Nayib Bukele, el millenial y excéntrico presidente de El Salvador, continúa en el centro de la atención internacional por su peculiar y “exitoso” estilo populista de gobernar. En la recta final de su mandato acapara los reflectores de diversos políticos, funcionarios de agencias internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, analistas y periodistas, especialmente de la región latinoamericana, quienes observan tanto con fascinación unos, como espanto y desaprobación otros, un eficaz y autocrático estilo de gobernar que cabe ya perfectamente en los diversos manuales al uso de reciente aparición, donde se explica cómo en nuestros tiempos se desmantela desde su interior la democracia por líderes, como Bukele, que llegan al poder de manera democrática y utilizan dicha legitimidad y popularidad para dinamitar desde sus entrañas a la democracia misma.
Bukele busca perpetuarse en el poder, y al parecer tiene todo para conseguirlo porque goza de altos y sostenidos índices de popularidad, no enfrenta una oposición digna de ese nombre y ha consolidado el control del aparato estatal salvadoreño en torno a su figura y su círculo cercano de poder. Por otra parte, si bien los organismos multilaterales que vigilan el desempeño de las instituciones democráticas desaprueban abiertamente el comportamiento autoritario de este presidente, no parece que tengan capacidad efectiva para persuadirle de que lo revierta o modifique. Al contrario, en el plano internacional el fenómeno Bukele parece convertirse entre políticos de derecha —de Argentina y Chile, pasando por Colombia, hasta Honduras o Guatemala— en un atractivo, aunque improbable, modelo a replicar. Cómo Bukele ha conseguido generar ese peligroso espejismo es lo que se describe en este breve texto.
En efecto, desde su llegada a la Presidencia el 1 de junio de 2019, el comportamiento de Bukele como gobernante ha tenido una congruencia feroz consistente en concentrar en su figura el poder político a costa de erosionar o anular el Estado democrático de derecho. Hay que mencionar que durante la primera mitad de su gestión este presidente debió gobernar asumiendo la típica dificultad democrática de enfrentar un Poder Legislativo que no controlaba en virtud de que la oposición era mayoría. Sin embargo, un rasgo distintivo de Bukele ha sido su impresionante habilidad para utilizar a su favor las redes sociales y, apropiándose de los ahora ya lugares comunes de la narrativa populista (es decir, centrar su discurso en la crítica a la “vieja política” y todo lo que ello conlleva, como reiterar el desprestigio de los partidos políticos, presentarse como un outsider de la política, vender con éxito la visión maniquea de una élite corrupta en el poder versus un pueblo bueno oprimido que él es capaz de representar, etcétera), lograr mantener extraordinarios niveles de aceptación y popularidad.
Ello le permitió en los comicios de medio término (2021) controlar ampliamente el Poder Legislativo y, a partir de ahí, lanzar una agresiva campaña en contra del Poder Judicial, lo cual significó en los hechos la virtual eliminación del sistema institucional de pesos y contrapesos del régimen democrático salvadoreño. La crónica de este asalto es ciertamente demoledora: la contundente mayoría legislativa leal a Bukele destituyó de manera fulminante a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la nación poniendo en su lugar a funcionarios dóciles al mandatario. El siguiente paso fue tomar el control del Consejo Nacional de la Judicatura. De la misma manera impulsó una acelerada reforma institucional que operó una conveniente jubilación (depuración) automática de jueces, al mismo tiempo que impulsó medidas similares en el ámbito de la burocracia de control fiscal y de rendición de cuentas para realizar remociones arbitrarias y discrecionales del personal adscrito a dichas carteras.
Cuando un líder autocrático encuentra condiciones favorables para concentrar el poder no se detiene. Durante el siguiente año (2022) el proceso de captura de instancias del Estado salvadoreño independientes del Ejecutivo continuó con un conjunto de medidas avaladas también desde el Legislativo para socavar el acceso ciudadano a la información pública y reducir la autonomía del órgano creado en tiempos recientes al calor de los impulsos democratizadores para tal propósito, es decir, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Las reformas realizadas otorgaron rango de información confidencial a la declaración patrimonial de las personas que ejercen funciones públicas, crearon nuevos mecanismos que dificultan el acceso a la información y aumentaron las facultades del presidente de dicho instituto para permitirle tomar decisiones sin el aval del resto de comisionados.
No puede dejar de mencionarse que no hay liderazgo autocrático al que no le incomode sobremanera la libertad de expresión, y Bukele no es la excepción. Su régimen ha sido claramente hostil hacia los medios de comunicación que en general percibe como críticos y en particular ha impulsado agresivas medidas de hostigamiento contra la prensa independiente. El ejemplo más ilustrativo al respecto ha sido la campaña de persecución contra el reconocido periódico electrónico El Faro, cuyos directivos viven en el exilio, además de que está demostrado que al menos a 22 de sus periodistas se les espió por medio del software Pegasus.
Toda esta apretadísima crónica nos conduce al centro de esta nota: explicar una de las razones de la extraordinaria popularidad de Bukele, sustentada en la adopción de una eficaz y brutal estrategia de seguridad pública y cómo ello garantiza virtualmente su inconstitucional reelección en las próximas elecciones del 2024.
El Salvador, en efecto, es un país que lleva un año viviendo bajo un régimen de excepción que limita los más básicos derechos y libertades constitucionales. Tal medida se decretó en respuesta a la ruptura de una tregua (no declarada, pero existente) entre Bukele y los líderes de las principales organizaciones pandilleriles (maras) que, como un perverso subproducto de la guerra civil salvadoreña, existían (y existen) como un cáncer que a lo largo de más de 30 años se han dedicado a vivir de la extorsión, el secuestro, cobro de piso, narcotráfico y demás actividades delictivas propias de las mafias y el crimen organizado. Todas estas actividades criminales han caído sobre los hombros de la población más pobre y vulnerable de El Salvador. Sin duda, han sido un evidente pasivo para los distintos gobiernos de posguerra que se vinieron alternando al frente del control de las instituciones del Estado salvadoreño. Bukele, fiel a su estilo de gobernar montando espectaculares escenificaciones políticas, lanzó una ofensiva policiaco-militar a fondo contra las pandillas con resultados controvertidos, pero igualmente eficaces.
Veamos los datos. En 2015, en El Salvador se recogían de las calles 20 cadáveres diarios, y tras la ofensiva contra las pandillas ese número se redujo a menos de tres. En 2015 el país tenía una tasa de 103 muertos por cada 100 mil habitantes, es decir, una de las más altas del mundo; en 2022 esa tasa cerró en 7.8. Los barrios populares, donde sus habitantes vivían cada día un infierno a merced de la arbitrariedad de los mareros, fueron limpiados y la paz y la tranquilidad volvieron a esos suburbios olvidados de la mano de Dios. Los resultados, pues, son inapelables. Las pandillas fueron desarticuladas en sus propios bastiones y la violencia social se ha reducido a niveles de países, digamos, con indicadores convencionales. Pero ante ello surgen dos preguntas de sentido común: ¿cuál es el precio que se ha pagado?, ¿esa estrategia es sostenible en el tiempo o replicable en otros países y contextos con problemas similares de violencia e inseguridad?
El precio pagado es transparente: a lo largo del año en curso, los abusos y atropellos contra los derechos y libertades se acumularon exponencialmente. Más de 65 mil personas han sido encarceladas. Organizaciones sociales, entre las que destaca la Fundación para el Debido Proceso, documentan que hay 5 mil 490 personas encarceladas ajenas a cualquier organización delictiva y se han probado al menos unos 13 mil 581 actos violatorios a los derechos de las personas, de los cuales 95 por ciento están asociados con la detención arbitraria. En resumen, los organismos civiles defensores de derechos humanos han denunciado y comprobado que durante el año en la campaña contra las pandillas el gobierno de Bukele incurrió en uso extremo de la fuerza, que ha incluido muertos por torturas, golpes, estrangulamientos, hacinamientos extremos, violaciones al debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia.
Esta estrategia de mano ultradura contra la violencia pandilleril tiene a Bukele, en términos de popularidad, en los cuernos de la luna. Goza al menos de 80 por ciento de popularidad en encuestas realizadas por empresas de prestigio dentro de El Salvador, mientras que Latinobarómetro, en su más reciente medición (agosto de 2023), le asigna incluso un 90 por ciento de aceptación. Por ello Bukele ha oficializado ya su candidatura a la reelección a pesar de que existen claramente candados establecidos en la Constitución (artículo 154) que le impiden repetir su mandato. Lo anterior le tiene sin cuidado dado que con el control que tiene del aparato judicial ya tiene trazada la vía amañada de interpretación legal con la que le dará la vuelta a la Constitución salvadoreña.
Por otra parte, queda claro que este modelo de mano ultradura frente a la delincuencia es insostenible a mediano y largo plazo. Llenar las cárceles no puede ser la respuesta a problemas estructurales de largo aliento como la pobreza y la exclusión social, que suelen ser los que —no únicamente— alimentan la delincuencia en nuestras realidades latinoamericanas. Tampoco es una respuesta que se pueda replicar mecánicamente. La historia de El Salvador es muy particular como para poderle funcionar a aquellos políticos de derecha que, carentes de imaginación, van a campañas electorales emulando fórmulas bukelences. Sin embargo, tal vez no debamos echar en saco roto la reciente advertencia del escritor Martín Caparrós, quien, en su exitosa columna del diario español El País (“El ejemplo Bukele”, 7 de agosto de 2023), nos advierte que el presidente salvadoreño se ha convertido en “un problema y un ejemplo”, exigiendo a las democracias incrementar sus índices de eficacia a la hora de resolver problemas reales de la ciudadanía so pena de abrirle el camino al poder —como tantas veces estamos atestiguando con pesar— a los políticos populistas oportunistas y demagogos de este mundo.
