser escuchado.
